El gobierno endulza la aprobación de la ‘ley Sinde’ con la supresión del canon

De jugada maestra se podría considerar la aprobación del reglamento de la ley Sinde y la supresión del canon no en el mismo día, sino en el mismo párrafo. Protegida bajo toda una panoplia de medidas urgentes, la primera ya estaba amortizada. El desgaste de su creación se lo llevó el anterior Gobierno socialista. La segunda medida venía casi dictada por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea pero el nuevo Gobierno lo ha convertido en un dulce con el que aliviar el amargor de la aprobación del reglamento. Se ganan a la industria cultural y camelan a unos internautas que ya habían gastado casi todas sus balas contra los socialistas.

La historia de la ley Sinde y su reglamento es la historia de una triple derrota:

1. Han perdido los jueces, a los que la nueva norma les hurta su capacidad de decidir si una página web puede ser cerrada por vulnerar la propiedad intelectual, dejándoles solo en un papel de supervisión. De nada ha servido que la práctica totalidad de juicios contra estas páginas hayan sido, antes de esta norma, resueltos a favor de los dueños de estas páginas.
2. Ha perdido el PSOE, que se ha dejado tanto en el parto de esta normativa. Convencidos de la necesidad de combatir las descargas en internet o de que debían de devolver favores a sectores de la cultura, se embarcaron en una nave que no supieron llevar a puerto. Primero intentaron que la industria cultural y las operadoras alcanzaran a un acuerdo en el que los ciudadanos no participaron. Tras no conseguirlo, pergeñaron la ley Sinde y después el reglamento que la desarrolla, también sin la participación ciudadana. En ese camino, las presiones de la red y las disensiones internas llevaron al propio Rodríguez Zapatero a dar marcha atrás en dos ocasiones. En la primera llegó a decir que no se cerraría ninguna web sin intervención judicial. En la segunda, ya con el Ejecutivo en funciones, decidió parar el reglamento y dejar su aprobación al Gobierno entrante.
3. Pierden también los internautas. De nada han servido las movilizaciones, ataques a páginas web incluidos, para frenar la ley Sinde. Algunos destacados líderes de la red temen que sea la vía de entrada a una censura generalizada en internet. Esta es una norma extraña. Se ha diseñado para ir contra no más de 200 páginas españolas que tienen enlaces a películas, series o música. También habilita un mecanismo para bloquear el acceso de los internautas españoles a páginas de enlaces que se encuentren en el extranjero. Directamente no va contra los propios usuarios pero introduce una especie de policía de la red que, al menos en Francia, ha derivado en acciones en su contra.

La industria cultural se podría contar entre los ganadores. Ya tienen la ley que querían aunque algunos, como los responsables de Promusicae, la consideran blanda por no contemplar tambien la persecución de los usuarios que compartan archivos no autorizados. Sin embargo, la historia de la tecnología reciente muestra que internet es casi un ser vivo, capaz de adaptarse con rapidez a los retos de un medio cambiante. En unas semanas llegarán las primeras peticiones de cierre de páginas de enlaces a la nueva sección 2ª de la Comisión de la Propiedad Intelectual. Es probable que este tipo de sitios pase a la historia, pero no lo hará la descarga de archivos. El intercambio entre iguales (P2P) con sistemas como BitTorrent o eMule seguirá y aumentará. Sólo han conseguido hacerlo algo más complicado. El único aspecto positivo real es que la industria cultural ya no tiene excusas para crear una auténtica oferta de contenidos en la red.

Pero el gran triunfador es el propio Gobierno. "Lo han hecho genial", cuenta uno de los autores intelectuales de la ley Sinde. Han aprobado un reglamento cuyo desgaste se han llevado otros.  "Los socialistas tiene ahora dos desgastes, el de los internautas y el de la industria cultural", añade. Serán los populares los que reciban las palmaditas en la espalda de los autores y los productores. Pero la norma pasará a la historia como ley Sinde, no como ley Wert.

El triunfo se completa con la supresión del canon digital. Corneado por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, otra de la Audiencia Nacional y por una moción del Congreso de los Diputados, el Gobierno ha decido anularlo. El canon, que actualizaba uno similar impuesto a los aparatos y soportes analógicos (como radiocassettes o cintas VHS), pretende compensar a los autores por la copia privada de sus obras. El problema, el gran problema, era su injusticia. No discriminaba entre los diferentes usos que se puede dar a un soporte. Además, su recaudación y reparto por parte de las entidades de gestión se ha demostrado nefasta, oscura y arbitraria. Se había ganado tal enemistad entre la población que el que lo aboliera iba a ser visto como un libertador. La liberación ha venido, esta vez, del Gobierno popular.

Pero quizá la alternativa que han encontrado sea aún más injusta. Serán todos los españoles, les guste la música o no, compren DVD vírgenes o no, o usen ordenador o no, los que seguirán pagando, ahora por la vía de los presupuestos generales del Estado. El Gobierno aún tiene que calcular la nueva tasa pero será más indiscriminada que el canon digital. "Así, el Gobierno desarrollará reglamentariamente el mecanismo que establece una compensación económica calculada a partir del perjuicio que les causa a los autores el hecho de que continúe siendo plenamente legal la realización de copias de obras para uso privado", dice la referencia del Consejo de Ministros. Es decir, que todos pagarán por el supuesto perjuicio que generen los que hacen copias para uso privado.