La policía española pide los papeles por el color de la piel, según un informe entregado al relator de la ONU

La policía española realizó 8.773.862 controles de identidad en 2011, una gran parte de ellos a personas por el simple hecho de tener un color de piel diferente. Eso es lo que denuncia un informe que ha entregado una organización internacional al relator especial de la ONU para el racismo, de visita en España. Para los autores del estudio "ha llegado el momento de que el Gobierno y los responsables de la policía nacional tomen medidas concretas para eliminar estas prácticas racistas".

La Open Society Justice Initiative, que forma parte de las Open Society Foundations creadas por el multimillonario y filántropo George Soros, sostiene en su informe (PDF, en inglés) que la policía "se basa habitualmente en las características físicas o raciales cuando realiza identificaciones" en sus labores de prevención y de control migratorio. Aunque las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior no revelan cuántos de esos casi nueve millones de controles se hicieron siguiendo perfiles étnicos, el trabajo sobre el terreno de esta organización y otras asociaciones locales desvelan que pedir los papeles al diferente es una práctica habitual.

"La identificación con criterios étnicos en las calles, en los alrededores de nudos de transportes, en los restaurantes, a la puerta de las escuelas públicas, en los locutorios e incluso en los centros de atención al usuario para inmigrantes ha quedado atestiguada por numerosas ONG", dice el informe que Justice Initiative ha entregado al relator especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial y xenofobia, Mutuma Rutureere. El enviado de Naciones Unidas estuvo la pasada semana con autoridades españolas y representantes de asociaciones de inmigrantes, visitando incluso centros de internamiento de extranjeros, en el curso de su investigación sobre estas prácticas en España. Hoy lunes dará una rueda de prensa y en junio se espera su informe del caso español.

En 2009, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió una decisión en el caso Rosalind Williams contra España (ver al final), en la que se estableció que las características físicas o étnicas de las personas no pueden ser utilizadas por la policía para justificar la realización de controles de identidad. "Han pasado cuatro años desde entonces y seguimos prácticamente igual", dice la abogada Cristina de la Serna, colaboradora de Justice Initiative en España. Aunque en mayo pasado la Dirección General de la Policía emitió una circular indicando a los policías que debían evitar actuaciones masivas o indiscriminadas basadas únicamente en criterios étnicos, "sigue habiendo controles racistas", añade De la Serna.

El informe recuerda que España, con un 12% de extranjeros, es ya un país multiétnico, por lo que pedir los papeles a alguien sólo por sus rasgos étnicos, podría estigmatizar a una creciente porción de la propia sociedad española. "Sólo sirve para reforzar la imagen de que el diferente es un delincuente", explica la abogada.

Para el director ejecutivo de Open Society Justice Initiative, James A. Goldston, los controles policiales por perfiles étnicos son un fenómeno extendido en la blanca Europa, pero en España tiene dos particularidades. "Primero, es el único país donde su más alto tribunal ha declarado que la policía puede basarse en los atributos físicos de la persona para decidir a quien parar". Goldston se refiere a la sentencia del caso de Rosalind Williams. A pesar de la condena de la ONU, que dejó claro que el recurso de la policía a los estereotipos raciales contravenía las leyes internacionales, la policía sigue reteniendo a los que no tienen pinta de españoles viejos.

Pero España es también "uno de los pocos países donde, a través de proyectos piloto, la evidencia ha demostrado claramente que cuando se obliga a los policías a registrar cada identificación y las razones para hacerla, se reduce su número mientras que su productividad, es decir la proporción de identificaciones que resultan en una detención, suben; así que, la eficacia en la aplicación de la ley puede aumentar al tiempo que se reducen los controles por perfiles étnicos", añade Goldston. Varios de esos proyectos los está realizando su organización con las policías españolas.

Goldston culpa a los políticos. "Muchos responsables policiales han mostrado su disconformidad con el uso de criterios étnicos como base para realizar los controles", asegura. Sin embargo las autoridades políticas todavía no han dejado claro su ilegalidad. "El Gobierno español no ha cumplido en la implementación de medidas efectivas para evitar la identificación por raza y continúa violando los derechos humanos de las minorías étnicas", concluye.

El informe recomienda cuatro medidas principales para acabar con estas prácticas racistas. Por un lado, reformar las leyes que regulan las actividades policiales, introduciendo la prohibición expresa a la utilización de características físicas o étnicas para seleccionar a las personas objeto de los controles. También pide introducir formularios para registrar todas las identificaciones policiales, además de asegurar la formación efectiva de los policías en materia de derechos humanos. Por último, estaría la incorporación y promoción de las minorías étnicas en los cuerpos policiales.

Identificada por ser negra

Open Society Foundations puso sus ojos en España tras conocer el caso de Rosalind Williams. En el puente de la Constitución de 1992, Williams llegó a la estación de tren de Valladolid procedente de Madrid. Iba acompañada por su marido (blanco) y su hijo. Nada más bajar del tren, un policía nacional le pidió su identificación. Ni a su marido ni al resto de pasajeros, sólo a ella. Cuando ambos le preguntaron el porqué, el agente les dijo que estaba obligado a identificar a las personas "como ella", en referencia a su color.

Tras presentar primero una queja en la comisaría y después una petición al propio Ministerio del Interior, ambas rechazadas, Williams recurrió ante la Audiencia Nacional. El auto de la Audiencia, de 1996, también rechazó su recurso argumentando que la policía estaba autorizada a identificar a los extranjeros y que, siendo ella de raza negra, era más probable que fuera extranjera. Williams no se arredró y apeló al Tribunal Constitucional pero tampoco. En 2001, el Constitucional resolvió (PDF) que la actuación policial usó el criterio racial como "meramente indicativo de una mayor probabilidad de que la interesada no fuera española".

Fue entonces cuando Open Society Justice Initiative, junto a Women’s Link Worldwide y SOS-Racismo Madrid, llevaron el caso de Rosalind al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En julio de 2009, la ONU dejó clara su postura: las leyes españolas debían ser cambiadas, deberían pedirse disculpas a la señora Williams y España tendría que tomar todas las medidas necesarias para evitar que casos como el suyo se volvieran a repetir. El plazo para que España cumpliera acababa a finales de ese mismo año.