"No permitiría ni a un perro vivir en Gaza"

Este miércoles han comenzado las reuniones de la comisión interna creada por Israel para indagar la agresión contra la flotilla. Recuerdo algunas de las anteriores investigaciones independientes de Tel Aviv sobre sus presuntos crímenes de guerra: el uso de bombas de racimo en la guerra del Líbano, la muerte de una familia entera en una playa de Gaza, el bombardeo del barrio de un líder de Hamas en la franja que dejó una larga veintena de muertos civiles…

No es ninguna sorpresa que todas eximan a Israel, como ya ha anunciado Benjamin Netanyahu que ocurrirá con la que se ha establecido para investigar el abordaje de la flotilla. Lo extraño es que el mundo le conceda al agresor la autoridad para investigarse, y que al mismo tiempo las investigaciones internacionales que acusan a Israel con pruebas en la mano carezcan de consecuencias.

Sorprendía hace unos días ver al coronel Desmond Travers y a la reconocida abogada y activista paquistaní Hani Jilani comparecer en la Universidad Americana de Beirut con el rostro turbado y la autojustificación en el tono.

Ellos fueron dos de los cuatro integrantes de la comisión Goldstone, aquella nombrada por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU tras la guerra de 2008/2009 contra Gaza, la llamada Operación Plomo Sólido.

Es importante conocer el currículum de sus integrantes: su presidente fue el juez sudafricano Richard Goldstone, que ejerció de fiscal jefe en los tribunales internacionales de la ex Yugoslavia y de Ruanda, un hombre justo, judío y sionista que hizo su trabajo de forma encomiable pese a las furibundas críticas de las que ya dimos cuenta en Cuarto Poder. Le asistieron los citados Jilani –miembro de la Corte Suprema paquistaní, durante ocho años enviada especial del Secretario General de la ONU para la defensa de los Derechos Humanos- y Travers –coronel retirado irlandés y responsable del Instituto para las Investigaciones Criminales Internacionales, un observador internacional que vivió dos años con su familia en el norte de Israel durante la invasión del Líbano, en 1987, y que fue capturado por grupos armados palestinos y por las fuerzas israelíes-, así como la profesora británica de Derecho Internacional Christine Chinkin, miembro de la Misión de Investigación del episodio de Beit Hanun, cuando en 2008 una familia palestina murió durante el desayuno después de que un tanque israelí disparara contra su sala de estar.

Los cuatro miembros del panel de la ONU fueron descalificados por Israel, que les tachó de tendenciosos y pro palestinos para no aceptar colaborar con su misión. No ocurrió nada. Los investigadores tuvieron que acceder a Gaza desde Egipto y sólo pudieron entrevistarse con las víctimas israelíes de los cohetes Qassam y con los testigos de los excesos en Cisjordania en Ginebra, porque Tel Aviv les negó la entrada a su territorio. Tan abrumadoras fueron las críticas israelíes, que la pasada semana en Beirut se excusaban casi antes de cada declaración. Y sin embargo, sus dos horas de charla fueron la demostración fáctica de que ni siquiera las investigaciones internacionales tienen consecuencia alguna para el Gobierno de Israel ni hacen mella en sus defensores.

Los resultados fueron presentados a finales del pasado septiembre y en ellos se confirmaba que ambas partes, Israel y Hamas, habían cometido crímenes de guerra, cada uno a un nivel muy diferente (1.417 muertos palestinos contra 13 israelíes) . El coronel Travers comenzó recordando la Doctrina Dahiyeh, según la cual Israel prometió usar la misma fuerza desproporcionada empleada en la guerra del Líbano de 2006 contra cualquiera que amenazase a Israel por lo que, a su juicio, no caben demasiadas sorpresas en el impresionante nivel de violencia de Tel Aviv.

Habló de la “naturaleza interna de destrucción” de las fuerzas israelíes, del “vasto y desproporcionado uso de la fuerza” y de una violencia “asimétrica” para describir, desde un punto de vista militar, lo que ocurrió en la franja de Gaza. “Se disparó a civiles en busca de refugio, se atacó ambulancias que trataban de recoger heridos, se arrestó ilegalmente a ciudadanos, se bombardearon refugios civiles, se usaron niños como escudos humanos…”, recitaba con firmeza. “Se ha ignorado la Convención de Ginebra”.

Travers se mostró sorprendido por el hecho de que Israel obviase “una norma elemental en el uso de armamento bélico: minimizar el número de víctimas civiles”. A él no le cabe duda de que “el Ejército israelí actuó de forma desproporcionada con el objetivo de castigar a toda la población de Gaza”.

El coronel irlandés constató los daños producidos a la franja: “terrenos agrícolas, plantas de agua, sistemas de irrigación destruidos… lo peor es que la degradación que implica el bloqueo supone que esos terrenos no se recuperarán: los que están próximos al desierto se desertificarán y los cercanos al mar se salinizarán”. Advirtió del peligro de las armas usadas por Israel, como el fósforo blanco y los explosivos de metal denso inerte, conocidos como DIME, cuyo uso debería, a juicio de la Comisión Goldstone, ser prohibido a nivel internacional.

Recordó que las bombas israelíes han acabado con la industria y con la actividad productiva, condenando “al 80% de la población a depender de la ayuda internacional”, y afirmó que el bloqueo “es la continuación de la guerra por otros medios, y perpetúa la ocupación”. “Yo no dejaría que ni un perro viviera en Gaza”, aseguró. “Israel está tratando de matar de hambre a la población civil. El 30% de la tierra ya se ha perdido y cada día que se impide la reconstrucción de Gaza se pierde más terreno cultivable”.

Jilani, experta en legislación humanitaria, despejó posibles dudas legales, como que la franja sigue siendo un territorio ocupado pese a lo que dice Israel. “La legislación es muy clara al respecto. Si el control del ocupante persiste cuando éste se ha marchado, la ocupación continúa”. “Israel controla las entradas y salidas de Gaza, sus recursos, el agua, las telecomunicaciones, la electricidad… Eso nos lleva a la conclusión de que la ocupación continúa”, dijo antes de recordar que “la resistencia a la ocupación no es ilegítima según la ley internacional”.

A medida que avanzaba su discurso, la paquistaní hablaba al borde de las lágrimas. “He estado en Darfur, he investigado crímenes en Pakistán, pero estoy absolutamente traumatizada por lo que he visto en Gaza”. “Pueden criticarnos y cuestionar nuestros hallazgos, pero cada cosa que hemos visto no puede ser borrada (…) La peor violación de los Derechos Humanos es, a mi juicio, la violación de la dignidad, y eso se puede constatar en cada cosa que ocurre allí”.

Jilani pormenorizó muchos de los episodios de aquella ofensiva investigados por los cuatro miembros de la comisión, como el llamado ‘Incidente de Zeitun’ cuando en una casa de un barrio del mismo nombre 100 civiles fueron hacinados por las tropas israelíes antes de ser bombardeados. Los supervivientes, cercados por los tanques, tuvieron que convivir varios días con 21 cadáveres. “Ha habido tantas violaciones de las normas internacionales que se hacía difícil investigar”.

Jilani recordó que las conclusiones de su informe, aunque son atribuidas a sus investigadores, corresponden ahora a Naciones Unidas. ¿Pero qué sentido tiene encargar investigaciones cuyas recomendaciones no son puestas en práctica?, le preguntó cuartopoder. “Entiendo la frustración de la gente”, respondió. “Mientras Naciones Unidas siga repitiendo su actitud de no implementar las recomendaciones de sus investigaciones o desoyendo a los paneles de investigación que encarga, será muy difícil seguir que la gente confíe en la credibilidad de la institución”.

Si no se puede creer en las investigaciones internacionales, habrá que desconfiar seriamente de las internas. Aunque siempre puede ser peor. Hoy, la ONG israelí B’Tselem denuncia que, desde que finalizase la Operación Plomo Sólido, 83 palestinos o árabes israelíes han muerto en Gaza y Cisjordania, once de ellos a manos palestinas y 72 a manos israelíes. Sobre eso no habrá ninguna investigación, ni nacional ni internacional.