El acceso universal tendrá que esperar

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, anunció en noviembre de 2009 que los ciudadanos españoles tendrían acceso universal a la banda ancha a a partir de 2011. Seis meses después de aquel anuncio, el Ministerio ha abierto a consulta pública la propuesta sobre las características mínimas que deberán cumplir los operadores que quieran prestar este servicio: 1 Megabit por segundo (Mbps) de tráfico de bajada, 256 Kilobits por segundo (Kbps) de tráfico de subida y un límite de descarga no inferior a 2 Gigabytes (GB) mensuales. Todo ello por un precio no superior a 25 euros, y un coste de alta en el servicio no superior a 39 euros.

Actualmente, el precio medio de la conexión ADSL en España ronda los 30 euros (siempre sin IVA) y ofrece 6Mbps de ancho de banda, pero la conexión más extendida cuesta 40 euros y permite acceder a Internet con 10Mbps. La oferta de Industria es entre seis y diez veces inferior en calidad a las que pueden encontrarse en el mercado, pero con un precio que no mantiene esas proporciones, ni mucho menos: sólo entre cinco y quince euros más barata.

El acceso universal debería hacer honor a su apellido, llegar a todos los confines del territorio y abrir la puerta de Internet a todos aquellos ciudadanos descolgados de la sociedad de la información, un colectivo que ronda el 10% de la población española, según datos de la Asociación de Internautas.

Si Industria hubiera impuesto un acceso universal de conexión barata y buena, la población podría no contratar las ofertas del mercado, sobre todo en tiempos de crisis, así que parece haber optado por una conexión cara y mala, que muy probablemente mantendrá la brecha digital en España tan abierta como hasta ahora.

Pero había otra opción: ofrecer una conexión gratuita y escasa, que no sirviera para visionar vídeos en YouTube o descargar grandes archivos de las redes P2P, pero asegurara una pequeña ventana telemática a través de la cual disponer de los servicios básicos de internet (correo y web) y acceder a la Administración electrónica, despacio, pero con garantías.

Subvencionar una conexión así -subvencionarla por completo-, no canibalizaría las ofertas de los operadores, animaría al uso de las redes y daría a entender que el Gobierno está dispuesto a eliminar el principal obstáculo que mantiene a España en los puestos de cola de los informes sobre penetración de Internet que elabora Bruselas.

Pero en estos momentos parece difícil, por no decir imposible, imaginarse al Gobierno subvencionando este servicio, mientras recorta el presupuesto de otras muchas partidas. Así que el acceso universal, como otras tantas cosas, tendrá que esperar.  El retraso de la sociedad de la información será un daño colateral más de la crisis financiera.