Moix, la víctima

Mediada la tarde del jueves, el día en que Manuel Moix presentó su “dimisión irrevocable” como fiscal jefe Anticorrupción acosado por el escándalo de su sociedad offshore en Panamá y abandonado a su suerte por el Gobierno y por el fiscal general del Estado, un grupo de no menos de diez fiscales volvía a sus despachos, caminando de forma despreocupada, tras tomar una consumición en un bar cercano al palacio de la calle Manuel Silvela que alberga el organismo de élite en la lucha contra la corrupción. A la pregunta de si había corrido el champagne en la Fiscalía a la salud de su antiguo jefe, la respuesta de uno de los presentes fue: “Hay mucha preocupación. Ahora pueden venir las revanchas”.

Iluminada desde los argumentarios del Gobierno y del PP, se ha ido propagando en los últimos días la idea de que Manuel Moix ha sido víctima de sus propios fiscales, de su testarudez por intentar imponer el orden en una institución que ha sido presentada a la opinión pública como un nido de víboras en el que durante demasiados años cada cual hacía y deshacía sin rendir cuentas a sus superiores.

Pero no es verdad. A Moix no le han ganado ningún pulso sus fiscales porque Moix no dimitió por intentar evitar los registros en el Canal de Isabel II, ni por defender que no se atribuyera el delito de organización criminal a los cabecillas de la red Lezo, ni siquiera por dejar por escrito que mantenía a los fiscales del caso porque no había tiempo para relevarlos. A Moix le echan de Anticorrupción sus mentiras por tratar de ocultar un secreto inconfesable que sólo conocemos porque lo reveló Infolibre: que desde 2011 mantiene, junto a sus tres hermanos, una sociedad en Panamá que sus padres crearon para esconder a Hacienda y a la Justicia la propiedad de un chalet en la sierra de Madrid. “Una casa como de un ruso, como de un kosovar, una casa que no la enseñéis más”, como pedía esta semana el analista Xavier Sardà.

El malestar en Anticorrupción, según distintas fuentes consultadas por cuartopoder.es, nació unos días antes de su nombramiento el 22 de febrero pasado. Fue cuando el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, asesorado por cuatro fiscales del Tribunal Supremo y dos de su Secretaría Técnica, obligó a la número dos del departamento, Belén Suárez, a firmar un escrito de 15 líneas en el que defendía, tumbando el criterio de las dos fiscales del caso Púnica, que no existían indicios de delito contra el entonces presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por querer que las empresas de Alejandro de Pedro le lavaran, con dinero público, su reputación en las redes sociales. Todo unos días antes de que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, buscara a un Pedro Antonio desesperadamente en el Congreso del PP en una imagen captada por una cámara de La Sexta. El tiempo ha dado la razón a las fiscales, Carmen García y María Teresa Gálvez, porque el juez instructor Eloy Velasco y el Tribunal Superior de Justicia de Murcia advierten indicios de delito y PAS declarará este martes como investigado.

Maza eligió a Moix con el respaldo en el Consejo Fiscal de la conservadora Asociación de Fiscales, cuyo portavoz, Jesús Alonso, desalojó a Javier Zaragoza al frente de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Y el número 1 de la Fiscalía lo hizo aun sabiendo, por un escrito que le envío Suárez el 14 de febrero, que el candidato era el preferido del  expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, presunto líder de la trama de corrupción Lezo, quien en las conversaciones intervenidas en la causa no dudaba en considerar que su nombramiento como fiscal jefe sería “cojonudo” al tratarse de “un tío serio y bueno”.

En ese punto, Moix concurrió a la plaza con un programa de actuación de 18 páginas en el que proponía reducir el número de procedimientos, evitar la tutela de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el desarrollo de las instrucciones y acabar con lo que denomina en su escrito las “investigaciones prospectivas”. Con el objetivo último de evitar filtraciones en los procedimientos en curso y, sobre todo, de controlarlas y seleccionar a sus destinatarios.

La defenestración de Moix, que aún así mantendrá su sueldo íntegro de 108.000 euros como fiscal de Sala del Tribunal Supremo, se produjo después de que el Gobierno se pusiera deliberadamente de canto para evitar defenderle y de que el propio Maza dijera el miércoles en Ceuta que desconocía el asunto de la sociedad en Panamá cuando el propio afectado aseguró que le había telefoneado la noche anterior para explicárselo. 48 horas de agonía en las que desde la Fiscalía General del Estado se empezó diciendo que la polémica respondía a un “asunto personal” del fiscal jefe, se agregó que la reunión entre Maza y Moix igual se quedaba en una llamada telefónica y se acabó trasladando que la dimisión constituiría una especie de alivio para el fiscal general.

Ahora se abre un panorama en la Fiscalía Anticorrupción que seguirá situando a la institución en el centro de la controversia, más si cabe en un momento en que su misión será impulsar la trinidad de procedimientos por corrupción que afecta de lleno al partido del Gobierno: Gürtel, Púnica y Lezo. Cuando Moix fue elegido era el único candidato que no formaba parte de Anticorrupción. Se impuso al portavoz del Ministerio Público en el caso Bankia, Alejandro Luzón, que obtuvo seis de los 13 votos restantes en el Consejo Fiscal; a la teniente fiscal, Belén Suárez; y a otros cuatro representantes de la casa: María Teresa Gálvez, Carlos Alba, Antonio Romeral y José Miguel Alonso.

Lo primero que tiene que hacer Maza en la era post-Moix es decidir si apuesta por una persona de Anticorrupción capaz de ejecutar, con mayor habilidad y mano izquierda, los planes de su antecesor o, si por el contrario, vuelve a elegir un cirujano externo. La alternativa sería congelar la situación, al menos durante unos meses, para lograr que se apacigüen los ánimos y se recupere el “sosiego” que echó en falta durante la comparecencia sin preguntas del jueves. Porque, si Moix ha sido víctima de alguien, no ha sido de los fiscales que cuestionaron su autoridad sino, en todo caso, de su propio jefe, que desde que tomó posesión en noviembre ha ejercido su jefatura en la Fiscalía a golpe de Maza.