Los tres grandes retos que (todavía) tiene que superar el independentismo

  • El independentismo falló en su percepción de que el Estado se sentaría a negociar
  • No calibró bien los apoyos internacionales y, según el CEO, tan sólo el 46'7% de la población catalana es partidaria de la independencia

Los hechos políticos sucedidos en Catalunya el pasado otoño supusieron, sin duda, un punto catárquico, nada volverá a ser como antes en las relaciones entre el Estado y Catalunya. Las grandes movilizaciones sociales de la Diada y de las huelgas generales convocadas por los independentistas y soberanistas, especialmente la del 3-O, pero sobre todo el 1-O, demostraron la enorme capacidad de autorganización y de plantear la desobediencia civil como arma política. El independentismo sumó apoyos de sectores autodeterministas en defensa del referéndum y, posteriormente, en defensa de las libertades y contra la detención de dirigentes políticos y sociales y sus prisiones preventivas. La clave de aquellos hitos de la movilización social fue el lema de Òmnium Cultural en su campaña por el referéndum: “democràcia!”.

Conforme ha ido pasando el tiempo, hemos sabido que el objetivo de materializar una república independiente no estaba entre los objetivos reales del anterior Govern. “Íbamos de Farol”, aseguraba la consellera de Cultura durante los últimos meses del Govern de Puigdemont, Clara Ponsati, desde su exilio escocés. El objetivo siempre fue el de forzar un diálogo con el Gobierno de España para adquirir el compromiso de la celebración de un referéndum de autodeterminación efectivo y acordado. El 27-S, tras la proclamación de la República Catalana, las banderas españolas siguieron colgando en los mástiles de todos los edificios oficiales de la Generalitat…

Tres errores principales en su estrategia reconocen desde distintas fuentes independentistas. Coindiden, en primer lugar, en que hubo un exceso de confianza en que su causa tendría más apoyos internacionales; en segundo, que el Estado español, como hemos dicho, se sentaría a negociar tras el amplio apoyo social a las movilizaciones independentistas; por otro lado, reconocen una cierta sorpresa de que los sectores no independentistas se movilizaran también durante el pasado otoño, las movilizaciones más grandes que se recuerdan en favor de la unidad de España en Catalunya se vieron en 2017. Tres elementos que los dirigentes independentistas tendrán que tener en cuenta ante el calendario que se presenta para los próximos meses en los cuales, ni mucho menos, el conflicto catalán pasará a un segundo plano.

El responsable de política exterior del anterior Govern, Raül Romeva, no logró su objetivo de conseguir que ningún estado se posicionara del lado del Govern una vez se celebró el referéndum. Sin embargo, distintos estados y organizaciones internacionales sí que reconocieron en los meses previos el derecho a la autodeterminación del pueblo catalán. Este reto, una vez que el independentismo ha anunciado que, a pesar de abrir relaciones institucionales y negociaciones bilaterales sobre distintos temas con el Gobierno de España de Pedro Sánchez, sigue barajando la vía unilateral como válida, sigue estando encima de la mesa. Sin un reconocimiento internacional, nunca Catalunya podrá ser un estado independiente. La internacionalización del conflicto sigue siendo una de las tareas pendientes independentistas.

Buena mano ha echado en este sentido el juez Llarena. Con su “doctrina” de encausar a los dirigentes independentistas por delitos de rebelión y sedición y su descripción en los autos de una violencia que a ojos de buena parte del mundo nunca existió, el magistrado del Tribunal Supremo ha conseguido que medios internacionales y personas relacionadas con el mundo judicial de prestigio hayan visto en la Justicia española una dudosa independencia con respecto al resto de poderes. El exilio protagonizado por Puigdemont, diferentes consellers de su Govern y la dirigente de ERC, Marta Pascal, y de la CUP, Anna Gabriel, ha trasladado el problema a instancias judiciales de otros países. Mientras tanto, el juicio se celebrará en otoño contra los dirigentes independentistas presos en España. El contraste entre los presos en España y las personas libres en otros países es enorme.

Sin embargo, esto no está relacionado, en absoluto, con que estados integrantes de la Unión Europea o de más allá reconozcan el derecho a la autodeterminación del pueblo catalán y, en un supuesto futuro, la independencia de Catalunya. Para contrarrestar esto, Puigdemont ha creado el Consell de la República en Waterloo, en Bélgica, desde donde intentará tejer alianzas que le sirvan para obtener apoyos el día de mañana. Difícil tarea, hasta el momento nada hace presagiar que las instituciones europeas, ni los estados miembros, ni ninguna potencia de relevancia en el tablero de juego internacional vaya a cambiar su posición a medio plazo sobre que la cuestión catalana es un problema interno del Estado español y como tal ha de resolverse.

En cuanto al reto para el independentismo de conseguir que el Estado negocie una salida que reconozca la posibilidad de la independencia, poco o nada ha cambiado en este aspecto hasta hoy.  El Estado español demostró fortaleza el pasado otoño ante el desafío de quebrantar la unidad de España. El 3-O, el rey pronunciaba un discurso polémico que, si bien ha puesto en tela de juicio su figura neutral ante la ciudadanía española y ha sido criticado por amplios sectores sociales, consiguió que todos los poderes del Estado se alinearan en la defensa a ultranza de la unidad del mismo.

Dos días después de este discurso, la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro, agradecía a los medios españoles en Madrid la labor que estaban realizando ante la embestida independentista. El PSOE, que había presentado en el Congreso una reprobación a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por la brutalidad policial vivida el 1-O, la retiraba poco después. La Fiscalía y el propio Supremo se alineaban con las tesis defendidas por el monarca. Todos los poderes, hasta el cuarto poder de los medios de comunicación, estaban con la misma causa.

La sociedad española, en buena parte influida por la cobertura mediática que se dio desde los principales medios de comunicación del conflicto, lo vivió como una afrenta. La reacción fue bestial, simbolizada por el grito del “a por ellos” que coreaban a los guardias civiles que salían desde diferentes poblaciones rumbo a Catalunya en el operativo contra el referéndum. Multitud de banderas españolas colgaban de los balcones de toda España, también de muchos barrios de Catalunya. “No hemos sabido explicarnos a los pueblos de España”, reconocen en privado representantes de la izquierda independentista.

La llegada de Sánchez a la Moncloa ha restituido las negociaciones bilaterales entre Generalitat y Gobierno, pero los socialistas han asegurado que el derecho de autodeterminación no cabe dentro del actual marco constitucional. Por otro lado, la exigua y plural mayoría que llevó a Sánchez a la Presidencia del Gobierno hace que este necesite de los votos de ERC y PDeCat en el Congreso para sacar sus políticas adelante. Un cúmulo de relaciones e intereses de doble sentido que hacen de la relación del independentismo con el resto del Estado una complejidad.

El tercer factor está dentro de Catalunya. El partido más votado el 21-D fue Ciudadanos, si bien es cierto que el independentismo revalidó su mayoría absoluta en el Parlament. Las manifestaciones organizadas por Societat Civil Catalana durante el otoño fueron las más numerosas en Catalunya en favor de la unidad de España recordadas. Las banderas de España compitieron con las esteladas en numerosos balcones, especialmente en barrios del área metropolitana de Barcelona. Y otro dato, en el último CEO, el porcentaje de población catalana favorable a la independencia descendía hasta el 46,7%, en el anterior sondeo la cifra rondaba el 48%.

El independentismo no cuenta con una mayoría sólida en la población catalana. Las diferentes encuestas y elecciones nunca lo sitúan por encima del 50%. El pasado enero, el que fuera dirigente de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, publicaba en El Crític el artículo ‘N’hem de ser més‘, en el que defendía que una vez llegado hasta aquí, el independentismo debería trabajar en ampliar su mayoría social. Con un 60% del apoyo, tanto los apoyos internacionales como la probabilidad de que el Estado se sentara a negociar una salida que reconozca el derecho a la autodeterminación aumentaría considerablemente.

ERC ha hecho suya esta estrategia, hay que sumar y, para ello, gobernar la Generalitat en favor de las mayorías de los catalanes para ganar simpatías. Puigdemont, con la formación de la Crida per la Repùblica, una suerte de plataforma electoral que aúna a sectores independentistas, hace lo propio. Sin embargo, se abre la duda de si una estrategia más rupturista y unilateral, como la seguida el año pasado, ayuda a acercar a los sectores no partidarios de la independencia a este proyecto o los aleja. Aquí está, en gran medida, la clave del independentismo y de esta depende cómo se desarrollará su futuro. ¿Conseguirá atraer a nuevos sectores populares catalanes? ¿Una estrategia política de confrontación, que aumente la tensión, ayuda a acercarlos o los separa más?

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