El Gobierno quiere entregar a Turquía un refugiado político que veraneaba en España

El Gobierno de Mariano Rajoy ha iniciado los trámites para entregar a un militante kurdo de Turquía que, pese a tener estatuto de refugiado político en Alemania, fue detenido por la Policía a requerimiento de Ankara. Firat Demirkiran, de 33 años, se encontraba de vacaciones en España confiando en que aquí funcionaran los mismos criterios que le sirven a Alemania para conceder ese estatus especial y, por lo tanto, para negarse a las requisitorias del Gobierno turco.

Firat, según la información facilitada por los servicios de prensa de La Moncloa, está acusado de “actividades terroristas”, concretamente de apoyar al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), una organización que lucha por los derechos culturales y políticos del pueblo kurdo y que es calificada de terrorista tanto por Turquía como por la Unión Europea. De acuerdo con esta información, Firat es responsable de hacer propaganda del PKK en el instituto de Bingol donde estudiaba entre los años 1990 y 1993, es decir, cuando tenía entre 11 y 14 años.

Igualmente, está acusado de recaudar fondos y material para el PKK durante el año 1999 en la ciudad alemana de Hamburgo, donde reside y mantiene un negocio gracias a los beneficios que le concede el estatus de refugiado político. En concreto, en febrero de ese año habría enviado a Bingol “diez radios con antena” y  tres meses después, en mayo, “una tarjeta telefónica y 50 marcos alemanes”, acusaciones todas ellas que a su abogado, José Luis Galán, solamente le merecen el calificativo de “ridículas”.

Tal y como explica este abogado, a Firat Demirkiran le ha pasado lo mismo que a otros kurdos. Confiando en el estatuto de refugiado político que les conceden otros países de la Unión Europea, viajan a España para realizar actividades de solidaridad con su causa o bien, como en este caso, simplemente para disfrutar de sus vacaciones. Este joven, en concreto, fue apresado en el propio hotel donde se hospedaba por la Policía española debido a que existía una solicitud de detención a través de la Interpol.

Es necesario recordar que, en Turquía, cualquier actividad en defensa de una autonomía kurda, por el reconocimiento oficial de este idioma o para que el marco constitucional acepte la existencia de este pueblo es considerada delito de terrorismo y de apoyo al PKK.

Por este motivo, miles de dirigentes cívicos, sindicales, concejales, alcaldes, parlamentarios, profesores de Universidad y periodistas se encuentran tras las rejas acusados de pertenencia al PKK, cuando, en realidad, solamente piden que el Estado turco reconozca la existencia de un problema que es considerado por todo el mundo el principal y más grave del país.

Tanto la Policía como el Ejército se sienten incapaces de resolver este problema, especialmente grave en algunas provincias del sureste de Turquía como las de Diyarbakir, Batman, Van, Sirnak, Hakkari, Dersim o Bingol, de la que procede Firat Demirkiran.

Conocida su detención en España y el inicio de los trámites para su extradición, tanto Amnistía Internacional como el ACNUR, la organización de las Naciones Unidas para los refugiados, se han dirigido al Gobierno español para que paralice ese procedimiento jurídico. En concreto, John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central, publicó con fecha de 27 de septiembre una carta advirtiendo que se estarían violando diversos acuerdos suscritos por el Estado español precisamente para proteger a los refugiados políticos, de forma especial la convención según la cual un refugiado no puede ser devuelto a su país si existe la posibilidad de que sea torturado o sometido a un juicio sin la suficientes garantías legales.

Pese a la solicitud de Amnistía Internacional, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, propuso al Ejecutivo que aprobara el procedimiento de extradición durante el consejo ministerial del pasado 5 de octubre y así se anunció en la posterior conferencia de prensa. La decisión del Gobierno español es mucho más polémica en estos momentos cuando Turquía parece abocada a entrar en un conflicto bélico con Siria.

Hasta el propio primer ministro, Tayip Erdogan, ha terminado reconociendo que el problema kurdo es un problema político para el que hay que buscar soluciones arriesgadas. Entre estas soluciones, Erdogan planteó la posibilidad de entablar negociaciones directas con el PKK pese a que, oficialmente, es calificado de “terrorista”, proponiendo incluso que en ellas intervenga su máximo líder, Abdulá Ocalán, actualmente cumpliendo cadena perpetua en la prisión-isla de Imrali, donde, desde hace una década, es el único recluso.