Cosecha primaveral de reprimendas por incumplir las normas

En apenas diez días, las administraciones españolas han recibido dos reprimendas serias de organismos internacionales a cuenta de lo mal que siguen llevando “lo del medio ambiente”. Parece que algunos ciudadanos a los que se les llena la boca con el tema mientras están en campaña electoral se les sigue olvidando lo dicho, y sus buenas intenciones, en cuanto se ven en sus sitiales. Y así han caído dos serias advertencias de organismos internacionales, una en Huelva y otra en Murcia

El segundo de los tirones de orejas ha sido provocado por un asunto bastante chusco y ha venido de una poco conocido Comité del Convenio de Aarhus, de la ONU, que vela por el ambiente saludable, la participación pública y la transparencia informativa. Resulta que, ante la protesta reiterada y la clara intención de actuar legalmente contra un desaguisado urbanístico por parte de una asociación que pretende que se conserve la Huerta de Murcia sin que sea recubierta de ladrillo, hormigón y asfalto, el Ayuntamiento de esa ciudad encontró la manera de dificultar esas pretensiones.

A alguien muy listo se le ocurrió que la mejor manera de que los protestantes no tuvieran acceso a la documentación oficial que requerían era ponerles caras las fotocopias: a dos euros las de folio y a ¡sesenta! las de planos. Dado el fárrago de documentación con que se suele justificar cualquier cosa que pueda suscitar dudas, sobre todo si el asunto es urbanístico, los de la asociación quejosa (Huermur) se dieron cuenta que a dos euros la fotocopia a lo peor tenían que empeñar sus propiedades para poder disponer de los papeles necesarios para fundamentar legalmente su oposición a la construcción de unos cuantos bloques de viviendas en terrenos huertanos que habían pasado a ser de “no urbanizables” a urbanizables con alta densidad. Lo peor es que la Gerencia de Urbanismo de Murcia también se negó a dar información en formato digital, solicitada por Huermur para no gastar tanto en papel.

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Ahora, al cabo de seis años, con la viviendas ya construidas, el Comité Aarhus dice al Reino de España, en cuya jurisdicción está el Ayuntamiento de Murcia, entre otras cosas nada bonitas, que haga el favor de formar a autoridades y operadores jurídicos en asuntos sobre ambiente saludable, participación pública y transparencia informativa, ámbitos de actuación del tratado internacional de Aarhus. Vamos, que no sean tan zoquetes, por decirlo de manera suave, y no sigan recurriendo a burdas añagazas para impedir que unos ciudadanos ejerzan sus derechos y favorecer a otros que, vaya casualidad, resultan ser los de siempre en los últimos años: los señores de la hormigonera y la apisonadora, amparados por la administración de turno.

Esos trucos de magia barriobajera no solamente se usan en Murcia. Si chusca es la forma en que actuó la Gerencia de Urbanisno murciana, es muy temerario el juego de palabras de que se ha valido la Junta de Andalucía para convertir semánticamente unos residuos industriales contaminantes y peligrosos para la salud en meros “subproductos”. Lo cual ha valido una dura reconvención de la Comisión Europea, que exige el final del vertido de fosfoyesos a la ría de Huelva. Durante varias décadas, esos oficialmente subproductos han sido arrojados en un terreno que está apenas a medio kilómetros de viviendas onubenses. Casi dos años ha tardado la comisión en responder a la denuncia de Greenpeace y WWF, aunque ahora quiera rectificar la desidia y la ocultación del Ministerio de Medio Ambiente y del gobierno regional andaluz.

La situación es paralela a la anterior: se usan cuantas cortinas de humo sean necesarias para desvirtuar la justeza de una reclamación o de una protesta, para retrasarla, para conseguir que venzan los plazos, para obtener que, si llega a los tribunales, esté falta de fundamento, para que el mal ya no tenga remedio cuando se quiera actuar y se extienda el recurso mental al derrotista “total para lo que queda”.

Y se usan también trucos legales, los que hagan falta, para seguir con el negocio, como ha reconocido el propio director de Fertiberia, la empresa contaminante, que ha recurrido una orden de cese del vertido de fosfoyesos que debe ser efectiva el 31 de diciembre de este año. Y el directivo en cuestión, Roberto Ibáñez, esgrime en estos tiempos de grave crisis el fantasma del paro si la empresa abandona su negocio. Como si los vertidos de fosfoyesos fueran de ayer. El uso de los puestos de trabajo como chantaje se produce después de bastantes años de realizar actividades industriales contaminantes, sin buscar soluciones ni alternativas.

Cuando llega el lobo, los amos se convierten en los primeros defensores de los puestos de trabajo que necesitan, sin echar la vista atrás y admitir que no han hecho los deberes pendientes para que los empleados no se vean abocados ahora al paro si se cumplen las normativas vigentes. Es el mismo mecanismo mental que el usado en la huerta: “Esto es trabajo, dinero, progreso; lo otro es paro, pobreza, atraso”. Como si no hubiera formas de conseguir lo primero sin provocar a medio plazo lo segundo. Pero es más fácil estigmatizar ecologistas cuando vienen mal dadas que cumplir con las normas mientras las vacas aún engordan.