Más de 700 líderes y lideresas asesinadas: la radiografía del acuerdo de paz en Colombia

Hace tres años el escenario del Teatro Colón de Bogotá presenció una de sus obras maestras, una donde los ensayos duraron más de cincuenta años. Las más de doscientas mil víctimas contabilizadas y otras miles sin contabilizar, desaparecidas o dadas por desaparecidas, relatan los horrores de un conflicto armado, social y político al que todavía le quedan fusiles por silenciar. Este 24 de noviembre se cumplen tres años de la firma del acuerdo de paz en Colombia entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC-EP.

“Nos sentimos cada día más amenazadas”, afirma Irene Ramírez, defensora de los derechos humanos y lideresa campesina del Nororiente colombiano. “En Colombia, cada día están asesinando a líderes y lideresas sociales”. Ramírez visitó Barcelona con motivo de las jornadas anuales de la Taula Catalana per Colòmbia para hablar sobre los mecanismos de protección y autoprotección que han desarrollado las propias comunidades, ante la falta y abandono del Estado en la seguridad de quienes defienden el territorio y la paz. 

Desde que se firmó el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, FARC-EP, 627 líderes y lideresas sociales han sido asesinadas -728 si se añaden los datos desde enero de 2016-, así como 137 excombatientes en proceso de reincorporación y 37 de sus familiares. Estas son cifras de julio de 2019 que aporta INDEPAZ, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia, pero las estadísticas de defensoras y defensores colombianos asesinados aumentan conforme pasan las horas. Y las personas que más lo sufren son aquellas pertenecientes al movimiento campesino, indígena y afrodescendiente, en territorios donde la lucha por la paz cuesta la vida. 

Además, la entrada al ejecutivo en agosto de 2018 del partido conservador Centro Democrático, con Iván Duque como presidente, no garantiza ni la seguridad de defensoras, ni la implementación del acuerdo de paz. Para Ramírez, esta época recuerda a la vivida con el expresidente y actual senador Álvaro Uribe, fundador del partido en el poder y quien durante su periodo de mandato, entre 2002 y 2010, instauró políticas de seguridad alentadas hacia el miedo, la estigmatización y la criminalización de las comunidades rurales del país, a las que acusaba de pertenecer a la guerrilla. Es por ello, que llevó a cabo una eliminación sistemática a través de los cuerpos paramilitares y estatales, en lo que se conoció como los falsos positivos, asesinatos selectivos de civiles a los que hacían pasar por guerrilleros muertos en combate.

“Desde las organizaciones sociales no queremos seguir en esa lucha de asesinatos que está acabando con nuestro territorio y vendiéndolo a pedacitos a las multinacionales y las transnacionales”, continúa la defensora. “Y ante lo que está ocurriendo, hay quienes están callados, como la ONU, que debería estar peleando más. El acuerdo de paz son para transformar el país y terminar con los conflictos, no para agravarlos”. 

Además, la defensora pone en relieve el incumplimiento del acuerdo de paz en materia de proyectos productivos e infraestructuras para las comunidades rurales más abandonadas del país. Zonas donde la insuficiencia de vías para sacar el producto y venderlo a un precio razonable, hizo que muchas personas subsistieran con los cultivos de uso ilícito, ya que no había otra manera de sobrevivir en la región. “Ante la falta de garantías, la preocupación más grande que ahora tenemos es que el campesinado siga cultivando la hoja de coca”, constata la lideresa: “y es un error porque el Estado va a culpabilizar a esas familias y las va a encarcelar. Ahí sí va a cumplir”.

Irene Ramírez fue una de las primeras mujeres lideresas dentro de una organización social rural colombiana y es presidenta de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) desde al año 2014, donde ocupó la directiva como tesorera tras la detención injusta y sin pruebas de sus compañeros en 2007-2008. Tiene 51 años y lleva más de diez dentro del proceso. “Para mí es un orgullo ser mujer campesina. Somos las que, de una manera u otra, sabemos cómo nos ha tocado vivir en los territorios, tener a los hijos en medio del conflicto... Desde niñas no pudimos tener una educación de calidad, porque nuestro deber era estar en la casa. Tenemos asumido que las mujeres tenemos que hacer caso a los maridos y cuidar solas a nuestros hijos e hijas, porque ellos no pueden, o porque nosotras mismas pensamos que debe ser así. Tenemos que ir cortando con esas creencias y empezar a perder el miedo y la inseguridad a presentarnos en los espacios públicos. Desde el comité de mujeres de la ACVC, intentamos empujar a las que vemos que son muy capaces en la región y con grandes dotes de liderazgo. Si nosotras mismas no exigimos nuestros derechos y no nos representamos, no esperemos que los compañeros lo vayan a hacer”. 

La nueva amenaza para el Estado: defensoras y defensores de derechos humanos

“La amenaza para el Estado ya no son las FARC-EP, sino las lideresas y los líderes sociales”, afirma Carlos Morales, defensor de derechos humanos y presidente de la organización campesina Cahucopana, también del Nororiente colombiano. “Es el Estado colombiano el que está asesinando a los líderes sociales en el país. Y es ese mismo Estado quien desarmó a las FARC-EP para estructurar al paramilitarismo, porque ahora el problema somos los y las dirigentes sociales campesinas, indígenas y del movimiento ambiental, que interferimos en los intereses económicos”, matiza Morales, quien también participó en las jornadas sobre defensoras y defensores en Barcelona. Asimismo, el defensor dice que aunque todavía está presente la guerrilla del ELN, Ejército de Liberación Nacional, y las disidencias de las FARC-EP, estos grupos no son los que actúan mayoritariamente en contra de defensores y defensoras, más bien es “lo que el Estado quiere hacer creer”.

Con 32 años, Morales lleva a sus espaldas 18 como líder social, pues ya desde los 14 vio la necesidad de defender el territorio y la vida de las comunidades campesinas. “En el conflicto colombiano uno nace dentro y el mismo conflicto obliga a parársela y elegir una opción: o te vas para la guerrilla, para las Fuerzas Militares o te haces defensor de los derechos humanos y emprendes una lucha pacífica”.

Al igual que Ramírez, el defensor denuncia la situación de inseguridad que enfrentan líderes y lideresas sociales en Colombia y hace un llamado a la Comunidad Internacional para que tome cartas en el asunto y denuncie al Gobierno colombiano por la impunidad. Y manifiesta que la inseguridad para líderes y lideresas ha aumentado a raíz del acuerdo de paz. “Los paramilitares están asesinando y el ejército también. Es una política clara del Estado para acabar con el movimiento social y desplazar a las comunidades de los territorios. Y si esto sigue así, vienen vientos de movilización de masas”, concluye el líder campesino a raíz de las movilizaciones y protestas del pasado 21 de noviembre, donde se exigía, entre otras cosas, la implementación con garantías del acuerdo de paz la seguridad de quienes lo defienden.  

Morales tuvo que salir desplazado dos veces del territorio, amenazado y acusado injustamente por homicidio, delito por el que estuvo preso en 2016 y por el que salió inocente tras ocho meses. El ímpetu por defender los derechos humanos ya le viene de familia y ahí es donde, dice, reside lo bonito de este movimiento social. “Somos víctimas del conflicto y amamos tanto a este país que por eso luchamos. Y eso hace que cada día uno se enamore más de esta causa de la que es difícil retirarse”.