Golpe en Bolivia, el zorro cuidando las gallinas

A lo largo de las últimas 48h se han dado a conocer tres informes que cuestionan en profundidad y detalle el papel de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el golpe de estado en curso en Bolivia. A estas alturas del desarrollo de los acontecimientos y al margen de que se esté a favor o en contra del mismo ya nadie pone en cuestión que este organismo internacional y en particular su Secretario General, Luis Almagro, han tenido un papel definitivo en el desarrollo del mismo.

Efectivamente, veamos sucintamente cómo se desarrollaron los acontecimientos para entender por qué esta percepción está tan extendida. En primer lugar es imperativo comenzar por conocer algunos datos clave sobre la Organización de Estados Americanos para poner en contexto al actor sujeto de este análisis.

La OEA es una organización paradójica. Es paradójica porque no es una organización compuesta por iguales. El impulso para su constitución -su precursora la Unión Internacional de Repúblicas Americanas se crea en Washington- y el liderazgo ha correspondido a EEUU desde su creación. No en vano su composición, que excluye a Cuba, nos dice más sobre su orientación política que su declaración formal de intenciones: fortalecer la paz, seguridad y consolidar la democracia y promover los derechos humanos en América.

Sobre la cuestión que más polariza la región latinoamericana en este momento, Venezuela, la OEA ha actuado con contundencia y claridad a favor de una de las partes, aceptando a un emisario de J. Guaidó en representación del país caribeño en su máximo órgano de discusión y llegando a proponer en boca de su Secretario General, Luis Almagro, la solución militar extranjera como una posible “solución” al conflicto político.

Este es el actor, invitado como observador al proceso electoral en Bolivia, que el 23 de octubre, tres días después de cerradas las urnas, y ante las protestas ejecutadas por una oposición que enarbolaba la bandera del fraude, decide emitir un informe en el que admitiendo la victoria de Morales, recomienda la celebración de una segunda vuelta. Textualmente: “En estos momentos, con 96,78% de las actas computadas en el conteo definitivo, marca una diferencia de 9,48% entre los binomios más votados. Lo que de mantenerse significaría una segunda vuelta. En caso de que concluido el cómputo el margen de diferencia sea superior al 10%, es estadísticamente razonable concluir que será por un porcentaje ínfimo. Debido al contexto y las problemáticas evidenciadas en este proceso electoral, continuaría siendo una mejor opción convocar a una segunda vuelta”.

Es decir, en aquel momento la OEA se veía obligada a admitir: 1) que no había tenido lugar un fraude, 2) que al 96,78% la ventaja de Evo Morales era de 9,48% sobre su inmediato seguidor y 3) que era estadísticamente razonable concluir una victoria aunque fuera por un porcentaje ínfimo. A poco que se conozca la distribución geográfica del voto en Bolivia habría podido concluirse que era más que probable que se diera dicha victoria ya que restaban por computarse precisamente las actas de las zonas rurales, allí donde Evo Morales ha tenido porcentaje de apoyo superiores al 70% incluso en el referéndum de 2016 que perdió.

¿Qué estaba recomendando la OEA entonces? Sencillamente recomendaba que el gobierno de Evo Morales se saltara la Constitución boliviana “debido al contexto”. Inaudito, pero cierto. En lugar de llamar al cumplimiento de la Constitución la OEA llamaba a desconocerla para favorecer una segunda vuelta que atendiera los deseos de los que ya en aquel entonces calentaban la placenta del golpe de estado.

Pero la cosa no queda aquí. Si hay un acto definitorio en el éxito de la ejecución del golpe este sin duda es el informe preliminar de la auditoria del proceso electoral que la OEA publica el 10 de noviembre, en el clímax de la protesta opositora. Este informe sería instantáneamente amplificado por los medios de comunicación opositores y por una campaña en redes sociales construida a tal efecto.

El informe, así como la presentación del mismo del Secretario General de la OEA Luís Almagro en el Consejo Permanente del organismo, estaba destinado a instalar una idea: "Evo Morales impulsó un fraude electoral en Bolivia".

El desarrollo de los acontecimientos que siguieron a la publicación del informe es conocido: pronunciamiento militar y policial, juramentación de Camacho en el palacio de Gobierno, asunción de una senadora opositora como Presidenta al margen del procedimiento constitucional recogido en el artículo 169.1, prohibición de acceso a los diputados y senadores electos del MAS a las sedes parlamentarias y, por supuesto, reconocimiento de la nueva Presidenta por parte de Donald J. Trump y Juan Guaidó.

¿Qué decía y en qué se basaba para decirlo el informe de la OEA, “Análisis de Integridad Electoral Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia 20 de octubre de 2019 - HALLAZGOS PRELIMINARES INFORME A LA SECRETARÍA GENERAL" ?

Veamos con detalle las tres acusaciones fundamentales a tenor de los análisis realizados por Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), el Center for Economic and Policy Research (CEPR) y el realizado por Walter Mebane, del Institute for Social Research de la Universidad de Michigan:

1) La carga de datos en el sistema de conteo rápido se paró en el 80%:

• El informe de la OEA denuncia la interrupción del conteo TREP en la jornada del 20-O. Sobre este aspecto es relevante remitirse al informe electoral realizado por el CEPR que sobre este asunto recuerda: “El compromiso asumido por el TSE boliviano fue publicar resultados PROVISORIOS basados en el TREP con al menos 80% de las actas trasmitidas. A las 19.40 horas, momento en que se detuvo la publicación de resultados se informó con el 83,85% de las actas verificadas. Este desempeño del TREP es similar a los antecedentes en procesos electorales bolivianos: En el referéndum constitucional de 2016, el TSE procesó el 81.2% de los resultados, en las elecciones judiciales de 2017, una Misión de Expertos Electorales de la OEA elogió el desempeño del sistema de conteo rápido boliviano por publicar los resultados al 80% a alrededor de las 9:30 p.m.”
• Por otro lado efectivamente, los puntos 1 al 5 del informe de la OEA se refieren a la infraestructura de procesado y carga de la información. Sin embargo obvia el informe que esta tarea estaba a cargo de la empresa contratista, Neotec. El papel de esta empresa es a todas luces crucial y llama la atención que la OEA omita el análisis de su participación, siendo el eslabón de la cadena tecnológica que tenía el control, conocimiento, capacidad y acceso a todo el proceso tecnológico de ejecución del TREP. En este punto la OEA apunta a la falta de ortodoxia en el procedimiento pero en ningún momento aporta prueba alguna de que se cometiera fraude. Por cierto, todo sea dicho, Neotec es propiedad de Marcel Guzmán de Rojas, que no oculta en redes sociales su apoyo a la oposición a Evo Morales.

Si como de la lectura de su propio informe se acredita las conclusiones de la OEA en este primer punto señalan que el TREP adoleció de mala praxis, pero no de fraude, resulta extraño que no se señale a la empresa contratista como fuente de las malas prácticas y que no se de como explicación de estas la conclusión más sencilla y lógica: la empresa -en el mejor de los casos- no estaba capacitada y tenía la solvencia suficiente para realizar el TREP. También sorprende que el informe la OEA obvie que -como señala el informe del CEPR- la práctica habitual, anunciada y acordada entre las partes incluía el compromiso del conteo TREP solo hasta el 80% y finalmente, más extraño aún resulta que a la vista de esta evidente incapacidad de la empresa contratista el informe de la OEA no avale la interrupción del TREP, como medida precautoria ante las consecuentes dudas sobre la solvencia (por incapacidad técnica) de la información electoral vertida en dicho sistema.

2) Sobre el análisis de una supuesta falsificación de firmas

• El análisis de la OEA observa única y exclusivamente 333 actas de las 34.555, y entre estas objeta 78, es decir un 0,22% del total. Pero, y esta es la clave, estas 333 actas NO son una muestra aleatoria del conjunto de actas sino todo lo contrario, constituyen una muestra sesgada por su selección: son actas seleccionadas por la oposición. Nada se dice sobre el proceso de selección de las actas, un comportamiento del auditor ajeno a los protocolos y manuales de observación de la propia OEA, que establecen la representatividad como condición sine qua non de cualquier muestra. Y esto sin entrar a preguntarnos, ¿de donde salen esas actas que selecciona la oposición?, ¿podrían estar ahí para justificar un llamado al fraude?.

3) Sobre el análisis de supuestas tendencias anormales en el TREP

• La OEA apunta en este epígrafe que en la carga final del proceso de conteo las actas tienen un claro sesgo a favor de Morales, algo que no habría sucedido en la primera parte del proceso de conteo. Sin embargo cualquier observador conocedor de la realidad político territorial de Bolivia podría concluir con facilidad que este dato solo confirmaría lo evidente, a saber, que en las zonas cargadas a última hora de la noche, las zonas rurales, los apoyos de Morales son muy superiores -siempre lo han sido- a los recibidos en las zonas cargadas a primera hora de la noche, las urbanas. Por poner un paralelismo con nuestro país: es como si se dejaran las actas de Cataluña para el final del conteo y se objetara el cómputo final por el repunte de ERC respecto a la tendencia en el resto del país. Sencillamente absurdo.
• Efectivamente, a pesar de que en las zonas rurales de Cochabamba y Oruro que quedaban por cargarse en el sistema todas las encuestas daban una ventaja superior al 65% en favor de Morales, la OEA concluye: “En el último 5% del cómputo, 290,402 votos fueron contabilizados. De estos, Morales ganó 175,670, es decir un 60.5% de los votos, mientras Mesa obtuvo solamente 69,199 votos es decir un 23,8%. En otras palabras, en el último 5% de votación, Morales incrementa el promedio de votación en un 15% comparado con el 95% anterior”, atreviéndose a constatar valorativamente y sosteniendo la carga de la acusación de fraude en el hecho de que según ellos: “Este comportamiento es muy inusual”.
• Sin embargo, dada la extrema responsabilidad de la tarea encomendada, la OEA podría y debería haber proyectado a los colegios que faltaban por escrutarse los resultados hasta entonces contados en cada zona electoral y de haberlo hecho habría podido concluir que no solo no era inusual el resultado sino todo lo contrario, consistente estadísticamente, tal y como ha demostrado el profesor Mebane del ISR. Si, como efectivamente también ha hecho el CEPR, hubiera realizado dicha operación, el resultado que habría obtenido es una diferencia de 10,09%, lo cual es lógico ya que las zonas de mayor peso electoral del MAS-IPSP eran las que estaban menos avanzadas en el cómputo. Este resultado de hecho es consistente con el que finalmente se obtuvo del cómputo oficial que también conocía la OEA. En palabras del CEPR: “Las principales conclusiones del CEPR son que el recuento de votos oficiales legalmente vinculantes no se detuvo durante ningún período significativo y la tendencia en los resultados en el recuento oficial es muy similar a la tendencia en los resultados de la trasmisión rápida (TREP). Los resultados del TREP no fueron difíciles de justificar ni “inusuales”, sino que a brecha entre Morales y Mesa se amplió constantemente a medida que avanzaba el proceso de conteo. Los resultados parciales del conteo rápido antes de la interrupción predicen un resultado que es extremadamente cercano a los resultados finales.”

Voy concluyendo. A la vista de la lectura de las actuaciones, informes y declaraciones de la OEA en el caso boliviano resulta evidente a los ojos de cualquier observador imparcial que la OEA -o su secretario general Luís Almagro- retorció los datos para inducir una deducción falsa, a saber, que el apoyo a Morales a final de la noche era superior al 10% respecto a su contrincante por causas fraudulentas y no por un conteo que no había considerado la dinámica política natural que se da entre el rural y el urbano en Bolivia. La OEA -o su secretario general Luis Almagro- ocultó que esto no habría sido posible sin la connivencia de la empresa que cargó los datos del TREP.

La OEA -o su secretario general Luis Almagro- omite que de sus propios informes no se desprende una sola prueba definitiva que demuestre el fraude. La OEA -o su secretario general Luis Almagro- elude considerar la posibilidad de que se haya intentando falsear actas para justificar el llamado al fraude. La OEA -o su secretario general Luis Almagro- evita informar de que el muestreo de las actas sobre las que se realizó escrutinio de firmas no es un muestreo estadísticamente representativo y que la muestra se ha escogido obviando los procedimientos recogidos en sus propios manuales de observación electoral. La OEA -o su secretario general Luis Almagro- ya sea intencionalmente o por falta de solvencia y capacidad, obvia en todo su informe la realidad objetiva del país analizado, y el efecto de distorsión en la carga de datos del ámbito rural y urbano.

Estos son los hechos, saquen ustedes sus conclusiones.