La sanidad privada, a la caza de enfermos
En política ninguna acción, frase o propuesta es inocente, por irrelevante que parezca. Si Esperanza Aguirre prometió en la campaña electoral de 2003 que ningún madrileño esperaría más de 30 días para operarse, no fue por amor a los electores y, menos aún, porque le importara su salud. No. Fue porque, sin duda, detrás de aquella promesa se escondía un gran negocio para sus correligionarios “liberales”.
Cuando la Comunidad de Madrid hace adjudicaciones o firma contratos con la sanidad privada (con una, o con varias clínicas a la vez) para que realice un número determinado de intervenciones quirúrgicas a cambio de equis millones de euros, está asegurándoles el negocio a quienes piensan que con la salud también se puede ganar dinero. Si, en un momento dado, la sanidad pública está saturada, y quiénes aguardan a ser operados han de esperar varios meses..., puede que, en estas circunstancias, sea comprensible que los recursos sanitarios privados vengan a “echarle una mano” a la sanidad pública en beneficio de esos enfermos que, lógicamente, quieren ver resuelto su problema lo antes posible, y que son, en última instancia, los que deben beneficiarse, primero, de los recursos —públicos o privados— que tiene el Estado en materia de salud.
Pero, incluso en estos casos, la pregunta es radical y tajante: ¿Por qué los políticos populares no se esfuerzan para mejorar la gestión pública en lugar de entregarle el dinero al negocio sanitario privado? Pues... seguramente porque ellos son arte y parte, además de creer que es mejor (para ellos) un sistema sanitario privado. Y así, en vez de coger el toro por los cuernos y trabajar hasta la extenuación si hace falta para corregir esas bolsas de ineficiencia que nadie niega que existan en la sanidad pública, algunos gobiernos autonómicos populares llevan años empecinados en privatizarla.
El problema surge cuando el negocio sanitario privado no llega a cumplir sus objetivos (o trabaja “a medio gas” porque no dispone de suficientes pacientes); entonces ha de conseguir enfermos “como sea”. Y ahí aparece la España más negra y más marrullera, y otra vez se multiplican las corruptelas.
El domingo pasado el diario El País publicaba un reportaje que, incluso aceptando el adocenamiento social que vive España, es para inquietarse. Creo que hay que empezar a gritar ¡basta ya!, ¡ya está bien!, cuando se trata de la salud de la gente. Que la sanidad pública, recurriendo a mentiras y a artimañas diversas, a través de un call center (¿para qué necesita la sanidad pública una empresa de call center?) intente enviar sus pacientes a operarse a la sanidad privada sin que sea necesario, es para sentir desazón. ¿Por qué? ¿Sólo porque la empresa sanitaria privada “está a medio gas” y necesita “clientes”? O es también porque la decisión política tomada en su momento por Esperanza Aguirre escondía ya oscuros intereses que confluían en este negocio.
Sí, las clínicas privadas dirán que ellos trabajan mejor, que son más eficientes y más productivas, que ellas resuelven el problema en menos tiempo, le cuestan menos a la Administración —700 € de media en la privada, dicen, frene a los más de 1.200 € en la sanidad pública por cada acto quirúrgico—, y etcétera, etcétera. Aunque no dicen —siempre se les olvida decirlo— que ellas no quieren saber nada de las intervenciones quirúrgicas complejas o de los enfermos crónicos, por ejemplo.
En cualquier caso, una sociedad como la española, que cuenta (todavía) con una sanidad pública que está entre las 10 mejores del mundo, según la OMS, ¿no debe enfadarse con estas artimañas? ¿Pero en qué país vivimos? Según se recoge en la citada información, enfermos pendientes de pasar por el quirófano son avisados por teléfono o por carta, invitándoles a acudir a una clínica privada para “agilizar” esa intervención quirúrgica que tienen pendiente, y qué, según la persona informante, en la sanidad pública se alargaría varios meses la espera, cuando en realidad no es así.
Probablemente, si la persona afectada está ya avisada del teje maneje de los industriales sanitarios privados —permítaseme llamarlos así— resistirá el chaparrón de “ventajas” que se le ofrecen, pero si no, es comprensible, casi seguro, que caiga en las redes de esos negociantes que pretenden incrementar beneficios a costa de la enfermedad.
Pero, ¿por qué tanto interés ahora en “captar” enfermos, a costa de la sanidad pública? ¿Es sólo para que la promesa hecha por Esperanza Aguirre se cumpla? Sin duda que no. Porque cuando prometió lo que prometió, en 2003, ya debía de estar pensando en aquellos negocios sanitarios privados a los que iba a nutrir de pacientes y de dinero, lo cual les vendría muy bien para sanear sus balances y, a la larga, obtener beneficios. De aquello han pasado diez años y ya se ve por dónde han ido los tiros. La sanidad privada ha duplicado su tamaño de entonces a ahora. Y las clínicas privadas suman ya más del 30% de todo el valor económico de la sanidad; sólo en los últimos cuatro años éstas han crecido más de un 15%. En cuanto a los seguros, aunque llevamos cinco años de crisis, las aseguradoras no lo han notado; al contrario, han crecido también cerca de un 30%.
Así, pues, no hay que ser muy linces para entender qué está pasando. Si las inversiones privadas en el sector sanitario han experimentado últimamente un crecimiento exponencial, será porque el sector tiene expectativas fundadas de negocio. Prácticamente, la totalidad de aseguradoras (Axa, Adeslas), consorcios (Capio Sanidad, Ribera Salud, Quirón-USP), clínicas y hospitales particulares, así como fondos de inversión de capital riesgo que barruntaron la posibilidad de que España iba a privatizar parcial o totalmente el sistema sanitario público, acudieron al pastel como moscas. Todas, de una u otra manera, decidieron, hace ya algunos años, apostar por invertir en salud. Han ampliado sus clínicas con más plantas y más servicios o construido edificios anexos; han reformado y modernizado a fondos sus hospitales, han dotado mejor sus quirófanos a fin de prestar más y mejores servicios; y han adquirido modernas y costosas tecnologías que ahora han de amortizar. Todo ello al albur de esa privatización sanitaria que los gobiernos del PP han puesto en marcha en algunas autonomías.
Si a la corrupción político-económica que campa a sus anchas por este país ya ni siquiera los jueces tienen capacidad para atajarla; no debería ser así con la corrupción moral. Una sociedad democrática, sana, no debería permitir, insisto, que quien gestiona el Sistema Sanitario Público le engañe. Y menos consentir que un enfermo que necesita operarse sea zarandeado y forzado, mediante el engaño, a hacerlo en una clínica privada. Si consentimos cosas como ésta, pronto nos faltarán argumentos, ni tendremos respuestas para defender una ética que combata el delito.
