La «letra pequeña» que esconde el final del ‘roaming’

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Imagen de archivo de una eurodiputada utilizando dos móviles al mismo tiempo. / Efe
Imagen de archivo de una eurodiputada utilizando dos móviles al mismo tiempo. / Efe

Consejo, Comisión y Parlamento Europeo llegaron ayer de madrugada, después de 12 horas de reunión, a un acuerdo para fijar el fin del roaming el 15 de junio de 2017. Tanto las instituciones comunitarias como nacionales, y muchos actores implicados en el proceso, celebraron ayer ampliamente el consenso que supone el fin de los recargos que cobran las operadoras de telefonía móvil a los usuarios cuando realizan llamadas o se conectan a Internet en un país de la Unión Europea distinto al que residen.

Sin embargo, a pesar de que el acuerdo puede ser considerado como positivo para el bolsillo del consumidor, conviene no echar las campanas al vuelo y analizar la “letra pequeña” del mismo, porque se trata de un acuerdo “con pliegues y condiciones”.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que el acuerdo es provisional. Este todavía tiene que ser aprobado por el Parlamento Europeo y los Gobiernos de los 28 países miembros de la Unión Europea antes de ser publicado en el boletín oficial para que entre en vigor.

Esto quiere decir que, aunque la fecha prevista para el fin del roaming sea el 15 de junio de 2017, no hay seguridad de que no se vaya a retrasar el proceso. De hecho, es normal que el usuario desconfíe: la Unión Europea lleva años retrasando la eliminación de este sobrecoste que grava la utilización del teléfono móvil en otros países a pesar de estar en un mercado económico común.

Incluso desde 2013 se ha llegado a otros acuerdos en firme como el de ayer que finalmente no se cumplieron y se retrasó la fecha designada. ¿Por qué? Principalmente, por la presión de diversos países miembros y de las propias operadoras.

De hecho, la fecha señalada en este último acuerdo es precisamente fruto de esas discrepancias. Al inicio de las negociaciones, la pretensión del Parlamento Europeo era que el roaming se eliminase el 15 de diciembre de este mismo año. Por su parte, el Consejo de la Unión Europea recomendaba situarlo a finales de 2016.

Al final, debido a la presión ejercida por algunas compañías telefónicas, la fecha será el 15 de junio de 2017. Es decir, que a pesar de que se está vendiendo como un “logro” y contando con que se respete lo decidido, el consumidor europeo tendrá que seguir pagando durante dos años más un sobrecoste que numerosas asociaciones de usuarios consideran abusivo como para que se aplique en un mercado económico único.

A todas luces, dos años es demasiado tiempo para seguir permitiendo algo injusto. Para mitigar los efectos de este nuevo retraso considerable las instituciones de la Unión Europea han acordado un recorte de precios a mitad del plazo previsto.

Así, como paso intermedio, la UE ha establecido que las tarifas de roaming experimentarán una considerable rebaja el 30 de abril de 2016. A partir de esa fecha, las operadoras tendrán libertad para fijar sus precios, pero el precio mayorista por minuto no deberá superar los 0,05 euros, los 0,02 euros por SMS y los 0,05 euros por megabyte (IVA excluido).

La norma deja así tiempo suficiente a las operadoras para que se adapten a la reducción de ingresos que supondrá la eliminación del roaming, aunque la Unión Europea ya ha anunciado medidas que servirán para “compensarles” por esa pérdida de ingresos.

Por otra parte, y continuando con ese apoyo a las compañías, la UE impondrá una serie de limitaciones a la aplicación de la normativa. Por ejemplo, para evitar el abuso, las operadoras tendrán libertad para aplicar una política “de uso justo”.

El objetivo es evitar prácticas como el “roaming permanente” y para ello podrán imponer límites de minutos, número de SMS y uso de datos al utilizar el teléfono móvil en un país de la Unión Europea que sea distinto a aquel en el que tiene su base la compañía de telefonía.

Según el texto comunitario, la eliminación del roaming tiene sentido en trayectos y viajes temporales que realicen los ciudadanos miembros de la Unión Europea. “En este aspecto, se les permitirá a las operadoras establecer mecanismos para controlar el uso del teléfono cuando se emplee con otro objetivo distinto al de la realización de desplazamientos periódicos”, se señala.

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