EUROPA

Iglesias y sus homólogas italiana y portuguesa exigen un ingreso mínimo vital europeo

  • El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 publica un artículo en 'La Vanguardia'
  • Nunzia Catalfo, ministra de Empleo y Asuntos Sociales de Italia, en 'El Corrriere de la Sera' y Ana Mendes, ministra de Empleo, Solidaridad y Seguridad Social de Portugal, en 'Publico'
  • La propuesta está siendo estudiada por el resto de estados miembros y recibiendo reacciones positivas

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La Unión Europea es un campo de batalla dialéctica y política. Los diferentes gobiernos toman posiciones durante la situación generada por la pandemia de coronavirus covid-19. De las soluciones comunitarias que se establezcan para la debacle económica y social que nos espera, dependerá el futuro de la Unión, pero también las condiciones de vida de millones de personas en los distintos estados. Desde el Gobierno de coalición español, son muy conscientes de ello.

En este contexto, se encuadra esta reclamación del vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, que publica hoy un artículo en La Vanguardia y reclama un ingreso mínimo vital europeo. Al mismo tiempo, sus homólogas italiana y portuguesa lo publican en diarios de sendos países: Nunzia Catalfo, ministra de Empleo y Asuntos Sociales de Italia, del Movimiento Cinco Estrellas, en El Corrriere de la Sera; y Ana Mendes, ministra de Empleo, Solidaridad y Seguridad Social de Portugal, en Publico.

Desde las tres tribunas, estos integrantes de los tres ejecutivos progresistas del sur de Europa defienden que es el momento de que la Unión Europea avance en el desarrollo de un plan de acción para "implementar los derechos sociales como uno de los pilares" sobre los que se sustente Europa, poniendo, de este modo, en marcha un “escudo social europeo”, a similitud de lo desarrollado por el Gobierno de coalición durante las últimas semanas, que incluya un ingreso mínimo de carácter europeo.

"Las personas más vulnerables son las que sufrirán con mayor dureza los embates de esta crisis y los gobiernos debemos adoptar medidas ambiciosas y valientes de solidaridad para evitar el riesgo de pobreza y exclusión social", advierte Iglesias en el rotativo catalán, que cifra en Europa "más de 113 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social y 25 millones de niños que viven por debajo del umbral de pobreza".

El momento es histórico, y así lo lee Iglesias, quien ya aseguraba en una reciente entrevista con cuartopoder que era el momento de afrontar la crisis con valentía política y medidas de calado como una suerte de New Deal europeo. Inversión pública, en definitiva, que merme las trágicas consecuencias económicas y sociales y que sirva de empuje para reactivar la economía. El vicepresidente, en el texto publicado hoy, valora positivamente las iniciativas en las que actualmente trabaja la Unión Europea, pero advierte de que es necesario ir más allá para asegurar que todo el mundo tiene cubiertas sus necesidades básicas. "Para ello necesitamos un sistema de ingreso mínimo común que permita combatir la pobreza y la exclusión social desde una óptica ambiciosa e integrada", escribe.

"La Unión Europea necesita un marco común de garantía de ingreso mínimo que no se limite a un nivel de supervivencia o simplemente a la tasa de pobreza calculada a partir de la renta media europea sino un instrumento jurídicamente vinculante para todos los estados miembros en el que se defina un marco de referencia para el establecimiento de un ingreso mínimo adecuado, adaptado al nivel y al modo de vida de cada país", prosigue.

Según cuentan fuentes de la vicepresidencia, "se trata de una propuesta adaptada al nivel y modo de vida de cada país, y se armonizaría con los sistemas de renta que ya tienen" y "no está pensado para sustituir los sistemas de renta nacionales, sino para alcanzar unos estándares mínimos que deben cumplir todos los países". "Esta iniciativa se complementaría también con el reaseguro europeo de desempleo, el sistema de garantía infantil y juvenil o el salario mínimo europeo", explican.

Actualmente, la propuesta que defienden los responsables ministeriales de derechos sociales de España, Italia y Portugal, "se encuentra en fase de estudio y requiere un proceso de negociaciones con la Unión Europea, los estados miembros y otros actores" y "su financiación y presupuesto se enmarca en esa negociación".

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