El Congreso aprueba acelerar el desalojo de viviendas ocupadas con la izquierda en contra

La Comisión de Justicia ha aprobado este martes una reforma legislativa para acelerar el desalojo de viviendas ocupadas. PP, Ciudadanos y PNV han respaldado la propuesta del PdeCAT, mientras PSOE, Podemos, ERC y Compromís han votado en contra. La iniciativa ha contado con el rechazo frontal de Unidos Podemos desde el principio, mientras que el PSOE finalmente se ha decantado por rechazar un texto que en gran medida habían respaldado y contenía algunas de sus aportaciones.

La iniciativa aprobada es una modificación de la ley de Enjuiciamiento Civil “en relación a la ocupación ilegal de inmuebles” y que facilita a las personas físicas propietarias de vivienda, entidades sin ánimo de lucro y “entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social” recuperar su vivienda de manera rápida, con una sentencia en menos de 20 días, contra la que no cabe recurso. La norma contempla que se ponga en comunicación a los servicios sociales, pero no garantiza la garantía habitacional para los desalojados. Finalmente, se han excluido del proceso de desahucio exprés a las entidades privadas y ‘fondos buitre’, que venían incluidas en el texto.

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La acción del PSOE ha sido afeada tanto por la derecha como por Unidos Podemos. Los socialistas han explicado que han decidido votar en contra de la modificación de la ley porque “ya se presentó como una alternativa para poner fin a las mafias que ocupan viviendas pero sin contener medidas concretas contra los extorsionadores, sino contra los ocupantes”, según la portavoz de Vivienda, Mar Rominguera. Por su parte, el diputado de Podemos Rafael Mayoral ha criticado que los socialistas “tienen una gran responsabilidad” porque aunque finalmente hayan decidido votar contra “hicieron parte del informe”. Además, Unidos Podemos ha arremetido contra los socialistas por no votar a favor de su enmienda para garantizar una alternativa habitacional.

Mayoral ha anunciado que Unidos Podemos recurrirá la medida al Tribunal Constitucional. “Se ha aprobado un texto que incumple nuestras obligaciones internacionales en Derechos Humanos” y avala “un procedimiento judicial donde no hay derecho a la defensa”, mientras “no se garantiza la alternativa habitacional” ha indicado el secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales. Eso cuando “los mayores conflictos por ocupación en este país se están produciendo en edificios propiedad de los ‘fondos buitre’ y de los bancos”, ha apuntado.