Rebelión en la sanidad andaluza

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Imagen de la manifestación celebrada el miércoles, día 13, en Granada contra los recortes en servicios públicos. / fspugt.es

Ante la dificultades políticas que los distintos gobiernos socialistas tuvieron para sacar adelante las reformas sanitarias que plantearon, como la descentralización, la dedicación exclusiva de los profesionales o la asunción de una mayor responsabilidad de éstos en la gestión sanitaria, entre otras medidas –medidas que fracasaron casi siempre debido al corporativismo e inmovilismo de los médicos—, los cambios que se han ido dando en estos últimos años (profesionalismo amparado en la evidencia cientifica, trabajo en equipo, etcétera) han sido logrados a base de incentivar económicamente a los profesionales por un lado, de repetir el discurso “café para todos” hasta la saciedad por otro, y de postular el “todo gratis”  para los usuarios hasta hacer de esta idea la más absoluta verdad. Todo ello a la vez que se incrementaba, a veces sin tino, la cartera de servicios. Y, de este modo, los españoles han estado hasta ahora “más que contentos” con su Sistema Nacional de Salud.

Pero hoy este país parece que está en bancarrota. Desde el pasado 9 de junio España vive aplastada bajo la losa de 100.000 millones de euros que, aunque Mariano Rajoy y su gobierno se empeñan en tildar de “regalo” y de “gran logro” político, todo el mundo sabe que es un “rescate” en toda regla, promovido por la Unión Europea para que España pueda seguir funcionando de acuerdo con las reglas de “los mercados”.

Así las cosas, sucede que, en salud al menos, esta cultura de “progreso sin límites” y de “despilfarro continuo” que en las últimas décadas hemos vivido los españoles con gran regocijo y desprendimiento, fraguada a base de talonario, se está desmoronando.

El escrito que el pasado 25 de mayo firmaron todos los directores de las Unidades de Gestión Clínica (UGC) del Hospital Macarena de Sevilla —las UGC son el proyecto más importante de transformación, descentralización y reorganización que la sanidad andaluza ha impulsado en los últimos años y han sido asumidas mayoritariamente ya por los profesionales; aunque no sin dificultades, es cierto— recoge el sentir (la desesperación, me atrevo a decir) de un colectivo que, fiel en su mayoría al ideario que sustenta la sanidad pública, se ve sorprendido por medidas de ajuste económico tan radicales que, de entrada, consideran que no pueden asumir. Creo que el citado escrito puede ser el ejemplo palpable de lo qué ahora está ocurriendo en la sanidad pública española. De hecho, las movilizaciones se han intensificado en todo el Estado. Podrían citarse las de Cataluña, Madrid, Valencia o la misma Andalucía como ejemplos; pero éstas sólo son muestras de ese descontento general que por momentos crece en España en torno a la salud.

La crisis, como una carcoma insaciable, está devorando el estado del bienestar. Pero aquí sólo toca hablar de salud, como saben. Y los profesionales andaluces de la salud, en este caso, dicen en su escrito de denuncia haber perdido a causa de la crisis, si se confirman las últimas medidas acordadas por el ejecutivo que preside José Antonio Griñán, entre un 20 y un 30% de sus ingresos. Demasiado profundo el abismo económico que se abre ante ellos como para no estar preocupados. Y aunque aseguran que su objetivo es no perjudicar a los pacientes y seguir atendiéndoles como hasta ahora, a continuación se preguntan ¿cómo van a estar motivados cuando ni siquiera les pagan los incentivos acordados y firmados por la Administración? De paso, estos directores de las UGC (leales sostenedores del sistema sanitario público actual, no se olvide) piden intervenir en las decisiones políticas que se tomen en la consejería de Salud de Andalucía cuando estas les afecten. Finalmente, en su escrito proponen también —se entiende que ya en su desesperación—, que se supriman empresas públicas como “la EASP (habiendo en España una Escuela Nacional de Sanidad y solo una en el Reino Unido), la Agencia de Evaluación de Nuevas Tecnologías (una en España y una en EEUU y Reino Unido), la ACSA [Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (una sola en EEUU)] , y otras instituciones como IAVANTE, Observatorio del Paciente, etcétera”, cito textualmente. Es decir, la situación es tan grave que lleva a los firmantes a emplear argumentos “altamente peligrosos”,  como es atacar (proponer) que se supriman empresas relacionadas con la sanidad andaluza en las que trabajan otros compañeros, sean sanitarios o no. Todo ello a fin de preservar, dicen, unos mínimos de funcionamiento y calidad.

De modo que ya tenemos el cisma. No sólo porque los directores de las UGC piden participar en la discusión de los acuerdos cuando éstos les afecten a ellos y a quienes representan (defensores acérrimos de la sanidad pública en su mayoría, insisto), sino también porque el poder se enroca en sí mismo y les manifiesta su total desacuerdo con el escrito (sabemos que ha sido así, tras la reunión mantenida en el Hospital Macarena entre el gerente y los firmantes del mismo), advirtiéndoles, además, que “la puerta está abierta para el que quiera irse”, y que no se admite tal deslealtad, etcétera, etcétera. Es decir, en vez de tender puentes y consensuar con sus “fieles” soluciones alternativas, desde el Poder, una vez más, se desprecia y recrimina toda disidencia.

Mientras tanto, el Sindicato Médico Andaluz (SMA) sigue a lo suyo. ¿Cómo? Sí, sembrando cizaña como le corresponde. Sabido es que este sindicato siempre le puso las peras al cuarto al gobierno socialista de Andalucía. Conocido es también su corporativismo a ultranza. Ahora convoca reuniones de disidencia (es su papel) y no pierde ocasión para atacar por los flancos más débiles las políticas de austeridad de la Junta, impuestas por las actuales circunstancia económicas y, curiosamente, por el Gobierno del PP, del que ellos son fieles.

En un escrito elaborado tras una asamblea del SMA celebrada el 28 de mayo pasado en Málaga se pide a los médicos, entre otras cosas, que “receten por marca” [para darle "en las narices" al Gobierno andaluz y minar su política de genéricos] y que hagan “las recetas a mano”, que “se olviden de los objetivos” para la optimización de recursos propuestos por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), que “no se corra viendo al enfermo” o que se nieguen [los médicos] a ver los pacientes de otro colega si no es con una orden expresa... Y esto lo dicen quienes declaran que para ellos lo más importante es “centrarse en la atención al paciente”.

En resumen, si a los directores de las UCG que piden auxilio para que no se tiren por la borda los logros alcanzados por Andalucía en materia de salud se le suman las acciones que propone el SMA —políticas unas, y otras más puntuales: todo tipo de palos en las ruedas para que el carro no ande— no parece que el futuro de la sanidad andaluza sea prometedor. Y lo malo no es esto; lo peor es que lo que ocurre en Andalucía es lo que le aguarda a la Sanidad en el resto de España.

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