CEAR advierte de una posible llegada masiva de refugiados a las costas españolas
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha solicitado públicamente tanto al Gobierno español como a los demás países de la Unión Europea que “dispongan las medidas necesarias para acoger dignamente a la población refugiada” en el caso de que, debido al agravamiento de la situación en el Magreb, se produzca una afluencia masiva de desplazados.
El llamamiento de la organización española coincide con el de otras ong europeas similares, como la francesa Terre d’Asile, el Consejo Italiano para los Refugiados (CIR) y, sobre todo el Consejo Europeo para los Refugiados y Exiliados (ECRE). Para estas organizaciones, la señal de alarma se encendió al comprobar lo ocurrido en la isla de Lampedusa, perteneciente a Italia, tras la Revolución tunecina del Jazmín y el éxodo en masa de trabajadores extranjeros debido a la guerra de Libia.
“La represión –dice CEAR- ha causado ya miles de muertos y heridos” en el Magreb y en Oriente Medio, además de afectar de forma “generalizada a amplios sectores sociales, grupos políticos opositores y otras minorías”, destacando los acontecimientos “especialmente graves” en Libia. “Dependiendo de la evolución de los acontecimientos, pronto podrían llegar más (refugiados) al conjunto de la frontera sur de la Unión Europea”, señala esta organización humanitaria refiriéndose a las costas de Italia, Francia y España.
CEAR dice también que ya hay personas que, debido a estos motivos, han tenido que huir de Libia, Egipto, Túnez, y también de Marruecos y Argelia, siendo “previsible que muchos más tengan que hacerlo en poco tiempo”. En este sentido, lo ocurrido en la isla italiana de Lampedusa no sería más que un espejo de lo que podría suceder en Ceuta, Melilla, en el litoral andaluz y levantino si el actual proceso de desestabilización se generalizara en el norte de África y terminara afectando de lleno a Marruecos y Argelia.
Teniendo en cuenta la actual legislación europea y española, todas estas personas “tienen derecho a recibir protección en un estado seguro”, recuerda CEAR, que se refiere en concreto a una directiva europea en vigor para la protección temporal de desplazados y, de forma específica, al real decreto de 24 de octubre de 2003, que regula pormenorizadamente la actuación del Gobierno español en caso de “afluencia masiva de personas desplazadas” debido a conflictos bélicos o políticos.
De acuerdo con estos textos legales, el Gobierno español está obligado a poner en marcha las medidas necesarias para dar alojamiento, alimentación y atención médica a todos los refugiados, garantizándoles una documentación provisional que les autorice “a circular libremente por el territorio español y a residir libremente en él” mientras duren las circunstancias que han forzado este desplazamiento masivo.
Según estas normas, las organizaciones humanitarias que generalmente se dedican a atender a los refugiados, entre ellas la propia CEAR, ACNUR y la Cruz Roja Internacional, tendrían que jugar un papel destacado en los trabajos su acogida y regularización legal, pero, hasta el momento, no han recibido comunicación alguna por parte de las autoridades españolas, ni siquiera en previsión de lo que podría ocurrir si la crisis del Magreb se profundizara, según comentó a Cuartopoder Mauricio Valiente, portavoz de CEAR.
Según este organismo, hasta el momento, “las instituciones comunitarias han demostrado una mayor preocupación por la estabilidad regional, el abastecimiento de petróleo y gas y la contención de los migrantes”. “Los muros físicos y jurídicos de la frontera sur europea –concluye el llamamiento de CEAR- no deben impedir a estas personas el ejercicio de su derecho fundamental a solicitar protección y asilo”.
