IU propone una movilización pública de 155.000 millones y subir impuestos al 3% más rico

Desde que estalló la pandemia, numerosas voces la catalogaron como punto de inflexión, como momento catárquico que haría que nada vuelva a ser igual; que la política, estatal e internacional, la economía, las relaciones sociales... cambiarían por completo. Hasta ahora, con la visa puesta más en el corto plazo de la desescalada, de cómo volver a una normalidad renovada, de cómo salir de casa, las decisiones políticas versan más sobre la coyuntura que sobre una estrategia que señale a qué modelo social nos debiéramos dirigir. Sin embargo, toda decisión crea precedentes, cualquier paso adelante será difícil de desandar y los movimientos son tectónicos: los distintos intereses toman posiciones.

Ante esta situación, los partidos políticos reestructuran sus estrategias para lo que viene. En el caso de IU, ayer en la Comisión Colegiada, uno de sus órganos de dirección, se presentaba el Programa de Reconstrucción, al cual ha tenido acceso cuartopoder y que dibuja el "horizonte de país" que anhelan en la formación de Alberto Garzón. Toda una declaración de intenciones: "La crisis que vive el planeta viene a acelerar el proceso de reestructuración del capitalismo a escala global y pone de manifiesto la caducidad del modelo de país construido en España en las últimas cuatro décadas". La propuesta de IU, liderada por el ministro de Consumo, será debatida en el seno de Unidas Podemos, una de las patas del actual Gobierno de coalición.

En la elaboración de este plan han participado personas referentes de distintas disciplinas: Yayo Herrero, María Eugenia Rodríguez Palop, Amaia Pérez Orozco, Fernando Luengo, Carlos Cruzado, Bibiana Medialdea, Carmen Castro, Inés Campillo, Cuca Hernández... El trabajo ha sido coordinado por el responsable federal de Políticas Económicas de Izquierda Unida y exconcejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato.

Según el plan de IU, el Estado habría de movilizar un total de 155.000 millones de euros en gasto e inversión pública. De esta manera, cuentan con que más allá de lograr, con esas políticas, un "efecto positivo en la mayoría social", esta movilización de recursos públicos supondría un impulso al crecimiento de la economía. Lo cuantifican de la siguiente manera: 34.000 millones de euros irían destinados a un plan de emergencia contra el desbordamiento ecológico y alteración de los ciclos naturales; 81.387 millones a potenciar los servicios públicos; 6.000 millones a reformar el sistema productivo; 2.000 millones a un nuevo modelo energético; 19.480 millones al plan de inversión pública; 8.400 millones a pensiones; 4.000 millones a la cooperación internacional. Todo esto equivaldría al 12,47% del PIB.

¿Cómo se paga?

Según las expectativas de IU, en el corto plazo, esto se financiaría con un endeudamiento público. A medio y largo plazo, a través de una reforma fiscal. "No se trata de una subida de impuestos generalizada, ni mucho menos, como algunos tratarán de hacer creer para atacar este Plan. Se estima que la carga fiscal del conjunto de medidas implicará más contribución únicamente a un 3% de los contribuyentes", asegura el documento. De este modo, pretenden inyectar 57.680 millones de euros a las arcas del Estado.

Además, pretenden recaudar 22.000 millones de euros persiguiendo el fraude y evasión fiscal, equiparando así a España a la media europea en este parámetro. 233.000 millones de euros más se recogerían a través de deuda pública y de distintos mecanismos de financiación europea, estipula este documento.

La reforma fiscal incluiría modificaciones en las figuras impositivas ya existentes y la creación de algunas nuevas. Así, pretenden desde IU, que paguen un 1,5% de Impuesto sobre el Patrimonio quienes poseen más de 1 millón de euros frente al 0,17% actual, que abonen el Impuesto de Sucesiones quienes heredan por encima del millón de euros sin que se puedan beneficiar de bonificaciones, que los bancos paguen un 1% en el impuesto a los depósitos en vez del 0,03% actual, que tributen más quienes ganan por encima de 10.000 euros al mes, que tributen de forma progresiva quienes reciben rentas del capital por encima de 60.000 euros al año y por encima de los 120.000 en rentas del trabajo, que paguen impuesto sobre transacciones financieras quienes compran acciones, renta fija o especulan con derivados.

También hablan de implementar tributos ecológicos que no caigan sobre las rentas bajas, entre otras medidas fiscales, de reducir la exención del 60% del rendimiento de los alquileres de viviendas de lujo... También de reducir el IVA asociado a la electricidad del 21% al 10% y de la prohibición de entrega de ayudas estatales relacionadas con la pandemia a compañías que tengan su sede o filiales en paraísos fiscales. Además, quieren igualar el plazo de prescripción tributaria y penal a 5 años o 10 años en los casos de delitos fiscales agravados y equiparar a seis años vista la plantilla de la Agencia Estatal Tributaria a la media de los países europeos de nuestro entorno, lo que supone doblar los efectivos.

"Debido al impulso de la recaudación derivada de la reactivación del PIB impulsada por los estabilizadores automáticos y por la reforma fiscal", aseguran, la deuda pública sería 174.747 millones de euros menor que si no se activara este plan de IU. Con esto, estiman que "en un plazo máximo de 2 años la recaudación fiscal media existente en los países de la Eurozona". 

Gasto social y cambio de modelo productivo

Mediante el endeudamiento, en primer lugar, y el incremento de la recaudación fiscal, después, IU aspira a ampliar el gasto social y a desarrollar un cambio en el modelo productivo con una perspectiva ecologista y feminista. Así, hablan de "introducir y diseñar una macroeconomía ecológica y social en la que las cuestiones distributivas, de igualdad y de escala desplacen en las prioridades al crecimiento del PIB" y de "encarar económicamente la división sexual del trabajo para abordar las desproporcionadas consecuencias que recaen sobre las mujeres".

Ante la actual crisis económica y social, apuestan en IU por aumentar el gasto en protección social para el 28,5% del PIB, "la dedicación media de los países de la UE". El Ingreso Mínimo Vital lo aumentarían hasta el 80% del SMI e impulsarían el gasto e inversión en Sanidad en el corto plazo hasta el 7,2% del PIB, impulsando el acceso universal a la sanidad. Quieren aprobar una ley de cuidados y sostenibilidad de la vida y crear una empresa farmacéutica pública con capacidad de fabricar y distribuir medicamentos.

En el aspecto laboral, el SMI lo elevarían a 1.200 euros al mes y establecerían, salvo excepciones, una duración mínima de los contratos de 12 meses, además de endurecer las causas de despido por razones objetivas, ligándolas estrictamente a la viabilidad de la empresa. Quieren un Plan de Trabajo Garantizado, que alcanzaría en la primera etapa a parados y paradas de larga duración, para realizar trabajos socialmente útiles.

La lucha contra la pobreza infantil debe ser, según IU, una prioridad gubernamental, así como ampliar la cobertura a personas dependientes y ampliar una red pública de residencias geriátricas, centros de días y la atención domiciliaria. También la Educación Pública debería aumentar su presencia en los presupuestos, llegando a alcanzar esta el 5% del PIB. "Cumplir los acuerdos del Pacto por la Ciencia de 2013, lo que significa un aumento del 19%" de la financiación actual es otra de las propuestas de IU, así como aumentar el gasto público en Cultura hasta alcanzar el 0,6% del PIB de 2019, un crecimiento de 2.000 millones de euros.

Es prioritario para la formación de Garzón derogar la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local para que los ayuntamientos puedan gastar en medidas sociales que palien los efectos de la crisis. También apuestan por una reforma de la financiación autonómica y por fortalecer las infraestructuras públicas. En este sentido, un Plan de Transporte Público para el mundo rural e impulsar el transporte público urbano.

Otra medida: "Desarrollo de una política estratégica en materia agroalimentaria". Y un plan público de vivienda y alquiler, limitando el precio máximo de este último. Sobre pensiones, reza el documento: "Blindar por ley la revalorización de las pensiones en relación al IPC real. Derogación inmediata del factor de sostenibilidad. Revalorización de pensiones mínimas, la pensión de jubilación personal o con cónyuge no a cargo será equivalente al SMI anual y con cónyuge a cargo el 110% del SMI".

La propuesta de IU avanza en el fortalecimiento de lo público. Así, quieren convertir Bankia en servicio público y actuar en el mercado mayorista de electricidad para mantener congelados los precios de los consumidores finales, creando una empresa pública de generación o nacionalización de una existente. También apuestan por la recuperación de las concesiones de autopistas de peaje cuyo plazo concesional termine.

Otras propuestas de este extenso documento de IU son: Derogación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y las reglas fiscales asociadas al mismo; modificación de los Estatutos del Banco Central Europeo (BCE) para que financie directamente los Estados; derogación de la reforma del artículo 135 de la Constitución para blindar los derechos sociales.