OPINIÓN

Primer paso de la vacuna contra la epidemia del juego

  • La prohibición casi total de la publicidad de las apuestas y juegos de azar tardará más que la vacuna contra el coronavirus
  • La dilación de los poderes públicos ante la droga del juego se explica porque el PP antepone el dinero a la salud pública

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Los legisladores y gobernantes del Reino de España se han mostrado tan renuentes a la hora de prevenir y combatir el daño humano y social de la epidemia de las apuestas y juegos de azar que hasta el presidente Pedro Sánchez reconoce que la vacuna contra el coronavirus llegará antes de que entre en vigor con toda su potencia el decreto que prohíbe la publicidad del juego salvo en horas intempestivas (de 1 a 5 de la noche) o durante las narraciones deportivas. Según el presidente del Gobierno, la vacuna contra la covid-19 estará disponible en mayo próximo; en cambio, la primera medida de salud contra la silenciosa epidemia de ludopatía, esa droga dura (según la OMS) que afecta a decenas de miles de españoles, no se aplicará en toda su extensión hasta el 30 de agosto de 2021 para no perjudicar a los voraces fondos buitres y a los grandes equipos de fútbol y baloncesto sobre los que apoyan sus garras como patrocinadores.

Con todo, el decreto aprobado el 3 de noviembre por el Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Consumo, Alberto Garzón, y tachado de “injusto” por el sector extractivo, es la primera medida de salud pública que adopta un gobierno desde la legalización de los casinos, bingos, tragaperras, casas de apuestas y juegos de azar en la primavera de 1977. Y, sobre todo, desde la irrupción, hace más de quince años, de las multinacionales del juego on line. El decreto pone coto al bombardeo publicitario incitándonos a apostar y jugarnos la pasta a cualquier hora del día o de la noche sin distinción de edad ni género. Prohíbe a los famosos y a los deportistas de élite (ídolos para millones de jóvenes) aparecer en los anuncios. Elimina de las camisetas de los deportistas los logos y las marcas de esas casas de la distribución inversa del dinero. Suprime la publicidad estática de los estadios durante las retransmisiones audiovisuales y trata de deslindar entre la otrora llamada “mejor liga del mundo” y las apuestas monetarias y juegos de azar, que nada tienen que ver con el deporte, aunque los operadores se prevalgan de él.

El decreto se limita a desarrollar la ley del juego virtual, de 2011, es decir, de hace nueve años. Y lo hace con tal respeto a los intereses económicos en juego que concede más de medio año (hasta el 30 de agosto de 2021) a los patrocinadores y los patrocinados para que ajusten sus contratos. Difícil papeleta para los operadores de apuestas, dado que los millones de euros que sueltan a los clubes (sociedades anónimas deportivas) son a cambio de publicidad. La norma también también concede varios meses a las casas de apuestas para que vayan suprimiendo la propaganda de sus tramposas promociones: bonos, regalos y demás anzuelos. Puesto que las competencias sobre los casinos, bingos y salones de juego son autonómicas, sólo afecta a los locales de juego presencial que tienen terminales de apuestas por Internet en tiempo real: unos 3.000 en toda España.

La cuestión planteada por el movimiento vecinal, los sindicatos y las organizaciones juveniles progresistas, comenzando por los jóvenes de IU, siguiendo por Rebeldía (jóvenes de Podemos) y desembocando en las Juventudes Socialistas es si el daño de una droga que destroza a individuos y familias no merece unas disposiciones más tajantes como las adoptadas hace años en varios países europeos. Desde luego que sí, pero por algo se empieza, responden desde el Ministerio de Consumo. La exigencia de una intervención más rápida, firme y dura se fundamenta en estudios que indican que el crecimiento de la adicción es imparable y que más del 10% de la gran masa de jugadores, entre 18 y 40 años, han caído en la ludopatía. Estudios realizados por Unidas Podemos apuntan a que tres de cada cuatro personas enganchadas a las apuestas y juegos de azar bordean la adicción. ¿Cómo se explica tanta dilación y renuencia de los poderes públicos ante esta epidemia?

Uno: porque un sector que mueve más de 30.000 millones de euros anuales, lo que equivale al 2,7% del PIB, según cifras oficiales de 2019 del Ministerio de Hacienda, cuenta con poderosos lobbies con capacidad y medios para orientar las decisiones políticas a su conveniencia. La rentabilidad media de los juegos de azar y apuestas on line, que ya mueven unos 20.000 millones de euros anuales, se cifra en torno al 15%. Ni siquiera durante la crisis económica y financiera los operadores extractivos (fondos buitres y antiguos tragaperreros) los casinos, bingos y apuestas digitales dejaron de crecer a un ritmo del 20% anual.

Dos: porque a la derecha política en el poder le ha importado más la cartera y el negocio que la salud de los ciudadanos. De ello dan fe los donativos inconfesables de determinados empresarios timbales al PP en algunas autonomías. ¿Cómo olvidar los esfuerzos, esmeros y facilidades de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, para que míster Adelson, asesorado por David Hachuel, presidente de las comunidades judías en España, eligiera la localidad de Alcorcón para su proyecto de plantar Eurovegas? Del escarnio y el ridículo no se libró ni el entonces jefe del Gobierno con mayoría absoluta, Mariano Rajoy. Tampoco el obispo de Alcalá de Henares (Madrid), que llegó a considerar ante el silente Rouco Varela, un mal menor el fallido complejo del vicio para su diócesis.

Tres: la unión de intereses de los gobernantes del PP con los magnates del juego quedó demostrada en leyes y normas autonómicas para abrir casinos (sucursales de casinos) en el centro de las ciudades. ¿Cómo dejar escapar a los cruceristas sin rascarles los bolsillos en Vigo, por ejemplo? Pues arbitrando una norma para quitar el dogal de un casino por provincia, permitiendo que los operadores del de La Toja, en Pontevedra, pudieran instalar una “sucursal” en Vigo. Y otro tanto los de Torrelodones en Aranjuez y en el centro de Madrid. Y, naturalmente, otorgando todas las facilidades de establecimiento a los salones de juego hasta convertir a España en una timba.

Cuatro: esa conjunción de intereses de la derecha política con los emporios del juego ha sido tan estrecha que algunos ministros como el titular de Justicia y antiguo alto cargo de confianza de Rajoy cuando era vicepresidente del Gobierno con José María Aznar, el talentoso Rafael Catalá Polo, entraban y salían por la puerta giratoria del sector del juego al Ejecutivo y del Ejecutivo al sector del juego. Eso sin contar al no menos talentoso Pío Cabanillas en los gobiernos de Aznar.

Cinco: aunque es tan cierto como el que se saca un ojo y queda tuerto que la realidad siempre va por delante de las normas reguladoras, en una materia tan sensible para la salud como el juego on line hubo que esperar desde 2005, en que el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció la ley que regularía esa modalidad timbal hasta 2011 en que finalmente presentó la ley. La dilación facilitó un crecimiento alegal (o ilegal, según algunos empresarios del juego tradicional) de las apuestas y patrocinios de los grandes clubes de fútbol, de modo que la norma solo vino a legalizar la situación y a combatir la piratería.

Seis: con el PP en el Gobierno, el desarrollo y la aplicación de la ley de 2011 ha sido mínimo. Un ejemplo: ni siquiera el consejo asesor sobre la ludopatía (juego responsable le llaman) se había formado cuando en 2018 el socialista Pedro Sánchez llegó al Gobierno tras la moción de censura. La protección de la infancia y la juventud importaba menos que una cartera de 600 millones de euros en publicidad, patrocinios y promociones.

Siete: para la derecha no era admisible aplicar impuestos a los ricos. La fiscalidad solo operaba sobre los jugadores que ganaban premios (IRPF), las máquinas de los bares y salones (tasas de juego) y los impuestos locales sobre los establecimientos. Los beneficios de los operadores no aportaban (ni aportan) un euro al común. Radicados en paraísos fiscales y en territorios de con mínimos impuestos (caso de Gibraltar antes del Brexit y de la mudanza a Malta), los buitres del juego calculaban que el mercado español tenía mucho recorrido. Lógico.

Ocho: para llegar al decreto actual de restricción de la publicidad de esa droga han tenido que pasar tres años de peticiones reiteradas del Defensor del Pueblo, nueve de mensajes burdos y engañosos incitando al juego y la negativa de varias televisiones públicas a emitir esa publicidad. Para llegar al decreto ha sido necesario también contrastar mediante amplios y rigurosos estudios la insuficiencia de la autorregulación o cómo la voracidad de los operadores convertía en papel mojado el código ético.

De hecho, la patronal de los salones de juegos y apuestas, afectada en su reputación por las primeras protestas ciudadanas, llegó a pedir una regulación ante el bombardeo publicitario de los operadores virtuales. El presidente Rajoy recibió en 2016 un proyecto de normativa publicitaria, pero lo guardó en un cajón. ¿Cómo iba él a tocar los intereses de los grandes clubes de fútbol, del correligionario Andrés Ayala, diputado y socio del próspero grupo timbal Orenes, al que además nombró jefe de la comisión de ética del partido, a los amigos de su ministro de Justicia o a los grandes clientes del despacho de abogados Cuatrecases, amigos de su vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y dizque mediadores en el conflicto catalán? Eso, de ninguna manera. Con procurar que el aumento de la adicción no se notase era suficiente. Y para que algo no se note ya se sabe que lo mejor es taparlo, como ha venido ocurriendo hasta ahora con una encuesta parcial cada dos años sobre la incidencia de la ludopatía que por ser mínima (un 2%) provocaba muchas risas en el sector.

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