El dinero de la droga

¿Dónde va a parar el dinero incautado a los narcotraficantes? ¿Qué hacemos con los kilos de cocaína decomisados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado? ¿Y los vehículos de grandes cilindradas? ¿O las mansiones de algunos narcos? Dinero, cocaína, hachís, yates, Ferraris, helicópteros, mansiones…. Estos son solo algunos de los ingredientes del botín que los agentes incautan a los narcos en sus operaciones contra el narcotráfico y cuyo  "nuevo destino legal” se decide en el Plan Nacional sobre Drogas. Blanquear los recursos obtenidos del tráfico ilícito de drogas es la forma de que la sociedad recupere, de alguna manera, aquello que le ha sido sustraído por quienes trafican con droga. Un triunfo de la sociedad civil, personalizada en la lucha de las “madres contra la droga gallegas" que abrieron un camino que ha servido de ejemplo a muchos otros países en la actualidad. El claro exponente  de esta lucha fue la venta del el pazo Bayón, propiedad del célebre narcotraficante gallego, Laureano Oubiña, a las Bodegas Conde Albarei por unos 15 millones de euro y cuya venta sigue produciendo  ingresos al Fondo de bienes decomisados como porcentaje del beneficio de la empresa adjudicataria.

Precisamente, de los decomisos depende parte de los ingresos del Plan que sufraga programas de prevención de toxicomanías, asistencia a  drogodependientes e inserción social y laboral y programas en el ámbito del control de la oferta emprendidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la lucha contra las drogas y el blanqueo de capitales. En 2011, se destinaron 2 millones de euros para hacer frente a la gestión y administración del fondo, aunque sólo se gastó 1.350.000 euros de ese total según el informe del citado Plan al que ha tenido acceso cuartopoder. También se destinaron 20. 960.000 euros a acciones y programas de reducción de la demanda (principalmente para financiar programas de los planes autonómicos de drogas) y 9.003.150 a actuaciones encaminadas al control de la oferta. Es decir, un 70% se dirige a programas para reducción de la demanda de drogas, y el 30% restante se destina a financiar actividades encaminadas a reducir la oferta.

En este reparto, la delegación del gobierno se llevó 5.065.000 euros para financiar programas de sensibilización e información, proyectos de investigación y trabajos técnicos ligados fundamentalmente al observatorio español de las drogas y las toxicomanías, es decir, a la realización de las encuestas nacionales de consumo de drogas.  Las ong recaudaron 2.275.000 euros por esta vía mientras que 460.000 se destinaron a proyectos de cooperación internacional.

Así, 1. 500.000 de euros tuvieron como destino el Cuerpo Nacional de Policía y otros 1.500.000 la Guardia Civil, es decir, el 5% para cada uno de ellos; 1.000.000 para instituciones penitenciarias; 550.000 euros para el Ministerio de Defensa; 803.000 euros para aduanas y finalmente 35.000 euros para la Fiscalía Especial Antidroga, lo que totaliza el 30% destinado al control de la oferta de drogas.

Según el último informe del Plan, en el año 2011 se produjeron 2.360 decomisos, un 10% más que en 2010. Vehículos, joyas, embarcaciones... aumentó un 7%. Los vehículos siguen siendo los reyes de los decomisos, el 47,5%, seguidos de joyas, teléfonos móviles, un 40,7%, embarcaciones un 5%, y los inmuebles el 0,5%. El Plan es el que establece qué hacer con estos objetos. Según el documento, en 2011 se adoptaron un 20% más de acuerdos que en el año 2010. Sin embargo, la cantidad ingresada en el fondo fue de 15. 864. 000 euros, la mitad que en el año anterior. A mayor número de incautaciones no se produce un aumento del dinero que ingresa el Plan ya que los bienes, una vez incautados, pasan a un depósito hasta que un juez sentencia sobre la culpabilidad o no de sus propietarios. El tiempo que media entre las operaciones policiales y la resolución judicial es, en ocasiones, tan largo que muchos han perdido valor o han tenido que ser destruidos. En 2011 el 35% de estos bienes se vendieron (un total de 740), en su mayoría en subasta pública, previa publicidad en la página web de la Delegación del Gobierno. ¿El resto? Apenas un 6% se adjudicó su uso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Un 44% de los 2.134 bienes incautados tuvieron que destruirse. En total, 250 vehículos y 58 embarcaciones, numerosos teléfonos móviles y equipos informáticos.

La necesidad de agilizar los procedimientos no es nueva. En la actualidad, y siempre según el documento, se van a vender más de 160 vehículos que figuran en causas sobre las que aún no ha recaído sentencia judicial firme. Y esto es así porque el protocolo que en su día se firmó entre la Fiscalía Especial Antidroga, la judicatura, la Delegación del Gobierno está permitiendo que algunos jueces más sensibles entiendan las razones de la venta anticipada. Ahora son casos aislados pero se trabaja para que se acometa una reforma legal que permita  aprobar un protocolo que  se ejecute de manera automática. Por ejemplo, un bien que está inmovilizado, pendiente de una sentencia judicial, puede continuar parado años. Si hablamos de una joya, no pasa absolutamente nada o, en todo caso, dependerá de la variabilidad del mercado de metales. Sin embargo, si es un vehículo, se deteriora y devenga unos gastos de depósito a evitar. La rapidez, aseguran, no perjudicaría  a su propietario ya que si finalmente es culpable recuperará el valor del bien que en su momento se inmovilizó. Sólo no podría aplicarse estos supuestos si los bienes tienen que seguir siendo investigados durante la instrucción.

Así, el año pasado se decomisaron 1.013 vehículos, de los que 576 fueron subastados o entregados a nuevos propietarios. 98, con un valor superior a 617.000 euros, fueron entregados a las Fuerzas de Seguridad del Estado para uso en la lucha contra el crimen. El resto fueron destruidos tras pasar demasiado tiempo en un depósito porque perdieron valor en el mercado, porque los gastos de almacenaje y custodia eran más elevados que su precio real o porque nadie pujó por ellos en la  subasta. Lo mismo sucedió  con las embarcaciones con un elevado coste de custodia, conservación y tasación. En 2011, se “colocaron” 147 embarcaciones, pero se perdieron otras 58 dada la dificultad en vender  las embarcaciones semirrígidas de alta velocidad que suelen utilizan los narcos para introducir por mar los grandes alijos de droga.   32 se vendieron fuera de España.

Más difícil es el tratamiento de la telefonía móvil y la informática. Tanto los ordenadores como los teléfonos móviles contienen datos de carácter personal, que ninguna sentencia legitima a difundir. Se cita el caso de una agenda de una persona, que con independencia de que sea un narcotraficante declarado culpable o no, no tiene por qué ser difundida. Así, ordenadores que podrían destinarse  en beneficio de programas alternativos al cultivo de cocaína en países como Perú se destruyen por una cuestión de protección de datos. Desde el Plan se trabaja para cambiar la destrucción, por ejemplo, por el reciclaje si se garantiza que no hay distribución de esos datos de carácter personal.

Más problemático es la desaparición de bienes. El informe destaca que el año pasado 'desaparecieron' de los juzgados 325 bienes intervenidos a traficantes, un 64% más que en 2010. ¿Cuál fue su destino? Ni los juzgados ni el Plan saben que ocurrió con ellos. El informe reconoce que la mayoría de ellos han sido "incendiados, robados o destruidos" y se han clasificado como bienes "no recepcionables".