Google decidirá en última instancia si podemos borrar o no nuestros datos de Internet
Los internautas europeos tenemos, por fin, derecho al olvido. O al menos en teoría, como vamos a explicar. Desde ayer, cualquier ciudadano de la Unión puede ya pedir a Google (responsable del 98% de las búsquedas en Internet en España) que elimine cualquier resultado de búsqueda con el que se estuviera perjudicando su imagen personal o se estuviesen menoscabando sus intereses.
Google ha respondido -a regañadientes- a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, hace un par de semanas le consideró como único responsable del tratamiento de la información –y los datos personales de los usuarios- que se mostraran en los resultados de búsqueda. A él y a cualquier buscador, pero teniendo en cuenta su cuota de mercado, el dedo acusador de la UE se dirigía principalmente a él.
La respuesta de Google se ha materializado en la puesta a disposición de los internautas europeos de un formulario mediante el cual se puede solicitar la eliminación de cualquier información y cualquier enlace que pueda ir en su perjuicio. En principio parece una buena noticia, pero al usuario no le bastará sólo con realizar la solicitud, sino que ésta será aceptada o no por un "comité de sabios" de la compañía en base a unos criterios que no son fáciles de definir.
En el formulario, Google deja claro que el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se refiere únicamente a la eliminación de resultados de consultas que incluyan el nombre de los usuarios “si se consideran inadecuados, no pertinentes o ya no pertinentes, o excesivos desde el punto de vista de los fines para los que fueron tratados”.
¿Qué quiere decir esto? Básicamente que Google tiene el derecho de revisar todas y cada una de las solicitudes de eliminación de datos personales y de buscar un equilibrio entre la privacidad de los usuarios y el derecho del público a conocer información. Es decir, que aunque pidamos la eliminación de nuestros datos, la solicitud podría ser desestimada por el buscador.
La compañía es clara y señala abiertamente que al evaluar la petición examinará si los resultados de búsqueda que está mostrando incluyen información obsoleta del usuario y si existe un interés público por lo que se muestra. Pone como ejemplo la información sobre estafas financieras, condenas penales o negligencias profesionales que se hubieran podido dar. Serían consideradas "informaciones de interés público" y no se eliminarían.
A pesar de todo, Google ha emitido un comunicado oficial mostrando su desacuerdo con este punto al que le obliga el tribunal europeo. “La sentencia obliga a Google a hacer juicios difíciles sobre el derecho del individuo a ser olvidado y el derecho público a saber", señala.
Para llevar a cabo esa evaluación, Google constituirá un comité asesor de expertos, que serán los encargados de resolver cada petición. Según algunos diarios estadounidenses, la compañía ya habría contactado con algunos de esos expertos. Junto al presidente de Google, Eric Schmidt, también podrían ocupar ese cargo el consejero general de la firma, David Drummond, y Jimmy Wales, fundador de Wikipedia.
A nivel europeo, entre los expertos se sentarán personas que sean conocedoras de la legislación de cada uno de los países de la Unión Europea. Entre otros, se encontrará el español José Luis Piñar, antiguo director de la Agencia Española de Protección de Datos y en la actualidad vicerrector de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. En sus manos, y en las de otros expertos nacionales, estará la decisión de permitir a un usuario que se elimine el rastro que le resulta incómodo en Internet o no.
Para pedir que se eliminen sus datos, cualquier usuario debe cumplimentar el formulario y adjuntar una copia de un documento de identificación con fotografía. También ha de ser firmado con el nombre del usuario, pero no es necesaria la firma electrónica.
Una vez que se envía la solicitud, comienza el proceso de análisis, que puede demorarse unas cuantas semanas. De hecho, Google indica también claramente que la puesta a disposición de los usuarios de este formulario no es más que el primer paso, pero que espera en los próximos meses poder finalizar la implementación del sistema de retirada de contenido que establece la normativa de protección de datos europea.
El formulario se muestra en varios idiomas. Por defecto, se muestra el del país desde el que se realiza la consulta, pero es posible cambiarlo.
La comisaria europea de Justicia, y experta en asuntos de Internet, Viviane Reding, ha celebrado la medida de Google, aunque la ha considerado sólo un primer paso que habrá que ver cómo funciona.
“Ya era hora de que Google tomase medidas en este sentido”, ha señalado la comisaria, recordando que en Europa existe una ley de Proteccion de Datos desde 1995 que no ha sido cumplida. Efectivamente, ahora habrá que ver cómo funciona y cómo se decide o no aceptar cada solicitud, así como el tiempo de respuesta.
