Cansancio y ansiedad tras un año de la pandemia

Ya estamos doblando una dura tercera ola, con las nuevas variantes del virus más infectivas y en el inicio de la campaña de vacunación, y con el retraso, para algunos inesperado y para otros previsible por experiencias anteriores como la hepatitis C, de la producción y distribución masiva de las vacunas por parte de las compañías farmacéuticas.

En este sentido, que un eurodiputado español diga que lo barato cuesta caro, como argumento frente a él incumplimiento de plazos en los contratos de las compañías productoras de vacunas con la Comisión Europea, cuando nos han costado ahora más de 2.700 millones de euros, es una muestra de hasta que punto algunos siguen abducidos por las leyes del mercado del neoliberalismo y no por las prioridades de la salud pública.

Lo que se ha puesto de nuevo en evidencia es que los bienes comunes no pueden depender de la lógica del mercado y que, precisamente por eso, necesitamos un nuevo paradigma y un nuevo modelo de investigación, producción y distribución de medicamentos esenciales en el mundo, dentro de una gobernanza global de la salud pública.

Una nueva gobernanza aún por construir pero que corre prisa y que requiere de instituciones globales como la OMS con mucha mayor capacidad ejecutiva y financiera en la prevención, preparación, detección y respuesta rápida a las pandemias, así como de la investigación, el control y la distribución universal y equitativa de vacunas y medicamentos esenciales para emergencias globales.

Al cabo de un año del inicio de la pandemia, nos encontramos sumidos de nuevo en la tragedia del exceso de muertes como consecuencia de una tercera ola, del estrés del sistema sanitario y el cansancio de la población después de casi un largo tiempo de excepcionalidad. Y también con el rechazo cada vez más frontal de sectores como la hostelería y el turismo a las medidas restrictivas, y la consiguiente exigencia de mayores compensaciones directas. Y todo ello en un clima de infodemia que agita al tiempo una cosa y su contrario, la tragedia de las muertes frente al drama de la ruina económica, en una pelea por la audiencia que se instala en el populismo y roza la antipolítica.

Vuelve otra vez la acusación como exageradas de las medidas de protección colectiva adoptadas por los gobiernos para rebajar la transmisión. Incluso con la inestimable ayuda, una vez más, de algún tribunal de justicia ensoberbecido, tal como si fuera un epidemiólogo alternativo a los del sistema de salud pública, que niega la evidencia contrastada que señala a la hostelería y la restauración como los lugares de mayor riesgo de contagio, junto a los gimnasios y los lugares de culto, donde menos se mantiene la mascarilla y la distancia social y en los que tampoco el aire se renueva. Un disparate, que habrá quien explique en ejercicio de las atribuciones de la justicia como garantía de derechos fundamentales e, incluso, otros como producto de una legislación incompleta en materia de pandemias, cuando nuestras leyes de salud pública y nuestro estado de alarma y su sistema de garantías es equiparable a la de cualquier país democrático de nuestro entorno europeo. Pero será también una nueva manifestación de anticiencia en un tiempo populista.

En este clima enrarecido, es de temer el riesgo de una nueva desescalada prematura y de una carrera precipitada entre los gobiernos autonómicos, en que la mayoría ya están siendo sometidos a duras presiones, tanto económicas como sociales y mediáticas, para la reapertura, cuando no, algún que otro gobierno concreto, continúe de portavoz de la hostelería y de promotor de la inmunidad de rebaño.

Estas son las razones por las que la OMS ha alertado a España recientemente del peligro de una relajación precipitada de las restricciones con unas tasas de transmisión todavía muy altas, al menos así lo ha manifestado Catherine Smallwood, responsable de Emergencias de la OMS. En cuyo caso se malograría la prioridad de conjurar el peligro de nuevos rebrotes que no nos permitan acompasar la reducción de la todavía alta incidencia acumulada con la culminación de la vacunación de los colectivos más vulnerables, como objetivo posible a cumplir antes del verano, para luego retomar el el objetivo del control e incluso de la erradicación de la pandemia mediante el tratamiento de los nuevos casos, el rastreo y el aislamientos de contactos por parte de la atención primaria y los servicios de salud pública. Un objetivo que, con distintos ritmos y estrategias, será global o no será.

Con los datos de los últimos días se ha demostrado, una vez más, la eficacia de las medidas de mitigación adoptadas, consistentes en la reducción de la movilidad, así como de los aforos y los horarios en los locales públicos cerrados, que hoy ya sabemos que multiplican por veinte el riesgo de infección. Porque esa es la verdad, dígalo Agamenón o su porquero.

Unas medidas de protección de la salud pública, adoptadas por la inmensa mayoría de las CCAA en el marco del decreto del estado de alarma, que han logrado doblegar la segunda y ahora la tercera ola de contagios y que se están empezando a ver reflejadas en la reducción de la presión asistencial, y todavía en menor medida en las UCI y que lo harán también en el número de muertes en los próximos días, siempre y cuando no nos precipitemos en la desescalada.

A pesar de todo, desde el otro extremo, el de las medidas drásticas del cero covid, vuelve también el recurso del ejemplo de los países asiáticos para poner sordina a los resultados, reiterar la insuficiencia de las medidas actuales de mitigación y a la exigencia de nuevo de medidas de confinamiento estricto domiciliario, que al parecer actuarían cual bálsamo de fierabrás para erradicar y eliminar definitivamente la pandemia. Para éstos, hubieran bastado dos o tres semanas de cierre total para doblegar la curva antes y con un menor impacto sanitario, económico y también en la desigualdad.

Según ellos, hace unas semana nos encaminábamos al desastre si no adoptábamos un duro confinamiento domiciliario, y ahora que las medidas de mitigación contribuyen a doblegar la curva progresivamente, en vez de asumir algún matiz a sus oscuras previsiones, tratan de minimizar el resultado o de volver a crear incertidumbre, con tal de mantener la excelencia de su estrategia.

Lo hacen así, como si no hubiese pasado el tiempo desde el inicio de la pandemia y a diferencia de otros países, en concreto algunos asiáticos, no se hubiese producido una amplia transmisión comunitaria, particularmente en todo occidente.

También, como si las medidas aplicadas en diferentes latitudes y con diferentes experiencias y modelos y determinantes, tanto geográficos y demográficos como sociales, culturales y políticos, fueran replicables mecánicamente para todos, y como si los distintos momentos así como la evolución de la pandemia no requiriese de medidas diversas, adaptadas y proporcionadas.

Pero también, como si nuestra propia experiencia del confinamiento domiciliario estricto no nos hubiese enseñado, junto a la efectividad de la medida en su momento, la otra cara: la de que no existe el confinamiento corto y la de las negativas consecuencias de un largo y duro encierro en la salud mental, en la desigualdad social y el desplome de la economía y en el deterioro del compromiso y la responsabilidad de la ciudadanía, como en estos días ha defendido el propio Hans Kluge, director de la OMS para Europa.

Unas consecuencias indeseables que nos han obligado a todos sin excepción en occidente, incluido los contados países que intentaron aplicar la estrategia de eliminación del virus, a una estrategia más proporcionada de contención y mitigación frente a la olas de la pandemia y que nos obligarán a corto plazo a un nuevo contrato social que ponga su principal objetivo en la reducción de las desigualdades.

Porque, al contrario de lo que se argumenta, el confinamiento hoy no es estricto ni puntual, al menos en Europa. Los estudios más recientes, como el de la Universidad de Oxford y antes en Nueva York, demuestran que las medidas más efectivas consisten en la reducción de la movilidad, de los aforos y el cierre de locales públicos, y por contra, consideran que la aportación del confinamiento domiciliario es mínima en relación a sus efectos colaterales contraproducentes, por ejemplo en la llamada cuarta ola de la pandemia en salud mental.

Por eso, las diferencias entre los países europeos y las medidas de la mayoría de nuestras CCAA no son de estrategia sino de nombre y de grado, en función de los distintos momentos de la pandemia y de los modelos políticos y sanitarios de cada país. Así, en los últimos tiempos, la principal diferencia de nuestras restricciones con el llamado confinamiento estricto, radica fundamentalmente en el mantenimiento o no de la enseñanza presencial en infantil y primaria.

En todo caso, también los estudios educativos más recientes apuntan al retraso formativo y la pérdida de salario que los cierres de la enseñanza presencial van a suponer para el futuro de niños y jóvenes, y muy en particular, para aquellos que han tenido menos recursos y peor acceso a los medios telemáticos.