Expolio en el campo

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Francisco Javier Velázquez López, director general de la Policía y la Guardia Civil. / uimp.es

Antonio –nombre ficticio-, tenía una costumbre que cumplía religiosamente. El último  domingo de cada mes se levantaba y se dirigía con un gran sobre a pagar a los empleados de su finca agrícola situada en las afueras de la localidad alicantina de Guardamar del Segura. Su explotación no destaca de las colindantes. Ni más pretenciosa ni con mejor maquinaria. Es una de las muchas fincas típicas que pueblan la huerta valenciana. Sin él percibirlo, alguien se había fijado en él y en su ‘dichosa’ costumbre. Alguien sabía que aquel último domingo de marzo acudiría a su cita provisto de los salarios de un mes de todos sus jornaleros. Un buen botín de dinero y le esperó. De esta vigilancia no se había percatado ni él ni sus hombres. Nadie vio merodear a ningún extraño. Por eso, ese día Antonio llegó a su propiedad e inició su rutina con la misma tranquilidad de siempre. De hecho, le dio tiempo a entregar sus nóminas a la mayoría de sus empleados pero, al llegar a la oficina, le asaltaron varios individuos y le exigieron el dinero. Él no dudó ni un segundo y se lo entregó. Se llevaron 3.000 euros y huyeron. No le golpearon ni destrozaron el inmueble, pero Antonio se siente vulnerable. Y aún le queda sonrisa para afirmar que tuvo suerte. La Guardia Civil inició una investigación por la descripción que pudo facilitarles. El modus operandi de los ladrones coincidía con el seguido en otros sucesos de la zona: atracos rápidos, vigilancia previa, rápidos, rostros cubiertos, más de un individuo...

Antonio no ha sido el único. A Nicolás le robaron 8.000 kilos de pimientos valorados en 11.000 euros, durante una semana, en su finca de Adra. La ola de inseguridad se ha convertido en un grave problema que preocupa a los agricultores de Valencia, Alicante, Castellón, Murcia, Almería, Ciudad Real...En Orxeta, una pequeña población alicantina que carece de policía local, un pleno celebrado el viernes 25 de marzo avaló una moción presentada por el PP para reclamar mayor presencia policial ante la avalancha de robos en las partidas rurales. “Quienes vivimos en Orxeta nos sentimos desprotegidos, asustados e inquietos. Existe un estado generalizado de temor y terror”, explica la iniciativa. Suma y sigue.

Los trabajadores del campo se sienten objetivos fáciles; presas de la lejanía, de la soledad del campo y de las bandas que vigilan sus movimientos sin ellos percibirlo. Sienten rabia e impotencia ante el robo de sus esfuerzos y miedo por las temidas palizas que acompañan, en ocasiones, a estos delitos. Sin embargo, en la mayoría de los casos el temor a la ruina supera al temor del daño personal. Hablan de situaciones de asedio y se lamentan de las grandes pérdidas que sufren. Les roban dinero, cosechas, maquinaria… cualquier cosa susceptible de obtener un rédito en el mercado negro. Los objetos más deseados son los motocultores, las conocidas mulas mecánicas, valoradas entre 3.000 y 5.000 euros y por las que es posible conseguir unos 1.000 euros en la ‘reventa’. Los investigadores creen algunas de las piezas robadas como los electrógenos y los motores de riego pueden ser exportados a países del norte de África o del Este de Europa para su comercialización. El mercado negro de estos objetos, como el de los coches robados, no conoce de fronteras.

Según aseguran, los ladrones se han profesionalizado  hasta el punto que roban cosechas  de hasta veinte toneladas. El expolio de la naranja llega a tal extremo que según la Asociación valenciana de agricultores han cifrado las pérdidas del año 2010 en 15 millones de euros, que supone un 50 por ciento más que en el año 2009. Por eso, la mayoría, han contratado  seguridad privada para vigilar sus cultivos. Otros han blindado sus residencias y sus vidas con alarmas, vallas o verjas.

El problema afecta a grandes y a pequeños. Y la mayoría no denuncia porque, según sus cifras, un 40 por ciento considera que no les sirve para nada ponerlo en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Otros afirman que el regreso de la Guardia Civil a caballo patrullando por los campos solucionaría el problema. Ante la dificultad, desde hace meses las asociaciones agrarias más representativas de la Comunidad Valenciana -AVA, Unió, Asaja,  UPA o Fepac-, navegan juntas para hallar soluciones y reclamar la atención política de los delegados del Gobierno de cada comunidad. En Valencia, según afirman desde la Generalitat, el dispositivo de seguridad puesto en marcha por la policía de la Generalitat con  las policías locales que se ha centrado en los puntos más castigados por la inseguridad y en el que han participado casi 1.300 efectivos ha logrado incautar, entre el 16 de noviembre y el 26 de enero, 76.600 kilos de fruta y más de 200 kilos de cobre robado. Pero no basta. Reclaman la implicación del Ministerio del Interior en el asunto y quieren que firme un convenio de colaboración entre la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana, la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para poner en marcha medidas preventivas que garanticen la seguridad en el ámbito rural como una mayor presencia de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Precisamente, de esta firma se habló en la última comisión de Interior celebrada este mes en el Congreso de los Diputados y en la que compareció el Director General de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez López. Una pregunta registrada por el grupo popular en sede parlamentaria situaba este problema en el panorama político. Sin embargo, la pregunta, como no podía ser de otra forma, se convirtió en un rifirrafe que, lejos de arreglar el problema, evidenció las diferencias entre uno y otro gobierno.

Desde Interior no se reconoció la gravedad de la situación. Para Velázquez en la Comunidad Valenciana hay una tendencia general, como a nivel nacional, de descenso del número de infracciones penales conocidas. En concreto, un 1,4 por ciento en el ámbito de la Guardia Civil y del 6,2 en el de la Policía. Según sus palabras, este tipo de delitos han descendido incluso más que en la media nacional. “Creo que no podemos hablar de un problema de inseguridad específico de la Comunidad Valenciana, ni en el ámbito urbano ni en el rural”, afirmó para añadir a continuación que, no obstante, sí habían detectado un aumento en el año 2010, respecto al 2009, en las sustracciones en las explotaciones agrícolas, en cortijos, en fincas, en casas aisladas, en su mayor parte deshabitadas.

Dicho aumento, para el Director, ha ido de la mano de un incremento de la tasa de esclarecimiento de este tipo de hechos por parte de las unidades de la Guardia Civil, que es de un 0,68 por ciento superior a la alcanzada en el año 2009 y con un aumento del número de detenidos en un 60 por ciento. Y, por último, aclaró que para afrontar este incremento -que lo ha habido en las sustracciones en explotaciones agrícolas-, desde la Guardia Civil se han establecido algunos planes específicos que incluyen algunos dispositivos particularizados: refuerzo de los servicios en el medio rural, potenciación de actividades de investigación, concienciación de la población respecto a la importancia de la colaboración ciudadana y potenciación de la colaboración con las organizaciones agrarias que suministran abundante información, así como los guardas particulares de campo y también otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Y en cuanto al convenio, Velázquez intentó derivar el problema a otros acuerdos firmados como el del  112 y el de la policía adscrita sobre el que aprovechó para acusar a la Generalitat de Valencia de no haber aportado ni un euro a la Administración General del Estado hasta el momento. “Por tanto, hasta que no arreglemos esta diferencia, como así ha ocurrido con alguna otra comunidad autónoma, no llegaremos a ningún otro acuerdo”, concluyó tajantemente.

A Antonio, como al resto, las pugnas políticas no le interesan. Incluso le aburren y las desdeña con un gesto de indiferencia seguido de un bufido. Los políticos se amparan en cifras y estadísticas y no solucionan sus problemas. Mientras, sabe que sus atracadores pueden volver o que le puede volver a tocar. De momento, ha decidido cambiar sus costumbres. El resto, ya se verá.

1 Comment
  1. Jonatan says

    Queda pendiente el tratamiento de la víctima en la legislación penal española. En cuanto al delincuente, ya se sabe lo que dicen los rumanos delincuentes: «Vente a España que aquí la policía ni te toca».

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