Hay motivos para preocuparse por la educación pública en Madrid

Isabel Galvín, secretaria general de la Federación Regional de Enseñanza de Madrid de CCOO

El comienzo del curso 2019-2020 confirma los peores presagios que albergamos durante los meses que ha durado la conformación del Gobierno de la Comunidad de Madrid: su voluntad inequívoca de ahondar en los recortes infligidos a la comunidad educativa durante los sucesivos gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Para muestra, la elección de cargos de la Consejería de Educación, herederos de equipos de gobierno de tiempos no muy lejanos que ocuparon cargos públicos para favorecer y promocionar el sector privado.

Vox marca el paso de unas políticas educativas ultraconservadoras encaminadas a construir dos sistemas educativos paralelos y segregados, como muestran la creación de una Dirección General de Educación Concertada y el flagrante incumplimiento del Acuerdo Sectorial, que consagra los agravios comparativos entre las condiciones de la educación pública y la privada.

La comunidad educativa comienza un nuevo curso con 1.000 docentes más para la escuela pública y 4.000 para la concertada, una tasa de temporalidad que alcanza el 30%, plantillas envejecidas y maltratadas -fruto de la falta de creación de empleo público-, ratios sobrecargadas, horarios lectivos que no han vuelto a los años previos a la crisis, bajas sin sustituir, recortes de especialistas, colegios e institutos en obras y un proyecto de extensión de los conciertos a Infantil y Bachillerato.

Las cifras y los hechos son preocupantes, y corroboran que la educación pública madrileña se encuentra en una situación crítica que las políticas ultraconservadoras del nuevo Gobierno regional pretenden agravar aún más. Para detener el ataque y la degradación de la educación pública es necesario articular una gran movilización de toda la comunidad educativa que ponga sus reivindicaciones en la mesa de la Consejería y le insufle el ánimo que necesita después de tantos años de depauperación de sus condiciones laborales.

En el ámbito regional, se hace imprescindible la reversión de los 1.000 millones arrebatados al sistema público, un nuevo estatuto del docente que dignifique su labor y contemple su formación, un plan a cuatro años que incorpore a 5.000 docentes a las aulas,la reducción de la tasa de temporalidad hasta un 8%, la vuelta a los horarios lectivos previos a la crisis, un plan de construcción y renovación de centros que elimine el amianto, acondicione sus instalaciones y ponga fin al método de construcción por fases, así como un paquete de políticas de igualdad de oportunidades mediante la recuperación de las becas de comedor y la gratuidad real de los libros de texto.

En el ámbito estatal, urge la derogación de la LOMCE y la aprobación de una ley de educación con rango de norma básica que ponga coto a la educación privada y neutralice la política ultraconservadora de la Comunidad de Madrid.

Se aproxima una legislatura conflictiva. Hay motivos para alarmarse, hay motivos para organizarse. Vamos a luchar porque esta sea la legislatura en la que el profesorado recupere sus derechos arrebatados y la educación pública vuelva a ocupar el lugar que le corresponde.