Los Hermanos Musulmanes hunden su prestigio sin haber llegado a gobernar

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Un grupo de manifestantes se encaran con las fuerzas de seguirdad durante una concentración de protesta frente al Palacio presidencial de El Cairo, el pasado viernes. / Khaled Elfiqui (Efe)

No deja de ser paradójico lo que está ocurriendo en Egipto. Los Hermanos Musulmanes, tras haber ganado primero las elecciones parlamentarias, después las presidenciales y haber redactado la Constitución “democrática” que les iba a permitir gobernar por primera vez en el país donde nació el principal de los movimientos islamistas, se enfrentan a una nueva revolución popular que les niega legitimidad para permanecer en el poder.

Sus líderes han intentado minimizar la importancia de las manifestaciones diciendo que se trata de unos cuantos miles de descontentos aliados con partidarios de Hosni Mubarak y apoyados por bandas de criminales a quienes se paga dinero para extender el caos por el país. Para los partidos de la oposición, por el contrario, nos encontramos ante una nueva fase de la revolución iniciada hace dos años en la plaza de Tahrir, precisamente porque los nuevos gobernantes han traicionado aquel espíritu democrático.

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Estas fuerzas opositoras acusan abiertamente al Partido de la Justicia y la Libertad, la marca electoral de los Hermanos Musulmanes, y al presidente Mursi de haber engañado al pueblo egipcio, al querer colarle un borrador constitucional elaborado a su medida cuando ese partido se había presentado a las elecciones con planteamientos pluralistas e integradores.

Contra sus promesas, una vez instalados en el Parlamento y la Presidencia, han unido sus fuerzas a los salafistas de Al Nur para dar al texto constitucional una orientación en sentido opuesto. El fraude político consistiría en que, mientras la parte dogmática de la Carta Magna acepta los principios democráticos, el articulado que los desarrolla, como ocurre con la letra pequeña de los contratos bancarios, los enmienda y desnaturaliza.

Así ocurre cuando se recogen en el artículo 2 los principios generales de la Charia (verdad, bondad, igualdad, dignidad…) en tanto que una de las fuentes principales del sistema político. Sin embargo, mucho más adelante, en el artículo 220, se especifica que, a la hora de administrar la Justicia, se seguirá la interpretación jurídica de “Ahl al Sunna wa al Jama”, que, siguiendo las enseñanzas de jurisconsultos como Sayed Sabiq, realiza una interpretación retrógrada de esos valores generales.

De la misma forma, el proyecto constitucional de Mursi reconoce la igualdad ante la ley de todos los egipcios, pero, en la práctica, tal igualdad quedará anulada cuando se aplique el artículo 220 y no se acepte como válido el testimonio de un no musulmán en un juicio contra un musulmán. En Egipto, este hecho es crucial porque coloca en situación de inferioridad a millones de coptos en el caso de que, como suele ser no poco frecuente, tengan conflictos legales con sus vecinos musulmanes en asuntos relacionados con la propiedad, agresiones de palabra y obra, conflictos matrimoniales,  urbanísticos o por la edificación de nuevos templos.

Algo parecido ocurre con otros temas igualmente sensibles en la vida cotidiana. Por ejemplo, en la nueva Constitución se admite, también de forma genérica, la igualdad entre hombres y mujeres, pero el artículo 10 habla de preservar “la auténtica naturaleza de la familia egipcia” y de las “obligaciones familiares de la mujer”, términos que según un análisis realizado por Human Rights Watch, son susceptibles de muy diferente interpretación.

También siembra inquietud cómo se interpretará, según los criterios jurídicos del artículo 220, el “insulto a los profetas” prohibido por el artículo 44. Mientras se defiende a los civiles frente a los militares en el artículo 75, el 198 admite el procesamiento castrense de ciudadanos que atenten contras las Fuerzas Armadas. Periodistas, sindicatos y asociaciones de agricultores han realizado denuncias semejantes. Todo ello ha hecho que los Hermanos Musulmanes, apoyados por los salafistas, se hayan quedado solos en el Parlamento, en la Asamblea Constitucional y en el Palacio Presidencial, del que ya se han marchado la mayor parte de los asesores no islamistas de Mursi.

El decreto constitucional del 22 de noviembre, que ha inmunizando estas instituciones frente a la acción de la Justicia, solamente ha sido el factor desencadenante que ha lanzado a la calle a quienes aún tenían la esperanza de un cambio constitucional democrático y de que los Hermanos Musulmanes, la sociedad islamista de mayor prestigio internacional, fueran capaces de adaptarse a los tiempos modernizando su discurso y de aliarse con las fuerzas progresistas, en vez de echarse en brazos de los grupos salafistas para volver su mirada al pasado.

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