Cuando la vida (de los otros) también importa

  • "Hemos visto brotes xenófobos en lugares donde durante años se ha menospreciado la vida de personas que acudían a trabajar como temporeros"
  • "No podemos permitir la impunidad de quienes aprovechan la vulnerabilidad de otros seres humanos para enriquecerse"
  • "Ante actitudes insolidarias que se extienden por toda España y la inoperancia de gestores públicos y agentes económicos y sociales, es necesario que nos impliquemos"

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Inma Ballesteros, directora Observatorio Cultura y Comunicación de Fundación Alternativas; Raquel Martínez-Gómez, escritora, ganadora del Premio Europeo de Literatura; José Luis Rodríguez, experto en Transformación Cultural y Organizativa; Lourdes Ballesteros, docente, especialista en Antropología Social y Cultural

Lo hemos presenciado en las últimas semanas. Imágenes tristes que nos interpelan y nos dan la oportunidad de rectificar para reaccionar o permanecer inalterables. En situaciones de riesgo y peligro no podemos permitirnos cargar contra las personas más vulnerables. Ellas son las que más sufren los embates de una globalización neoliberal que deja a muchos seres humanos en la cuneta y busca réditos electorales. Sin embargo, deberían recibir una respuesta unánime de instituciones y personas que consideran que la vida de los otros también importa, y que estamos poniendo en juego nuestra dignidad cuando callamos o permanecemos impasibles.

Hemos visto brotes xenófobos que se repiten por toda España en lugares donde durante años se ha menospreciado la vida de personas que acudían a trabajar como temporeros en condiciones precarias.

Tampoco Albacete se quedó fuera de este lamentable espectáculo. Esta tranquila ciudad se despertó, recientemente, en medio de un fin de semana con la explosión de un problema social que venía anunciándose desde hace años. Los temporeros del asentamiento ilegal de la carretera de Las Peñas se rebelaron ante las medidas de confinamiento impuestas por la detección de algunos positivos por coronavirus en dicho enclave. De manera paradójica, las autoridades municipales decidieron confinar a estas personas en un lugar insalubre que no contaba con las mínimas medidas de higiene para garantizar el freno de los contagios y, sobre todo, de sus derechos humanos.

Durante más de diez años, la ciudadanía de Albacete realizó sus tareas cotidianas contemplando esa antigua nave derruida, utilizada como refugio temporal de cada vez más personas que realizan tareas agrícolas en los campos de la zona. Esta carretera es uno de los ejes de comunicación con la base aérea de Los Llanos, el aeropuerto y varias zonas de parcelas donde muchos albacetenses tienen su segunda residencia. La vida de la ciudad transcurrió sin que nadie hiciera nada ante esta situación. Era imposible vivir en Albacete y no darse cuenta de lo que estaba ocurriendo en la antigua nave agrícola.

El día que llegó la covid-19 se evidenció lo que no hemos querido entender durante más de una década y nuestro desprecio a otros seres humanos. Negamos el auxilio ante una situación denigrante. Ganó la comodidad en lugar de la indignación por el hecho de que en nuestra ciudad otras personas carezcan de los servicios mínimos y esenciales, como el agua corriente y un lugar digno donde cobijarse. Debería preocuparnos nuestra capacidad de abstracción ante semejante injusticia. Banalizamos el mal, que diría Hannah Arendt, y, aún hoy sin perspectiva histórica, deberíamos saber que las generaciones futuras nos juzgarán por nuestra impasible actitud frente a las injusticias que estamos cometiendo.

Los datos solo sirven para corroborar la fuerza de nuestro olvido. Según las informaciones compartidas por las ONG, al menos 400 personas que trabajan en el campo estuvieron durante quince años a la vista de los políticos locales de todo corte y condición, de las organizaciones sociales, de los sindicatos y de los empresarios agrícolas para los que trabajaban. Más allá de la limosna, nadie hizo nada. Cada mañana, cientos de trabajadores de la maestranza aérea pasaban por delante del asentamiento y nadie dijo nada. Los clientes del centro comercial cercano y el vecindario de la zona no dijeron nada. Quienes pasaban por esa carretera o se acercaban los domingos al mercadillo de la pedanía de Aguas Nuevas no dijeron nada, a pesar de que volvían con sus coches llenos de frutas y verduras recogidas por estos mismos inmigrantes. Nadie dijo nada. ¿Es posible que podamos normalizar situaciones de este tipo? ¿Somos incapaces de conmovernos al ver a otros seres humanos en una situación tan denigrante como esa? Si nuestros niños y niñas nos pedían las razones de esa situación, ¿hemos sido capaces de dar una explicación a la altura de nuestras convicciones morales?

Aunque nuestra Ley de Extranjería no sea el mejor instrumento para gestionar la situación y clame a gritos una reforma, no podemos permitir la impunidad de quienes aprovechan la vulnerabilidad de otros seres humanos para enriquecerse. Somos conscientes de que la clase política falló en su gestión de la situación que ha derivado en un conflicto social de dimensiones desconocidas hasta ahora. Las organizaciones sociales también han fallado en su labor de denuncia. Hemos de tener en cuenta que el Estado español es signatario del Pacto Internacional por los Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas (PIDESC), lo que le compromete también con las poblaciones de personas migrantes y refugiadas, que en este caso han visto sus derechos claramente vulnerados. Esto debería haber sido un punto de partida para que la ciudadanía indignada iniciara acciones legales para frenar el abuso. ¿Pero qué ha impedido que esto ocurriera?

Sin embargo, que las instituciones responsables de actuar no lo hagan, no significa que debamos quedarnos de brazos cruzamos. Si esa gran parte de la ciudadanía que cree en el respeto de los derechos fundamentales no toma la palabra, las posiciones radicales se harán cada vez más fuertes. La Agenda 2030 de Naciones Unidas nos interpela a no dejar a nadie atrás, por lo que reclamar el cumplimiento de los derechos laborales para todas las trabajadoras y trabajadores es más necesario que nunca.

Ante las actitudes insolidarias que se extienden por toda España y la inoperancia de los gestores públicos y los agentes económicos y sociales, es necesario que nos impliquemos. Por eso hacemos un llamamiento a todas las organizaciones, asociaciones y miembros de la ciudadanía albacetense a dar un paso adelante y constituirnos como plataforma para trabajar por la ciudad y los derechos de su ciudadanía. Queremos garantizar un futuro con un crecimiento socialmente responsable del que todos y todas formemos parte. Nos movilizamos porque queremos ver planes de desarrollo sostenible que incorporen una dimensión verde y digital incluyente, la transición energética y la Agenda 2030. Estamos convencidos de que si no actuamos ahora dejaremos escapar una oportunidad decisiva para la ciudad.

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