Garoña: el Partido Popular garantiza un prolongado futuro al ‘lobby’ nuclear

Después de una semana de controversia, el lobby nuclear se ha llevado el gato al agua y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) autorizó el viernes que la central de Santa María de Garoña permanezca en “parada fría” durante un año en vez de cerrar definitivamente el próximo seis de julio tras agotar la prórroga obtenida de tres años para su vida útil de 40.

Los tres votos a favor de esa decisión (PP y CiU), frente a los dos contrarios (PSOE) han servido para sentar un precedente a nivel mundial que pone en entredicho todas las regulaciones de seguridad para el funcionamiento de las centrales nucleares que hasta el momento regían. “Garoña es una central vieja, lo que aumenta su peligrosidad. Su reactor es gemelo al de Fukushima. Además, tiene problemas de agrietamiento desde los años 80 en la vasija del reactor y es incapaz de refrigerar correctamente el núcle o lo que causa un enorme sobrecalentamiento del agua del Ebro", junto al que está situada en tierras burgalesas, declaró ayer por la tarde Juan López de Uralde, coportavoz de Equo.

El lenguaje críptico de la nota oficial del CSN al respecto sería irrisorio si no ocultara el trato de favor que se le da a la empresa propietaria de la central –Nuclenor, formada por Endesa e Iberdrola al 50%– para que goce de un periodo de tiempo especial y no previsto en ninguna legislación pertinente a la espera de que el Gobierno del PP altere las normativas precisas para que su explotación vuelva a ser supuestamente rentable y posible.

O sea que, finalmente, no ha habido sorpresa: el resultado de las presiones ejercidas en las últimas semanas, descaradamente y sin rodeos, ha sido un triunfo clamoroso para Ignacio Sánchez Galán, consejero delegado de Iberdrola, quien se había destacado notablemente con sus pronunciamientos públicos para mantener activa Garoña, mientras que el presidente ejecutivo de Endesa, Borja Prado Eulate, se ha mantenido en un discreto segundo plano.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, tiene también su parte nada desdeñable de mérito. Se ha prestado al juego del lobby nuclear mostrando comprensión a la petición y cínicamente dejando la decisión supuestamente técnica en manos del CSN. La mayoría conjunta de PP y CiU en este organismo ha servido fielmente a lo pretendido, dejando con el culo al aire y en muy mal lugar a los técnicos del Consejo que han pretendido ejercer su labor profesional de acuerdo con las normativas de seguridad establecidas.

“Si el ministro de Industria rectifica sus leyes al dictado de Iberdrola y Endesa, Greenpeace lo va a denunciar en los tribunales”, ha sido la reacción inmediata de Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace España, el mismo viernes por la tarde. Greenpeace ya tiene denunciado al ministerio de Soria ante la Audiencia Nacional por la orden de julio de 2012 que revocó el cierre de Garoña previsto para el próximo julio, cuando la central tenga ya 42 años, decidido por el Gobierno de Zapatero en 2009.

El objetivo obvio del lobby es el de que se prolongue oficialmente la vida útil de la central de Garoña de 40 años (ya cumplidos) a 60, para obtener un mayor rendimiento económico de la inversión en su día realizada y dejando de lado que los problemas de seguridad detectados en la central burgalesa debían haber quedado resueltos en 2013 y no se han acometido puesto que debía ser cerrada en julio.

Pero, además, está claro ahora que el lobby nuclear tiene como objetivo no declarado conseguir que se permita a todas la centrales españolas funcionar hasta que cumplan 60 años, utilizando el argumento de que así se ha permitido a una decena de reactores en Estados Unidos. Si ese razonamiento se impone, España tiene por delante un largo periodo de uso de la energía nuclear, puesto que los ocho reactores en funcionamiento en seis centrales cumplen 40 años a partir de 2020 y 60 a partir de 2040. Y son todas propiedad de Endesa e Iberdrola.

Con ello, el Partido Popular dejará al lobby nuclear el regalito atado y bien envuelto de un futuro prolongado para España, mientras seguirá intentando mantener en un nivel puramente testimonial la producción de las energías renovables. Lo que, de ninguna manera, garantiza el final de la controversia.