El acceso a la vivienda de las personas refugiadas, una carrera plagada de obstáculos

Todas las personas necesitamos un hogar, pero para quienes buscan refugio su casa es “la piedra angular” desde donde rehacer su vida. Necesitan un espacio seguro para ellos y sus familias en un país que desconocen y cuyo idioma muchas veces no dominan. La organización Provivienda ha realizado un estudio sobre los itinerarios residenciales de estas personas una vez entran en el Sistema de Acogida de Protección Internacional (SAPI). Los objetivos son encontrar vivienda y trabajo, pero sus expectativas se tropiezan con la realidad en una carrera llena de obstáculos, donde aparecen problemas como la complejidad del mercado inmobiliario, la dificultad de aprender idioma o la discriminación.

“Algunos no pueden llegar a la meta, ya que antes han sido expulsados del programa, quedando completamente desprotegidos ante un entorno que tiende a expulsarlos en vez de integrarlos”, se explica en el informe Una casa como refugio, un estudio que analiza los problemas de los itinerarios en búsqueda de hogar de los solicitantes de protección internacional tanto en Vigo como en Madrid. El informe lo ha realizado Provivienda, una asociación sin ánimo de lucro que en 2016 se incorporó al SAPI, financiado por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

En 2018 en España se formalizaron 54.050 solicitudes de protección internacional–31.005 hombres y 23.045 mujeres--, un 47,7% más que en 2017, según Eurostat. Esta cifra sitúa a España como el quinto país de la UE que registra mayor número de solicitudes de asilo. Estas personas vienen principalmente de Venezuela y Colombia, seguidas por Siria, Honduras, El Salvador, Ucrania y Palestina. El año pasado, uno de los años con más concesiones de esta protección, solo en 24% de solicitudes resueltas han sido favorables, es decir, 2.895 frente a 8.980 denegaciones. De ellas, solo 575 recibieron el estatus de refugiado y el resto de protección subsidiaria.

Cuando los solicitantes de protección internacional entran en el programa --no todos aquellos que solicitan asilo cumplen los requisitos de vulnerabilidad económica para entrar en el SEPI-- empieza el proceso de adaptación. La primera fase de acogida dura seis meses, con posibilidad de prórroga hasta un año. Durante esta fase, a estas personas se les asigna una vivienda cuyo contrato está a nombre de la organización que les acompaña en el proceso. Aunque en algunos casos “no deciden con quiénes conviven y esto puede ser una fuente de problemas, los itinerarios residenciales “comienzan con un nivel de satisfacción muy elevado”. En general, Provivienda encuentra que en esta fase “las necesidades residenciales se ven bastante satisfechas”.

El aluvión de problemas llega en la segunda fase, que dura 12 meses. En este periodo los solicitantes de protección internacional deben encontrar un hogar propio que se adapte a sus necesidades y la de su familia, con un contrato a su nombre.

El mercado inmobiliario

La gran diferencia que encuentra el informe entre Vigo y Madrid, los lugares estudiados, es que en la ciudad gallega la media del alquiler está en 6,2€ el metro cuadrado, mientras que en Madrid encontramos casi el doble, situándose en 12€ el metro cuadrado. Estas diferencias tienen importantes implicaciones para cualquiera, pero más para estas personas en situación de vulnerabilidad, ya que “sus posibilidades de inclusión residencial no serán las mismas” en estas dos ciudades, refleja el informe.

Las dificultades comienzan con “la dificultad de acceso, los cambios de barrio, la necesidad de crear redes de apoyo nuevamente y la ruptura que estos suponen en sus itinerarios y la localización en muchos casos alejada de los servicios y recursos de los que dependen”. En el informe aparece el testimonio de  Malik, Afganistán, con un hijo con necesidades especiales al que tiene que llevar a un centro en el barrio del Pilar, Mirasierra. “Todos los días lo levanto a las cinco y media, seis. Voy en autobús de aquí hasta Villaverde Bajo, de Villaverde Bajo hasta Atocha, de Atocha cojo Renfe hasta Paco de Lucía, de Paco de Lucía cojo otro metro hasta Mirasierra donde me cuidan a mi hijo. Es muy complicado”, cuenta.

Racismo y discriminación

Como denuncia la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), los elevados precios del alquiler en muchos casos superan a la ayuda económica recibida por los solicitantes o beneficiarios de protección internacional. A ese problema hay que sumar “el racismo y la discriminación al que estas personas se enfrentan”. Aicha, solicitante de asilo que viene de Argelia, habla de esta discriminación en el informe. “Nos hemos dado cuenta todos que las empresas (inmobiliarias), cuando les hablamos, es como si no estuviéramos aceptados: 'ya veremos, ya os llamaremos de vuelta'”, cuenta. “Sobre todo cuando se dan cuenta que el acento no es español, al teléfono”, añade.

Esta discriminación ya la detecta Provivienda en la primera fase. En una muestra de llamadas realizadas en el periodo de tres meses, “en un 32% de los casos las puertas se cierran por la ausencia de contrato de trabajo”, a pesar de que las personas son beneficiarias de un subsidio, “en un 25% por desconfianza y discriminación asociadas a las características socieconómicas de los/las solicitantes de asilo, en un 7% por racismo manifestado de forma explícita y en un 9,5% por no pasar el filtro de seguro de impago de la propia inmobiliaria (no se acepta el seguro de impago que ofrece la asociación).

El idioma

Una de las barreras que sobresalen en el informe es la dificultad para aprender el idioma de muchos solicitantes de protección internacional. Esto lastra u proceso de acceso a la vivienda y también al trabajo que facilita el acceso a la vivienda. “Ninguna entrevista. Cuando digo que no hablo bien español… no me llaman. Ese es el problema principal, el idioma, y me cuesta mucho. Lo intento, pero me cuesta”, dice Amid, de Siria. También aparecen los ejemplos de varias familias que tienen dificultades para explicar en castellano a los caseros qué significa la tarjeta roja, el documenta que acredita que son solicitantes de asilo, algo que no ocurre con la población hispanohablante.

“Como se ha comprobado a lo largo del informe, hay dos puntos de partida especialmente diferenciados: la de aquellas personas que hablan el idioma en el momento de llegada y la de aquellas que deben comenzar el itinerario adquiriendo habilidades lingüísticas. Seis meses han demostrado no ser suficientes para poder dar el paso a una situación de mayor autonomía en aquellas situaciones en las que no se habla el idioma, entre otras”, concluye Provivienda.

Más vulnerabilidad de la infancia, en mujeres y mayores

Otro de los aspectos que destaca el informe es la vulnerabilidad especial de los niños y las niñas, a quienes se les presupone mayor facilidad de adaptación, pero que en realidad “atraviesan también situaciones de estrés propias y perciben el nivel de preocupación o ansiedad de sus padres”. Además, las familias monomarentales sufren mayores dificultades en el acceso a la vivienda por la desconfianza de los caseros a que haya un único sustentador, algo que se añade a las reticencias a alquilar a familias con niños y niñas. “Piensan que en caso del impago van a tener más problemas para rescindir el contrato”. Por último, las personas mayores tienen más dificultades de integrarse por sus dificultades para entrar en el mercado laboral.

¿Qué hacer?

A medida que el proceso avanza, las personas protegidas ven como se vuelve cuesta arriba. A menudo las expectativas chocan con la realidad. Cuando se acerca el final del programa, sufren “situaciones de estrés por no poder acceder a una vivienda” y “su capacidad para gestionar sus propios gastos”. Dardan, de Albania, lo explica así: “Así que… con mucho esfuerzo y mucho estrés pues… levantándome por la noche y diciendo… ¿dónde me voy? ¿Qué voy a hacer? Hemos mirados en Getafe, en Alcalá de Henares y… el dueño no te da la casa porque no tiene seguridad”.

Provivienda concluye que hay dos grandes sistemas complejos a los que se enfrentan estas personas: el mercado residencial y el mercado laboral. Entre las recomendaciones que el informe da para atajar el problema, destaca la petición de “una mayor flexibilización del marco normativo del SAPI para un mejor ajuste a las necesidades concretas de las personas que solicitan asilo”, así como “la necesidad de ampliar los plazos de cada una de las fases, especialmente la de acogida”. Al mismo tiempo, se recomienda “llevar a cabo actuaciones dirigidas a una mayor difusión y sensibilización acerca de su situación, con el fin de reducir la discriminación y los prejuicios racistas en la opinión pública”.

También hay recomendaciones más administrativas, como mejorar “el aspecto formal” de “la tarjeta roja” de los solicitantes de asilo y la coordinación de las administraciones, especialmente para diseñar un estrategia de asentamiento en las zonas rurales, donde el acceso a la vivienda y al trabajo puede ser más sencillo. Por otro lado, Provivienda también destaca “el grave déficit del parque de vivienda social en alquiler” y recomienda una Ley Estatal de Vivienda que garantice el derecho efectivo a la vivienda y proteja a las personas y familias más vulnerables.