Las dudas sobre el proceso democrático de Birmania planean sobre el foro de ASEAN

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Desplazados de la comunidad rohingya
Desplazados de la comunidad rohingya, en el estado birmano de Kakhine.  / Wikimedia

“Seguimos profundamente preocupados por la situación humanitaria en el Estado de Rakhine [Arakan] y por el trato hacia los rohingya y otras comunidades musulmanas, que continúan padeciendo discriminación y abusos. Uno de los mensajes principales que enviaré en esta visita es que el Gobierno de Birmania tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad y el bienestar de todo su pueblo, y que las libertades y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos deben ser respetados. Esa es la única forma de que las reformas puedan seguir su curso”.

Con esa declaración al diario Irrawaddy, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, inauguraba su visita oficial a Birmania satisfaciendo una demanda básica que se le llevaba haciendo desde hacía semanas en las redes sociales: llamar a los rohingya, la comunidad musulmana abocada a la limpieza étnica por la política de las autoridades birmanas, por su nombre. El hashtag #justsaytheirname (#simplementedisunombre) surtió efecto, aunque sea de forma simbólica. Las violaciones de los Derechos Humanos en Birmania, simbolizadas en el ensañamiento contra este colectivo pero extensibles a otras muchas comunidades étnicas, son la principal asignatura pendiente de un país que pretende confirmarse como un socio legítimo de Occidente tres años después de que la Junta militar dejase paso a un Gobierno democrático. La realidad sobre el terreno, sin embargo, aleja notablemente a Birmania de las promesas que ya realizó en 2012, cuando Obama se convertía en el primer presidente norteamericano en visitar en décadas la turbulenta nación con el objetivo de apadrinar un proceso democrático que hoy parece dudoso.

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Ayer, Obama regresó a Birmania en un contexto diferente. La nación del sureste asiático pretende relegitimarse acogiendo la cumbre de ASEAN (Asociación de Naciones del Sureste Asiático) que recibe estos días en su nueva capital, Naypyidaw, a líderes como el propio norteamericano, el indio Narendra Modi, el primer ministro japonés Shinzo Abe o el chino Li Keqiang para impulsar la integración económica regional y debatir la solución a problemas para las disputas de soberanía que mantiene Pekín con países como Vietnam o Filipinas, ambos próximos a Washington. La reunión en sí fortalece al Gobierno civil birmano –el primero tras décadas de dictadura militar-, dirigido por el ex general Then Sein, pero también pone el foco sobre las promesas de reformas anunciadas hace dos años. Y el balance no es precisamente positivo. “La esperanza y el optimismo que teníamos en 2012 simplemente se ha desvanecido”, afirmaba la periodista y fundadora del diario independiente Irrawaddy, Aung Zaw. El Gobierno “carece de voluntad política para implantar reformas. Han logrado que Occidente alivie las presiones y retire las sanciones. Han logrado atraer la inversión extranjera. Y pretenden haber hecho suficiente”.

Athavan News (YouTube)

"El proceso de reformas comenzó a estancarse el año pasado. De hecho, me gustaría preguntarle a los que tanto hablan sobre las reformas: ¿Qué pasos significativos se han adoptado en cuanto a reformas en los últimos 24 meses?", avisó la Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, el pasado miércoles en una rueda de prensa. Ese mismo día era exhumado el cadáver de un periodista, Par Gyi, desaparecido a finales de septiembre cuando cubría enfrentamientos entre la comunidad karen y el Ejército. Su mujer denunció su desaparición el 19 de octubre y, tras hacerlo, el Ejército anunció que Gyi había sido abatido el 4 de octubre: le acusaban de militar en la insurgencia karen y de haber tomado las armas. Su cadáver, enterrado en la jungla, presentaba signos de tortura y ejemplifica la impunidad de la que sigue gozando el Ejército en Birmania y la nueva campaña de represión contra la prensa: 16 periodistas han sido encarcelados con el actual Gobierno.

Cuando Then Sein llegó al poder, presentó 11 objetivos a cumplir durante su mandato. La agencia AP realizaba estos días un repaso al resultado. Prometió a Cruz Roja Internacional acceder a las prisiones y cumplió, pero ignora las denuncias realizadas sobre maltratos a los presos. Prometió invitar a la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al país y lo hizo, pero prohibió que abriese una delegación que vigile el respeto a los derechos básicos. Prometió probar los crímenes de los opositores que pueblan las cárceles y, de facto, liberó a 1.300 presos políticos pero, según las ONG, cientos más han sido detenidos en el último año. Prometió un cese de fuego permanente en el Estado de Kachin y los combates entre los karen y los shan y el Ejército siguen siendo habituales, hasta el punto de que unas 100.000 personas han debido abandonar sus hogares huyendo de la violencia: unos 2.000 han sido expulsados por el Ejército, que sigue ejerciendo el terror como en los viejos tiempos. Prometió prevenir la violencia étnica en el estado de Rakhine, hogar de un millón de rohingya, y lejos de ello prosigue una política que se califica abiertamente de genocida y de limpieza étnica por parte de todos los observadores y ONG involucradas. ONG como Fortify Rights han denunciado en diversas ocasiones las políticas birmanas destinadas a la persecución, y en último caso al genocidio, de la minoría rohingya.

Se calcula que, de 1.3 millones, 140.000 rohingya son desplazados internos. Decenas de miles han abandonado Birmania en azarosos viajes donde a veces son secuestrados, a veces esclavizados y con suerte terminan en campos de refugiados de Tailandia, el destino de unos 100.000 birmanos de diferentes etnias. En su país, los rohingya viven hacinados en campos, no tienen libertad de movimientos y su mera supervivencia depende de la caridad internacional pero cada vez son menos las ONG capaces de asistirles a causa de las restricciones impuestas por el Gobierno birmano, que recientemente expulsó a Médicos Sin Fronteras del Estado de Rakhine. “Lo que está ocurriendo no es casual. Se trata de un plan intencional, deliberado, para acabar con la existencia de los rohingya”, asegura Kyaw Min, uno de sus líderes.

Conforman toda una comunidad de sin papeles  dado que no se les ha concedido la nacionalidad birmana: de hecho, las autoridades no reconocen su mera existencia. Les invitan a declararse bengalíes –término que se refiere a los inmigrantes de Bangladesh- para ser naturalizados y en caso contrario, les amenazan con detenerles y expulsarles. Nadie pronuncia en Birmania su nombre, de ahí la campaña para fomentar el término, iniciada por la relatora especial de la ONU Yanghee Lee en su informe del pasado 28 de octubre. “Soy muy consciente de la sensibilidad en torno al uso del término 'rohingya', que no es reconocido por el Gobierno birmano", dijo antes de señalar que identificarles como bengalíes es una violación de sus derechos fundamentales. “Me preocupa que los rohingya estén obligados a identificarse a sí mismos como bengalíes y que, si no lo hacen, se les excluya del proceso de verificación de ciudadanía que se está implantando”. "Es algo más que un nombre. Son 1,3 millones de personas que están siendo perseguidas y una cultura en peligro de ser borrada de Birmania". El director de Fortify Rights, Matthew Smith, destaca que el Ejército está cometiendo abusos sobrecogedores mientras el Ejecutivo emplea “una narrativa romántica de cambios inconsistente con la situación de crímenes de guerra y de amplia impunidad”.

Con el país altamente militarizado y decenas de guerrillas combatiendo con el Ejército –con algunas se han llegado a armisticios en ocasiones rotos por ocasionales intercambios de fuego-, las reformas políticas parecen una fachada con la que el Gobierno pretende seguir ganándose favores económicos de otros países. Según los analistas el poder sigue estando en manos de los militares, los mismos que manejan la economía del país. La cumbre de la ASEAN bendice así un cambio que no ha mejorado de forma estructural las vidas de los birmanos, y es poco probable que se apliquen medidas que se traduzca en determinación política. “Las naciones de ASEAN tienen mucha más responsabilidad de la que tiene Obama. Podrían coordinar una respuesta que aplique presión”, destaca Matthew Smith.

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