«Aborté a mi bebé para poder volver al trabajo otra vez»
"Se enojaban cuando sabían que alguna trabajadora estaba embaraza. Despedían a las embarazadas. Así que decidí abortar a mi bebé para poder trabajar otra vez". La dureza del testimonio de Nheoum Soya, trabajadora de la industria textil de Camboya, no ilustra un caso aislado sino una dramática tendencia en las fábricas del país asiático que abastecen de ropa al mercado occidental donde, como denuncia en su último informe Human Rights Watch, titulado Trabajen más rápido o váyanse: Violación de derechos laborales en el sector de indumentaria de Camboya, los derechos laborales más básicos son violados ante la indiferencia del Gobierno.
Horas extras obligatorias que alargan jornadas hasta 12 horas, pagadas a 23 céntimos la hora, prácticas antisindicales, contratos de corta duración renovados durante años y una especial fijación contra las mujeres embarazadas para poder prescindir de permisos médicos y prestaciones por maternidad, conforman el panorama al que se enfrentan los 700.000 trabajadores, entre el 90% y el 92%, mujeres, empleados en las 1.200 fábricas textiles del país. Como otros países asiáticos como Tailandia, India o Bangladesh, la economía camboyana se apoya en los encargos de ropa y calzado de las grandes marcas occidentales para su supervivencia, con exportaciones anuales por valor de 5.400 millones de euros.
Las razones son múltiples: una ingente mano de obra, salarios son muy bajos, países bien comunicados y administraciones deseosas de atraer al inversor extranjero con todo tipo de facilidades. Pero las grandes marcas, salvo contadas excepciones, no suelen supervisar las condiciones de trabajo de sus costureros asiáticos, explotados y desprotegidos en regímenes tan poco democráticos como el del camboyano Hun Sen, antiguo jemer rojo erigido desde hace 30 años en primer ministro y que suele demostrar un absoluto desdén por los Derechos Humanos.
Leouk Thary (su nombre es ficticio, como todos los que figuran en el informe, para preservar la seguridad de los 340 entrevistados) trabajaba con un contrato de corta duración –como la mayoría de los que se aplican en Camboya para facilitar eventuales despidos– que su patrón le había renovado ya varias veces cuando, un día, comenzó a sangrar copiosamente por la nariz. Pidió ausentarse para ir al médico pero sus superiores le dijeron que siguiera trabajando. Asustada, decidió marcharse al hospital. Cuando volvió al día siguiente con un certificado médico donde se requería una baja para ser operada, fue despedida. A Ly Sim, jefa de equipo de costureras, sus patrones le notaron el embarazo tras meses tratando de ocultarlo. Le rebajaron de categoría laboral y redujeron su sueldo. Cuando protestó junto a un sindicato por estos despropósitos, fue despedida.
“El gobierno de Camboya debería tomar medidas urgentes para revertir la deficiente aplicación de su legislación laboral y proteger a los trabajadores frente a los abusos”, señalaba en un comunicado Aruna Kashyap, investigadora de derechos de la mujer de Human Rights Watch. Además de despidos caprichosos y aleatorios, tanto de embarazadas como de trabajadores enfermos o de empleados sindicalistas, en el informe se denuncia la obligatoriedad de trabajar horas extraordinarias que nunca son pagadas. “Si bien la legislación laboral de Camboya exige que el trabajo de horas extras sea voluntario, trabajadores de 48 fábricas proveedoras de marcas internacionales aseguraron a Human Rights Watch que se cumple de manera forzada. En el 25% de estas fábricas, las represalias incluyen despidos, deducciones salariales y traslados punitivos”.
La Asociación de Fábricas de Ropa de Camboya se defiende asegurando que las empresas que suscriben contratos de corta duración –la norma en el país asiático– son “ovejas negras”, pero la agencia Better Factores Cambodia (BFC), creada por la Organización Internacional del Trabajo como órgano independiente para supervisar la aplicación de los derechos laborales en las empresas camboyanas, no ha constatado lo mismo, si bien sí ha detectado leves mejoras. Según BFC, el número de factorías que sigue realizando esos contratos ha pasado del 76% en 2011 al 67% en 2014. Desde 2011, BFC ha constatado que un tercio de las fábricas se niega a pagar prestaciones por maternidad o por antigüedad.
Human Rights Watch (YouTube)
La explotación laboral no es una inquietud precisamente para el régimen de Phnom Penh, como demuestra la represión militar lanzada por las autoridades en enero de 2014 para eliminar brutalmente las manifestaciones masivas de trabajadores del sector textil que tomaron las calles en exigencia de un aumento salarial. Finalmente, la presión social local y externa forzó a las autoridades a decretar un aumento del salario mínimo que (de 75 a 120 euros mensuales), según muchos de los trabajadores citados en el informe, es cobrado a los mismos empleados en forma de aumento de producción diaria.
La legislación laboral aprobada en 1997 se suponía fuerte y avanzada para el contexto regional, pero no se aplica sobre el terreno. Del millar de inspecciones laborales que se realizaron entre enero de 2009 y diciembre de 2013, el Gobierno sólo impuso 10 multas: eso, pese a que el 94% de fábricas vigiladas por BFC violaban la regulación de las horas extraordinarias. Lo más grave es que BFC sólo tiene mandato para examinar las actividades de las empresas exportadoras y no de las pequeñas fábricas que alimentan a aquéllas. Y esas pequeñas fábricas textiles son las más expuestas a la sobre explotación laboral.
La lista de hallazgos de HRW a lo largo de las 140 páginas de su informe es inacabable. “Se incluyen horas extraordinarias forzosas y represalias contra quienes pidan exención, ausencia de pausas para descanso, rechazo de bajas médicas, mano de obra infantil y el uso de estrategias anti sindicales para frustrar sindicatos independientes. Además las mujeres se enfrentan a discriminación por embarazo, acoso sexual y negación de bajas por maternidad”. “Tengo que permanecer sentado 11 horas seguidas y me arde el trasero. No puedo ni ir al baño”, denuncia en el informe Keu Sreyleak. “No importa si estás o no embarazada, o si estás enferma. Tienes que permanecer sentada y trabajar. Si descansas un momento, el trabajo se apila en tu mesa y el supervisor viene a gritarte. Si se considera que eres lento trabajando, tu contrato no será renovado”, denunciaba Po Pov, otro trabajador de Phnom Penh.
En su informe, Human Rights Watch no sólo responsabiliza al Gobierno camboyano sino también a las marcas internacionales que se abastecen en el mercado asiático aprovechando los bajos costes que representa la sobre explotación laboral. “Se trata de marcas de vestimenta globales ampliamente conocidas. Tienen una posición privilegiada y pueden y deberían hacer más para asegurar que sus contratos con fábricas textiles no contribuyan a que se violen derechos laborales”, denunciaba la investigadora Aruna Kashyap. De las cerca de 200 marcas que contratan la confección de prendas en Camboya, HRW estuvo en contacto con Adidas, Armani, Gap, H&M, Joe Fresh y Marks and Spencer: “De ellas, Adidas, Gap y H&M conversaron seriamente sobre las acciones que están realizando para abordar los problemas identificados. Adidas y H&M divulgan públicamente los nombres de sus proveedores y actualizan periódicamente sus listas. Marks and Spencer se ha comprometido a difundir su lista de proveedores en 2016. Sólo Adidas ha establecido un procedimiento para que los trabajadores puedan solicitar protección si denuncian irregularidades”.
H&M ha respondido a la informe con un comunicado en el que se define como “una de las empresas de moda más concienciadas con la sostenibilidad a nivel global”, donde subraya su “estrecha comunicación” con HRW durante la confección del informe. La marca resalta que fue una de las primeras empresas internacionales, en 2013, en difundir listas con los nombres de las empresas textiles subcontratadas y se compromete a trabajar en la consolidación de los derechos legales básicos en Camboya.
