Autopistas: otro rescate milmillonario para creadores de burbujas destructivas

Si algo estuvo claro cuando, empopado el país a la ola ladrillera, se acometió la construcción de nuevas autopistas de peaje, fue que eran unas infraestructuras que gozaban de todas las maldiciones conservacionistas. Entonces, como ahora, las voces ambientalistas o ecologistas clamaron que eran innecesarias, antieconómicas y destructivas. Como lo eran las existentes.

Eran, y son, las tres cosas porque tenían alternativas consistentes en el desdoblamiento de vías ya trazadas que harían innecesarios los caros peajes que exigirían a sus usuarios cuando entraran en funcionamiento. También, porque la autopista de peaje se convierte desde su construcción en barrera antinatural que destruye el entorno y el paisaje, corta su continuidad armónica y aísla núcleos de población. Por último, eran y son antieconómicas porque, como ahora se ve, los altísimos gastos de construcción no iban a poder ser compensados con peajes, por muy caros que estos fueran.

El resultado de esta nueva explosión de burbuja sectorial, la de nueve nuevas autopistas de peaje, a la vista está. Siete de ellas están en concurso de acreedores. Las otras dos, a punto. Se hablaba de solución. La confirmó el jueves el secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras, Rafael Catalá: el Estado tiene que rescatar las nueve autopistas de peaje construidas al calor del maremoto ladrillero que ha arrasado España.

Las nueve que necesitan ser rescatadas por el Estado, si se quiere que sigan abiertas, tienen una deuda total de unos 3.500 millones de euros (más de 4.000, según otras cuentas). Verbigracia: las radiales 2, 3, 4 y 5 de Madrid, la M-12 del aeropuerto de Barajas, la Madrid-Toledo (AP-41), la Ocaña-La Roda (AP-36), y los tramos Alicante-Cartagena y Cartagena-Vera de la AP-7.

En la publicitación y elogio de su “necesidad” participaron gobernantes de todo pelaje, dentro del bipartidismo mejor entendido, que vieron las adjudicaciones a empresas que ahora salen en los “papeles de Bárcenas” (OHL, Sacyr-Vallehermoso, Sando) o a otras que, como Ploder-Uicesa, siguen teniendo pingües beneficios en sus actividades fuera de España... ¡construyendo autopistas!, entre otras cosas.

Lo dijo Catalá, cuando iba del bracete de la ministra de Fomento, Ana Pastor, el lunes pasado, inspeccionando las obras del AVE Madrid-Extremadura: es “paradójico” que “estas empresas españolas líderes en el mundo en materia de concesiones justamente en su casa tuviesen problemas de viabilidad”. Quizá la paradoja le mueva a usar léxico engañoso cuando habla de que el Estado contribuya a enjugar el déficit millonario que tiene a las nueve al borde de la quiebra. “Integrar” fue el término empleado por Catalá, insinuando la creación de un salvavidas ad hoc –una empresa pública o banco malo de autopistas– para arreglar el desaguisado.

La lista de empresas deja en ridículo esa pretensión “integradora”, que en realidad significa que los contribuyentes vuelvan a pagar con sus impuestos las pérdidas de la orgía inmobiliaria y bancaria, cosa a la que ya se van acostumbrando muy a su pesar.

En la construcción y explotación de la nueve autopistas se concentra de tapadillo buena parte de la flor y nata de los grupos constructores líderes del desastre: Abertis, Acciona, Global Vía, Sacyr-Vallehermoso y su filial Itinere, Ferrovial y su filial polaca Budimex, Ploder-Uicesa y Ploder Concesiones, Glotal Vía Infraestructuras, Obrascón Huarte Laín, Isolux Corsán, Sando, Corsa, Azvi.... Todos ellos muy conocidos por su exquisita planificación sostenible, respetuosa del entorno natural y la conservación de la biodiversidad.

A esos paladines del medio ambiente se une irremediablemente la parte de la banca que lastra cual plomo la aparentemente imposible salida de la crisis, o sea, cajas de ahorro que, como es sabido, son o eran entidades de marcado interés social. Aunque algunas ahora integran grupos bancarios, ahí estaban y están Caja Madrid (Bankia), CAM (Sabadell), Novagalicia Banco, Cajastur (Liberbank), Cajamar, Caja Murcia (BMN), BBK, Kutxa, y un convidado de piedra portugués que se sumó a esta otra fiesta nacional, aunque con muerte del astado: Banco Espirito Santo.

La cosa se torna aún más sangrante si se tiene en cuenta que algunas de las concesionarias de explotación de esas autopistas –en las que se integran las constructoras y los bancos– siguen sin pagar las expropiaciones de terrenos pactadas con los antiguos propietarios de los mismos. Así que habrá algunos agraciados contribuyentes que van a pagar por partida doble este nuevo rescate a cajas de ahorro y constructoras.

El balance total muestra que los daños ambientales quedan hechos y no reparados, y aún hay bastantes damnificados que perdieron tierras y no han cobrado por ellas. Por supuesto, al secretario de Estado Catalá ni se le ha ocurrido plantear que estas empresas españolas líderes en el mundo”, según sus propias palabras, repatrien parte de los beneficios que obtienen de su actividad en el exterior para tapar el agujero creado y restituir los daños ambientales. Al fin y al cabo, ¿qué son 3.500 millones de euros para tan florido y numeroso ramillete de empresas de éxito mundial?