Ojalá el Estado de Derecho

Estado de Derecho
El presidente del Gobierno Mariano Rajoy durante su intervención en el Congreso para explicar sus vínculos con la Gürtel. / Efe

Disculpe el lector la obviedad de este primer párrafo, pero lo creo necesario tras unos días escuchando tertulias y leyendo editoriales. El Estado de Derecho es una conquista de los de abajo frente a los poderosos. Sin Estado de Derecho, lo que se impone es la fuerza, es decir la arbitrariedad del poderoso disfrazada o no de ley; por tanto el Estado de Derecho es una conquista frente al poder, que por fin tiene límites: la Ley. El rasgo que determina si estamos ante un Estado de Derecho es, pues, que los poderosos estén sometidos a la Ley.

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Si además es un Estado democrático de Derecho esa ley está elaborada por todo el pueblo; si añadimos que es un Estado social y democrático de Derecho la ley está elaborada por todo el pueblo, favorece que los que menos tienen no se queden atrás y somete a los poderosos. España se define así en la primera frase del primer artículo de la Constitución de 1978: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”, a partir de ahí el resto.

Estos años de crisis han hecho trizas esa definición. Cuando en verano de 2011 PSOE y PP cambiaron el artículo 135 de la Constitución al dictado de la burocracia de Bruselas y el Gobierno alemán demostraron que ni siquiera nuestra Constitución está ya en manos de nuestro pueblo, quedando más que herido el adjetivo “democrático”. Cuando España fue rescatada para salvar a sus bancos se evidenció que la gestión de la economía no estaba favoreciendo a quienes estaban siendo castigados por la crisis sino al gran poder económico del país; es difícil llamar a eso Estado “social”. Son sólo un par de ejemplos, quizás los más notables.

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«Hay un enorme abanico de ejemplos en España de que los poderes políticos y económicos se libran del cumplimiento de la Ley cuando toca»

Junto a ellos hay un enorme abanico de ejemplos de que los poderes políticos y económicos se libran del cumplimiento de la Ley cuando toca. Hace ya más de una década empezamos a conocer la trama Gürtel, pronto va a hacer cinco años desde que descubrimos que en la contabilidad real del Partido Popular se incluían pagos en negro al actual presidente del Gobierno procedentes de sobornos de empresarios. El Gobierno amnistió a los principales delincuentes fiscales (es decir, grandes fortunas que nos robaban a todos) contraviniendo la Constitución. El marasmo de ilegalidades cometidas por el poder político y económico no ha tenido consecuencia alguna para ellos (enormes para nuestro pueblo, cuya economía ha sido arruinada por esa rueda de sobornos y despilfarro público para favorecer a los sobornantes) salvo la de ayudarles a mantenerse en el poder político al adulterar la competición electoral a través de la financiación ilegal de la campaña de los delincuentes. Ello se junta al bochornoso espectáculo de desplazamiento de fiscales y jueces incómodos para colocar a los que se presupone más dóciles en los casos más delicados y, finalmente, el nombramiento de jueces afines en la cúspide del Poder Judicial. En paralelo, hemos conocido flecos de cómo las cloacas del Estado han construido ataques contra la oposición política con la complicidad de una red mediática convertida en pesebre de la podredumbre.

«Causa bochorno que el partido que destrozó a martillazos un disco duro que el juez le exigía que lo entregara conmine a otro a obedecer a los jueces»

Decía Dostoievski en Crimen y castigo que “si Dios está muerto, está todo permitido”. Algo así sucede con el Estado de Derecho. Si Estado de Derecho es aquel que somete a los poderosos a la ley, cuando los poderosos se la saltan a capricho tienen difícil pedir al resto que no lo haga. Por eso causa tanto bochorno que el partido que destrozó a martillazos un disco duro cuando el juez le exigía que lo entregara exija a otro que cumpla lo que los jueces dictaminan. Es como si Pedro, el del lobo, se indignara porque un vecino suyo le ha engañado.

Cuando el poder deja de estar sometido a la Ley no tenemos Estado de Derecho. Y hay una recua de ejemplos de violaciones de la ley del poder político y económico (singularmente el PP, la banca, las constructoras y las empresas energéticas) que no sólo no les ha traído ninguna consecuencia sino que han perjudicado la carrera de jueces, fiscales, periodistas… que intentaran investigarlos.

En estas circunstancias uno tiene decenas de reproches que hacer al proceso catalán. Pero ninguno de ellos puede ser que anuncien que incumplirán la ley (salvo por el hecho de que uno apueste a que en último extremo no lo harán). Cuando los poderosos se saltan la ley, la razón del resto para cumplirla no es que se sientan vinculados por ella sino que los poderosos tienen fuerza para obligarlos a cumplir o no la ley en función de sus intereses (la corrupción de los Pujol, por ejemplo, fue protegida hasta que los corruptos de Barcelona dejaron de ser aliados de los corruptos de Madrid).

Ojalá se cumpliera la Constitución, empezando por esa definición de España como Estado social y democrático de Derecho. Pero, de momento, sólo causa una consoladora risa que quienes han hecho trizas en su beneficio esa definición hagan aspavientos porque en un rincón del Estado han decidido que ellos tampoco se sienten vinculados por la Ley. Para apelar al Estado de Derecho lo primero es recuperarlo.

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