La protección del Líbano, en manos de sus ciudadanos

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Un hombre observa los vehículos calcinados tras la explosión de un coche bomba, el pasado 24 de agosto, en la ciudad libanesa de Trípoli. / Efe

BEIRUT.– Ante el regreso de los coches bomba y la ineficacia del Estado libanés a la hora de mantener la seguridad, los ciudadanos del país del Cedro asumen labores de vigilancia para minimizar los atentados que pretenden sumergir al Líbano en una nueva guerra civil. Empresas, restaurantes, hoteles y particulares acordonan sus locales para impedir que aparquen automóviles; regresan los números de teléfono tras las lunas de los coches para identificar y localizar a sus propietarios y se impide el estacionamiento cerca de centros religiosos para evitar que los explosivos disparen, aún más, la tensión entre las comunidades religiosas.

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Tras los atentados de Dahiye y Tripoli, que en apenas ocho días sumaron 70 muertos y centenares de heridos hace dos semanas, la fobia al coche bomba ha regresado con fuerza al Líbano. Mucho ayuda que, en el último mes, haya sido denunciada la localización de al menos dos coches cargados de explosivos (uno en Naameh, al sur de Beirut, con 250 kilogramos y otro en Bekaa, el pasado fin de semana) y que las investigaciones preliminares de los atentados antes citados apunten a la Inteligencia siria, durante años tutora del Líbano y aún con presencia en el país.

La situación ha modificado los hábitos de la población. Pese a la escasa presencia de turistas, entrar en un centro comercial comporta ahora una larga cola de espera en el acceso al aparcamiento. Allí, uniformados empleados por agencias de Seguridad privadas dan el alto, observan con espejos los bajos del vehículo y rodean el automóvil con una antena antiexplosivos pese a las sentencias y el escándalo que comportó el artilugio, muy popular en el Irak y el Afganistán de los atentados, cuando se descubrió que era un fraude destinado a enriquecer a la empresa que lo comercializa.

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“Se están burlando de la inteligencia de la gente”, se lamentaba el ex presidente del Sindicato de Agencias de Seguridad Profesionales del Líbano, Sami Zod, responsable de Zod Secutiry. Un informe de la mencionada asociación profesional ya advertía que “cualquier pretensión de que [estos ingenios] detectan explosivos o armas en largas distancias carece de base científica”. Pese a ello, el director de una de las cadenas de centros comerciales más lujosas del país, LeMall, anunció al diario Daily Star  haber adquirido detectores de bombas modelos ADE 651 y ALPHA 6 –ambos, citados expresamente en el informe del sindicato como ineficaces– para hacer frente a la nueva temporada de inestabilidad del país.

Tanto comercios como zonas de recreo han registrado un bajísimo número de visitantes en las últimas semanas, pese a la estación veraniega. “La gente evita las actividades de grupo”, expliza Yazan, un joven beirutí residente en Hamra. En Trípoli, algunos padres preocupados comienzan a impedir que sus hijos acudan a la mezquita por temor a más atentados como los que se cobraron las vidas de 40 fieles en dos explosiones frente a dos conocidos templos suníes de la ciudad norteña.

Los libaneses se están convirtiendo, a título individual, en vigilantes privados de sus barrios, esquinas y edificios. Es frecuente ver grupos de hombres en los accesos a cada barriada, muchos con radios u otros sistemas de comunicación. Cada rostro desconocido que acarrea bolsas sufre el escrutinio de desconfiados viandantes, ante el temor de que lleve explosivos. En los suburbios chiíes de Beirut, escenario ya de dos coches bomba y de un ataque con proyectiles, decenas de checkpoints generan monstruosos atascos en los accesos. En los primeros días tras el atentado de Dahiye, se llegaron a contar 33 de estos puestos de control que no son gestionados por policías ni militares, sino por miembros de Hizbulá, la organización que controla el suburbio, aparentemente con la connivencia de las fuerzas de Seguridad, visibles pero menos activas que los seguidores de Hassan Nasrallah.

“Delante de mí, sacaron a una mujer y a sus dos hijos pequeños para cachearlos. La alerta es máxima y no pueden descuidar ningún detalle”, explica Yussef, residente de Beirut con familia en el barrio de Dahiye. En su última visita, tuvo que esperar casi hora y media para atravesar la distancia -en circunstancias normales, 15 minutos- que separa la entrada al barrio de la vivienda de su madre. Según residentes citados por la prensa libanesa, los milicianos que gestionaban estos puestos de control han sido sustituidos, en los últimos días, por “chavales de 17 y 18 años”, una medida que parece explicarse por la movilización de combatientes de Hizbulá en caso de una agresión norteamericana contra Siria.

Según la prensa libanesa, Hizbulá ya había preparado un plan de contingencia para proteger su principal barrio –donde reside más de un millón de chiíes, en su mayoría fieles al partido– en el caso de un conflicto sectario que amenazase con el mismo escenario que Bagdad, en 2004 y 2005. Entonces, atentados contra mercados y zonas residenciales chiíes hicieron estallar una guerra sectaria con los suníes iraquíes. Ahora, la misma situación planea sobre el Líbano. Y al igual que la Resistencia chií ha movilizado a sus hombres para ejercer de vigilantes e impedir eventualmente atentados, la comunidad suní de Trípoli ha comenzado a organizar brigadas ciudadanas con la misma dudosa legitimidad y el mismo loable objetivo. Los dos potenciales bandos en un futuro conflicto ganan así en preparación y delimitan sus territorios al margen del Ejército en un inquietante signo de lo que se avecina.

La carretera al aeropuerto internacional Rafic Hariri de Beirut -la única salida segura hoy en día del Líbano, junto al Mar Mediterráneo- cruza los suburbios, y los checkpoints han comenzado a extenderse más allá de los accesos de Dahiye. Algunos libaneses han denunciado haber recibido el alto y haber sido registrados por los hombres a cargo de esos puestos en aras de la Seguridad. Al mismo tiempo, la citada carretera ha registrado varios secuestros en las últimas semanas que recuerdan inquietantemente a los tiempos de la guerra civil libanesa.

El último de estos episodios fue la captura, el pasado domingo, de dos libaneses suníes del barrio de Bab al Tabbaneh de Trípoli –bien conocido por su animadversión al régimen sirio y a Hizbulá– que serían liberados horas después. No tuvieron tanta suerte los dos pilotos turcos secuestrados hace tres semanas en el mismo lugar, a apenas 50 metros de una patrulla del Ejército libanés: pese a saberse su localización y haber recibido pruebas de vida, no se ha podido lograr la liberación de los empleados de Turkish Airlines: sus captores exigen la liberación de un grupo de peregrinos libaneses chiíes capturados en Siria hace más de un año por los rebeldes anti Assad. En otro episodio no menos impactante, la Embajada de Arabia Saudí en el Líbano intervino hace unos días para facilitar la liberación de dos ciudadanos del reino wahabi. “Miembros de Hizbulá detuvieron a dos nacionales saudíes en [el suburbio chií de Beirut] y les investigaron durante horas antes de liberarles el jueves a medianoche tras la intervención de la embajada”, comunicó un diplomático al diario Ash Sharq Al Awsat.

Los secuestros en la autopista del aeropuerto beirutí explican que, en los últimos días, varias compañías aéreas (entre ellas Air France o Cyprus Airways) hayan decidido cancelar sus vuelos nocturnos a Beirut para evitar que sus tripulaciones tengan que pernoctar en la capital libanesa. Del mismo modo, la inseguridad ha hecho que varios países, los últimos Kuwait, Emiratos, Arabia Saudí y Bahrain, hayan pedido a sus ciudadanos que abandonen el Líbano. El Gobierno de España, en los últimos días, hizo lo mismo dado el potencial de conflicto que existe en el país del Cedro.

Estigmatizado por su escasa credibilidad, su falta de equipamiento, sus deudas políticas y su incapacidad para poner orden en un territorio que se le ha ido de las manos, el Ejército libanés intenta mantener la ficción de Estado consciente de sus limitaciones. La institución acaba de presentar el Escudo de las Fuerzas Armadas, una aplicación para teléfonos inteligentes mediante la cual los ciudadanos pueden “enviar textos, imágenes, vídeos o audios para señalar la presencia de cuepos sospechosos o incidentes de seguridad como secuestros, invasiones armadas, violación de fronteras o incendios”. Así mismo, el LAF Shield permitirá acceder a un mapa donde se indiquen las zonas de peligro potencial y números de teléfono con los que contactar en caso de emergencia. “Pretendemos hacer participar al mayor número posible de ciudadanos en la protección de la patria”, informó el alto mando en un comunicado.