INFORME UNA CASA COMO REFUGIO 2

Refugiados en pandemia: disminuyen las solicitudes, pero siguen creciendo los rechazos

  • Conclusiones del informe 'Una casa como refugio 2. Retos para la autonomía de las personas solicitantes beneficiarias de protección internacional' de la ONG Provivienda
  • Entre 2014 y 2019 el precio del alquiler en España se ha incrementado un 49,3%. Si esto afecta a toda la ciudadanía, las personas refugiadas parten con mayor desventaja
  • Con el Estado de Alarma empeoraron “los procesos administrativos que ya mostraban ciertos signos de saturación”

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La covid-19 ha afectado a muchos aspectos de nuestras vidas, pero no ha acabado con los motivos que obligan a algunas personas a abandonar sus países en búsqueda de seguridad y protección. Decenas de miles solicitaron Protección Internacional en España el año pasado. Si bien las solicitudes se han reducido en un año un 24,9%, pasando de 117.800 en 2019 a 88.525 en 2020, las resoluciones desfavorables siguen aumentando. En total, fueron un 82,2% en 2019 y han sido un 92,2% en 2020.

Cuando una persona recibe el rechazo de su solicitud, se le bloquea el acceso a la mayor parte de los recursos públicos y se encuentra en “una situación de irregularidad sobrevenida”. Esta y otras problemáticas de las personas refugiadas se estudian en el informe: Una casa como refugio 2. Retos para la autonomía de las personas solicitantes beneficiarias de protección internacional, de la ONG Provivienda. En el informe se analizan “los procesos de autonomía” de estas personas alrededor del Sistema de Acogida de Protección Internacional (SAPI).

"Este sistema tiene sus fortalezas y aspectos positivos. Es un sistema de gobernanza que ha contado con las ONG, que aportamos un valor diferencial", ha subrayado Eduardo Gutiérrez, director general de Provivienda. Por otro lado, "estamos en un proceso de cambio de modelo del Sistema de Acogida en el que la vivienda es la piedra angular" para "conseguir la integración", ha añadido en la presentación del informe este jueves.

Alrededor del 30% de personas que solicitan Protección Internacional eligen beneficiarse del SAPI. A través de él, los participantes deben adquirir las habilidades necesarias para vivir en España. En total dura 18 meses prorrogables hasta 24. En una primera fase, que dura seis meses, se les ofrece vivienda y manutención. Y en una segunda fase, que dura 12 meses, se les acompaña para que consigan su propia vivienda y empleo. Provivienda ya documentó en 2019, en una primera parte de este informe, los numerosos obstáculos que enfrentan las personas refugiadas en este itinerario.

El nuevo modelo de acogida que se ha puesto en marcha desde el Gobierno, con la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), busca alargar la primera fase, 18 meses como máximo, hasta que se consiga una resolución a su solicitud de Protección Internacional. "En la práctica podríamos encontrarnos con que algunas personas y familias podrían permanecer en un centro un año y medio, no siendo esta la mejor alternativa residencial más allá de las situaciones de emergencia", alerta Provivienda en su informe.

En la pandemia, más problemas burocráticos y de vivienda

Este estudio sobre los "retos para la autonomía" de los solicitantes de asilo y protección está marcado por la pandemia. Antes, “los procesos administrativos ya mostraban ciertos signos de saturación”, por ejemplo, “el sistema de citas para solicitar asilo o para renovar documentos ya estaba colapsado”. Pero durante el confinamiento la situación se complicó y, a pesar de las medidas adoptadas por el Gobierno, “continuaron apareciendo problemas por la falta de conocimiento de los agentes implicados sobre las mismas”, indican desde Provivienda.

La crisis también ha afectado enormemente a las personas refugiadas fuera del Sistema de Acogida a la hora de conseguir mantener una vivienda. Algunas de estas personas, según recoge la ONG, tuvieron que enfrentarse a impagos del alquiler o de los suministros básicos. “Ahora están saliendo las secuelas de todo lo que fue el confinamiento, porque hay que pagar las deudas, la luz, el agua, el teléfono. Muchas cosas se te están acumulando, el alquiler del piso...”, cuenta Ángel (Venezuela), en una de las 61 entrevistas realizadas en Madrid y Granada para este informe.

Entre 2014 y 2019 el precio del alquiler en España se ha incrementado un 49,3% y el salario medio bruto anual ha subido solo un 5,4%. Si esto afecta a toda la ciudadanía, las personas refugiadas parten con una mayor desventaja: discriminación, estigmatización social y desconocimiento de los canales de búsqueda. “Cuando las personas no han conseguido consolidar su autonomía o hay niveles elevados de precariedad o vulnerabilidad, cuentan con menos recursos para enfrentarse a esta situación derivada de la pandemia”, indica Provivienda.

La vivienda, punto de partida para la autonomía

Según remarca Provivienda, “la vivienda es uno de los elementos centrales de seguridad y anclaje vital y social para todas las personas, especialmente en situaciones de mayor vulnerabilidad”. En los primeros seis meses del SAPI, a las personas participantes se les ofrece una vivienda, muchas veces compartida con otras personas refugiadas. Es un proceso que a veces puede ser problemático, y más en tiempos de pandemia. “Llegué a Barcelona, pedí ayuda. Me enviaron cerca de Madrid, a un pueblo, y ahí estuvimos encerrados 4 meses entre las colinas, fuera de todo. Fue una asociación de drogadictos y alcohólicos. Y estuvimos en el centro con ellos juntos, todos los refugiados, y bueno ahí lo pasamos bastante duro, por la comida, por cómo nos trataban”, narra Oxana (Ucrania).

Provivienda incide en la necesidad de buscar soluciones habitacionales que se adapten a las personas y que cabe preguntarse si el alojamiento compartido “es la mejor opción” para las familias con menores. “Que las personas residan en viviendas potencia las relaciones con el vecindario, mejora la adaptación al entorno y permite centrarse en cuestiones como conformar un proyecto de vida”, sostiene la ONG.

La vivienda no es el único elemento para lograr la autonomía de las personas refugiadas, existen otros como el dominio del idioma o la formación para encontrar un trabajo, pero sí es "un eje vertebrador". Tener empleo no garantiza tener vivienda, pero la vivienda sí facilita “continuar una formación o encontrar un empleo”, en especial si dispone de recursos como Internet, considera la ONG.

Lamentablemente, hay un gran riesgo de sinhogarismo entre las personas refugiadas. Según la Encuesta CASASIL, realizada en Cataluña entre abril y septiembre de 2019, el 26,6% de las 300 personas solicitantes de asilo encuestadas había dormido en la calle alguna vez desde su llegada a España. Para la ONG, las soluciones basadas en el acceso y el mantenimiento de la vivienda para las personas solicitantes de Protección Internacional son esenciales para lograr su integración y autonomía.

Recomendaciones

La ONG Provivienda pide por tanto a las administraciones competentes garantizar el acceso temprano a una vivienda en el SEPI, pero también apoyo a “políticas de vivienda integradoras fuera del Sistema de Acogida”. Otras demandas importantes son sistematizar los datos administrativos de personas solicitantes y beneficiarias de Protección Internacional para adecuar las políticas actuales, y diseñar por fin una Estrategia Nacional de Migraciones y Asilo, que sirva de marco común.

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