La mantita de Granados

En la penúltima declaración de Francisco Granados en la Audiencia Nacional, que tuvo lugar el 21 de diciembre de 2016, al juez Eloy Velasco le bastaron un par de minutos para comprobar que la intención del presunto líder de la trama de corrupción Púnica no era la de colaborar con la investigación sino la de escenificar un pretendido cambio de estrategia con el que volver a solicitar su salida de prisión.

A la comparecencia del pasado día 12 el exsecretario general de los populares madrileños acudió con la intención de contar toda la verdad sobre la financiación de la formación que Esperanza Aguirre presidió durante más de una exitosa década pero, tras escuchar con detalle sus tres horas de explicaciones, se concluye que la maniobra de Granados se ha limitado a tirar un poquito de la mantita y ejecutar un vengativo ajuste de cuentas con algunos de sus antiguos compañeros de partido.

Lo relevante de la declaración de Granados es que confirma líneas de investigación que ya estaban en el caso Púnica, como la financiación de las campañas autonómicas a través de empresas públicas como el Canal de Isabel II y la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) y otras privadas como Swat o El Laboratorio de Almagro, y revela otras nuevas que tendrán que ser corroboradas en próximas diligencias y que apuntan a subvenciones irregulares a través del Consorcio de Turismo de Madrid, Promomadrid y el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade).

Su estrategia de defensa también pasa por dejar claro que Granados no es el único responsable ni en la financiación del PP madrileño ni en los amaños urbanísticos que se produjeron en Madrid en los años posteriores al tamayazo, sino que todo lo que se movía en la Administración regional respondía a una orden del omnipresente vicepresidente primero, Ignacio González, con el visto bueno de la jefa, Esperanza Aguirre. “Todo se puede delegar salvo la supervisión”, recuerda Granados que solía decir hasta la saciedad la lideresa madrileña.

En ese arranque de memoria, que ha tardado cuatro años en venirle, Granados deja como víctimas colaterales a la senadora Ana Isabel Mariño, al exdiputado autonómico Borja Sarasola y, sobre todo, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a la que sitúa hasta el año 2008 como la responsable del partido que hacía y deshacía en todos los municipios de la región y a la que vincula directamente con el controvertido empresario Joaquín Molpeceres, donante del PP nacional y hombre muy cercano al extesorero Álvaro Lapuerta, quien, como quedó claro en el primer juicio de la Gürtel, llegaba a levantar el teléfono para pedir a alcaldes como el de Majadahonda que trataran con cariño a sus empresas a la hora de repartir los contratos públicos.

A Cifuentes estas nuevas acusaciones se le juntan con las que realizó en marzo del año pasado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que apuntaba en un informe que su actuación en la adjudicación del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid a la empresa de Arturo Fernández, que regó las cuentas de la fundación del PP Fundescam con 117.000 euros en los años 2003, 2004 y 2007, podía ser constitutiva de los delitos de prevaricación y cohecho. Entre las irregularidades detectadas por los investigadores estaba el hecho de que Cifuentes presidiera la comisión de contratación, que decidía las adjudicaciones, y, al mismo tiempo, formara parte de la de expertos, que asesoraba sobre las distintas ofertas. Su explicación fue que se integró en el segundo organismo porque durante esa etapa -en la que era vicepresidenta de la Asamblea y presidenta de facto, según Granados, porque Concepción Dancausa, “no pintaba nada”- comía todos los días en el Parlamento autonómico.

Aún así, Granados tiene un problema serio de credibilidad porque no reconoce ni uno solo de los abrumadores indicios de delito que existen en la causa, empezando por las anotaciones en su agenda Moleskine en las que, junto a las columnas con los títulos de in y out, aparecen cifras e iniciales que su ahora enemigo íntimo, David Marjaliza, identificó con movimientos de dinero y que él, en una barroca explicación a la que el juez y la Fiscalía otorgan una credibilidad cero, sigue identificando con asistentes a actos que, en virtud de esas columnas de debe y haber, debían de entrar por una puerta y salir por otra.

El hombre del que Mariano Rajoy decía que “era de fiar por ser de pueblo”, según su propia declaración, y al que contraponía con el “sinvergüenza” de Ignacio González, también escurre el bulto de los chanchullos urbanísticos que se hicieron a través de la empresa pública Arpegio. Según él, el consejero delegado, Eduardo Larraz, el mismo que guardaba 146 lingotes de oro en un banco de Suiza, era un hombre puesto por Ignacio González, a pesar de que el sumario refleja que Granados y su esposa gastaron 100.000 euros de la sociedad en 2006 y 2007 para pagar cestas de navidad que repartieron entre sus amigos, dos primos, la dermatóloga de la familia, la empleada de hogar y los compañeros de trabajo de su esposa, Nieves Alarcón.

En todo caso y a falta de la segunda parte de su declaración, en la que tendrá que contestar a las preguntas menos amables de las acusaciones, el juez y las fiscales del caso confían en que aún no sea tarde, que Granados asuma parte de los delitos que se le atribuyen y que colabore de forma real con la investigación, tal y como ha hecho su homólogo en el PP valenciano, Ricardo Costa, que llegó a pedir perdón a la sociedad valenciana y española por los desmanes de su organización en el pasado.