Una guía para intentar entender el canon AEDE, alias tasa Google

Cuando nos ponemos, en España podemos ser los más radicales e ir más lejos que ninguno. Aunque ya otros habían intentado que Google y demás buscadores pagarán por ofrecer extractos de noticias en servicios como Google News, sólo aquí lo hemos convertido en ley o casi ( el proyecto aún tiene que ir al Senado). Pero el redactado de la norma es tan ambiguo y confuso que aún no está claro quién pagará. Lo que sí lo está es que alguien lo hará y que, indirectamente, acabará afectando a los ciudadanos.

En septiembre u octubre, el Senado tendrá que votar la última versión de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). Entre sus muchas novedades, está la nueva redacción del artículo 32, reservado para el derecho de cita. Su apartado 2 apenas tiene 200 palabras divididas en dos párrafos, pero es uno de los textos más confusos y ambiguos que se pueden encontrar en los archivos del Congreso. Repleto de perífrasis y frases subordinadas establece que "los  prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos" no necesitarán autorización para poner a disposición del público "fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en sitios web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento". Eso sí, "sin perjuicio del derecho del editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una compensación equitativa".

Toca traducir. Aunque la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE) considera que tanto las empresas como los particulares pueden ser un prestador de servicios de información, la coletilla de agregación de contenidos limita algo los sujetos que podrían verse afectados por el artículo 32.2. En principio, serán aquellas web que agreguen contenido, al estilo de Google, Menéame y, quien sabe si Facebook o Twitter. Nada impide, en teoría, que se lo exijan también a un simple usuario que convierta su página en un tablón de noticias.

El Ministerio de Cultura se apresuró a sacar una nota de prensa aclarando que el canon AEDE (o tasa Google) "no implica en ningún caso que los usuarios de Internet tengan que realizar pago alguno por enlazar a noticias creadas por las editoras de prensa". Y, añadía: "Por tanto, las redes sociales no son objeto de esta medida, tal y como algunas partes interesadas están informando en estos días". El problema no son las partes interesadas, una de ellas por cierto es el propio Ministerio de Cultura. El problema es que la redacción del artículo deja la cuestión de quién pagará tan abierta que roza la arbitrariedad y ningún comunicado ministerial puede decir quién tendrá que pagar y quién no lo hará.

Es lo que tiene diseñar una norma para que pague uno (Google) sin que lo parezca. El mejor ejemplo de los daños colaterales de esta forma de hacer leyes es el de Menéame. Aunque la web sea creación del profesor y emprendedor Ricardo Galli, este es el típico agregador de contenidos alimentado por los usuarios. Son ellos los que con sus votos a las distintas noticias los que van dando forma a Menéame. Cuando la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), que incluye a los principales editores de prensa, empezó a presionar para que Google pagara por usar sus noticias en su Google News, nadie pensó que sitios como Menéame acabaran por verse afectados. Hoy, Galli no descarta tener que cerrar o llevarse Menéame fuera de España.

Otro de los absurdos del redactado es la parte que dice: "Este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual". ¿Irrenunciable? Pero ¿qué tipo de derecho es aquel que te impide renunciar a él? Es como sin un escritor no pudiera quemar su libro. Además de AEDE hay otra asociación de editores de prensa, la Asociación Española de Editores de Publicaciones Periódicas (AEEPP), que se ha mostrado en contra del canon. Incluso, muchos de sus medios publican su contenido bajo licencias libres, que permiten su reutilización. Así que, aunque no puedan renunciar a su derecho aún queriendo, tampoco verán un euro de lo que se pague. Así de absurdo.

En Google, en principio la más afectada, aún confían en que el redactado cambie durante la tramitación en el Senado. Pero sería de las pocas veces que los senadores modificaran sustancialmente el texto de un proyecto de ley procedente del Congreso.

Y, ¿a mí qué?, podría preguntar cualquiera. Pues debería de importar. No se trata solo de que un gigante como Google acabe pagando unos millones de euros a los periódicos. Tampoco de que no está tan claro quién se aprovecha del trabajo de quién. Google da mucha visibilidad a las noticias y más visitas es más dinero en publicidad. Además, los editores de prensa se podrían dar de baja enseguida de Google Noticias. Incluso obviando que otros como Menéame se van a ver afectados aunque no tengan el dinero de Google, aún debería importar.

Un informe de Analistas Financieros Internacionales estimaba recientemente que el impacto de la reforma de la LPI en este apartado del derecho de cita superaría los 1.100 millones de euros. Aunque el estudio lo encargó la Coalición Prointernet, contraria al canon, el punto de partida para llegar a esa cifra es indiscutible: los agregadores de contenidos ahorran tiempo y trabajo a los internautas a la hora de ejercer su derecho a la información.