El PP quiere relanzar el ladrillo rebajando aún más la protección costera
No pudo darse su particular paseo militar para aprobar el Trasvase del Ebro al Segura, hace ya una década, pero el ministro Arias Cañete está dispuesto a dejar su huella como el Atila de la costa española. Si al jefe huno se le recuerda con el aforismo relativo a que por donde su caballo Othar pisaba no volvía a crecer la hierba, el actual (ir)responsable del Ministerio de Agricultura quedará en la memoria porque por donde él holló volvieron a crecer las montañas de ladrillo.
Ya lo avisó cuando se hizo cargo del ministerio con un discurso que hizo sonar todas las sirenas de alarma. Ahora, su partido no hace en el Senado sino confirmar lo que anunció Arias. Pero no es incoherente pues todo lo que se propone y pretende ejecutar está en clara y directa consonancia con las políticas ambientales que realiza el PP desde noviembre de 2011.
Así, llueve sobre mojado con esta nueva adenda que el PP introducirá en la reforma de la Ley de Costas para que la zona de protección total del litoral se reduzca de 100 a 20 metros. Con esa rebaja, propuesta durante el debate en el Senado y no en la anterior discusión en el Congreso, el partido gobernante facilita que sigan donde están construcciones de todo tipo levantadas al margen de la Ley de Costas de 1988 que invaden el dominio público marítimo terrestre .
Queda claro que se trata de, por un lado, legalizar violaciones de la normativa vigente cambiando ésta, y de, por otro, satisfacer a grupos empresariales interesados en el negocio inmobiliario costero, como reveló la investigación Amnistía a la Destrucción de Greenpeace , por mucho que la número dos popular, María Dolores de Cospedal, demande a la organización ecologista por difundir ese texto, intentando tapar el hecho de que marido está en el ajo.
Ella intenta llevar adelante con decisión esas políticas en el territorio que controla directamente, Castilla- La Mancha, aunque el ministro haya tenido que frenarla en algún caso. Pero la costa es un pastel demasiado apetitoso como para pararse en zarandajas, aunque al mar no llegue directamente la larga mano de la secretaria general del partido, si no es a través de su marido.
La intención de la rebaja a 20 metros de la zona costera protegida ha provocado ya llanto y crujir de dientes. Para Equo “esto evidencia que el PP pretende recuperar el ladrillo como motor de la economía y continuar de esta forma destrozando nuestras costa”. Para la plataforma Salvemos la Tierra, se trata de “una regresión brutal a la destrucción del litoral y uno de los muchos pasos que el gobierno está dando en el intento de relanzar la burbuja inmobiliaria”. Esto pasa en un país que tiene vacías el 20% de viviendas disponibles, nuevas y usadas: en total unos cinco millones.
Paralelamente, desde el famoso discurso de Cañete, el PP se empeña en salvar centrales nucleares obsoletas –por tanto, muy peligrosas– y en llevar al paroxismo el desbarajuste que preside desde la legislatura anterior lo referente a las energías renovables. Por citar solo dos ejemplos palmarios de línea que marcó el ministro.
El lunes, el mismo día que conocimos la rebaja, una delegación de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) llegó a Bruselas para intentar que el Tribunal de Justicia de la UE tome cartas en el asunto español “por el maltrato a las renovables, la violación del Derecho comunitario y la ruptura del principio de confianza legítima de la mayoría de inversores de renovables en España”.
Sólo cabe desear que la corte suprema europea muestre más sensibilidad de la que mostró la vicepresidenta de la Comisión y comisaria de Justicia, Viviane Reding, hace unos meses sobre la conservación del litoral español, más preocupada por los intereses particulares inmobiliarios en España de ciudadanos nórdicos que por preservar lo público.
