"En Guatemala, la Justicia es para los ricos. Esperemos que acá paguen sus crímenes"

Jacqueline Orellana tenía 23 años y un hijo de cuatro cuando su marido, preso en el centro penitenciario de Pavón en Guatemala, falleció en un operativo de las fuerzas de seguridad. Las autoridades dijeron que los presos se habían amotinado y se habían visto obligados a responder con disparos, pero ella había hablado con su pareja solo unas horas antes y tenía muchas piezas que no encajaban. Su esposo fue una de las víctimas de las ocho ejecuciones que tuvieron lugar en 2005 y 2006 en un supuesto plan de terrorismo de Estado, y que se le atribuyen a Carlos Vielmann, de doble nacionalidad española-guatemalteca y entonces ministro de Gobernación, equivalente a ministro de Interior en España.

De los ocho fallecidos, uno era un preso fugado de la cárcel El Infiernito y los otros siete, entre los que se encuentra el marido de Orellana, fueron ejecutados en la cárcel Granja Modelo de Rehabilitación Pavón. Al parecer, hubo en El Infiernito otros dos condenados a muerte por mal comportamiento, que no llegaron a ser liquidados. Bajo los denominados Plan Gavilán y Plan Pavo Real, respectivamente, Vielmann había dirigido, según la acusación, una estructura criminal clandestina para llevar a cabo un plan sistemático de “limpieza social”. El exministro está siendo juzgado en la Audiencia Nacional (AN) desde el pasado 10 de enero y el fiscal pide para él 160 años de cárcel, a razón de 20 por cada una de las muertes. Este pasado lunes Jacqueline Orellana declaró en el caso. “Allá la Justicia es para el que tiene dinero. Esperemos que acá sea diferente y que los ricos tengan que pagar por sus crímenes, como hacen los pobres”, ha indicado a cuartopoder.es.

El 24 de septiembre de 2006 fue la última vez que Orellana vio a su pareja, Abraham. Como cada fin de semana, acudió junto a su hijo al centro penitenciario de Pavón para visitarle, llevarle ropa y comida. Sin embargo, los funcionarios de la prisión le impidieron entrar porque su “cédula” --carné de identidad-- estaba caducada. A ella le pareció extraño, porque en el centro ya la conocían y normalmente ni siquiera le pedían documentación para pasar. Su marido también tuvo problemas para salir a su encuentro, aunque finalmente pudieron verse.

Por la noche, relata Orellana, su hijo quiso hablar con su padre por teléfono y decidió llamarle. Durante la conversación, su marido le preguntó si tenía que ir a trabajar al día siguiente. “Aquí está medio raro, parece que va a haber traslados”, le contó. Horas más tarde, ya de madrugada, volvieron a hablar. Había llegado la Policía, también el Ejército, y habían sacado a los presos de sus dependencias. “Le dije que no se separaran, que tuvieran cuidado, que yo me iba a renovar la cédula para que no me pusieran problemas al entrar. Él me dijo que no me preocupara, que probablemente iba a quedarse incomunicado durante un tiempo”, relata Orellana. Fueron las últimas palabras que escuchó de su boca.

Al día siguiente, cuando Orellana se encontraba en un autobús, recibió la terrible noticia. Una tía la llamó por teléfono y le dijo: “Al Abraham lo mataron”. Lo había escuchado en las noticias y lo había podido confirmar en  una radio del país. Se quedó en estado de shock, simplemente no lo podía creer. Después, la tragedia se confirmó. Cuando acudió a la morgue, no sólo pudo identificar a su marido, sino que vio el resto de cadáveres. “Los vi a todos golpeados, con disparos. Fue tan duro...”, explica con lágrimas en los ojos.

Poco después, Orellana acudió a la prisión a recoger las pocas pertenencias de su marido, aunque no le entregaron casi nada. Allí fue donde se encontró con otros presos, quienes le contaron su versión de lo sucedido, que poco o nada tenía que ver con la versión oficial. Según le relataron, los policías tenían una lista y obligaron a los presos a ponerse en fila mientras comprobaban si sus nombres aparecían en el papel. A unos los apartaban, a otros no. Algunos empezaron a bromear y a su marido uno de los policías le espetó: “Te voy a borrar esa risita de burla que tienes”. Ahí lo apartaron del resto. “Todo estaba planeado porque los juntaron en un lugar de la cárcel y ahí los mataron. Después pusieron los cuerpos en diferentes puntos del centro. La prensa tomó fotos donde se veía el rastro de sangre porque habían movido los cadáveres”, explica.

Orellana está convencida, igual que el resto de familiares que tienen que prestar declaración para el juicio de Vielmann, que todo fue un plan orquestado por las autoridades. “Dijeron que estaban armados, pero ¿cómo iban a estarlo si sabían que iba a haber una requisa? Sabían que eso jugaba en su contra. Allí no tenían armas”, explica. Con el paso de los años, Orellana ha reflexionado sobre lo sucedido y ahora cree que las ejecuciones de Vielmann formaban parte de una estrategia del exministro, entonces en el gobierno de Óscar Berger, para ganar popularidad por su mano de hierro de cara a las elecciones generales que iban a celebrarse en 2007.

Los años han pasado, pero las secuelas continúan. Tras la muerte de su padre, el hijo de Orellana no jugaba en el colegio y, según contaba la maestra, muchas veces se ponía a llorar. Aun hoy, el niño guarda todavía el miedo y le preocupa que le ocurra algo malo a su madre. Es la primera vez que Orellana, ahora con una hija de tres años fruto de una nueva relación, sale de Guatemala y viaja a un país extraño. Su hijo no para de mandarle mensajes para asegurarse de que está bien.

Vielmann, de nacionalidad española por sus abuelos, se enfrenta a una pena de prisión de 20 años por cada uno de los delitos perpetrados y podría cumplir un máximo de 40 entre rejas. Por estos mismos hechos, el exdirector general de la Policía Nacional Civil de Guatemala, órgano que depende del Ministerio de Gobernación, fue condenado a cadena perpetua en Suiza. Durante las próximas semanas, seguirán declarando testigos y peritos, entre ellos, el presidente de Guatemala de aquel momento, quien ha sido llamado por parte de la defensa del acusado.

Los informes periciales del juicio sostienen que los enfrentamientos entre los presos y las fuerzas del orden habrían sido simulados, mientras que la escena del crimen habría sido manipulada para encubrir los delitos cometidos y de esta manera proteger a aquellos que participaron en las ejecuciones. La vista oral tiene lugar tres años después de que se confirmase el proceso del exministro, a quien el juez instructor de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez le acusó de crear “una estructura criminal parapolicial” dentro del propio Ministerio. Vielmann niega los hechos.

No es el único caso por el que la Justicia reclama al exministro, ya que bajo su mandato (2004-2007) se produjeron varias muertes. También se le investiga por el fallecimiento de 11 campesinos durante un desalojo en la finca de Nueva Linda y por las muerte de tres diputados de El Salvador y un piloto.

(*) María F. Sánchez es periodista.