El caso del hotel de El Algarrobico se convierte en un laberinto inextricable

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El mensaje ecologista en la fachada del hotel es suficientemente expresivo. / Carlos Barba (Efe)

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El dédalo de salas, secciones, juzgados, pasillos, cenáculos y cafeterías judiciales ofrece buenos ejemplos de cómo se pierden los asuntos en ellos y afloran, no se sabe muy bien cómo, en sentido contrario al que entraron. Nada que ver con el carrolliano laberinto de Alicia en el País de las Maravillas. Mucho más serio. La reciente y polémica sentencia, conocida el martes, sobre el hotel de Azata del Sol en la playa de El Algarrobico (Carboneras, Almería) es el botón de muestra.

Tres asociaciones ecologistas (Salvemos Mojácar, Grupo Cóndor y Salvemos Macenas) presentarán urgentemente una “querella criminal contra los magistrados que han dictado la sentencia” mencionada. Según los querellantes, no les corresponde dictar esa resolución ni al magistrado ponente, Jorge Muñoz Cortés, ni a las magistradas María Torres Donaire y María del Mar Jiménez Morera, de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Porque el nuevo dictamen debería haber sido dictado por la sección primera, que ya estableció anteriormente que ese suelo no es urbanizable porque está incluido en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Pasando el asunto a la sección tercera se faculta a ésta a que resuelva como quiera, pues si la etiqueta de “urbanizable” hubiera sido colocada por la sección primera, que es la que entiende todas las causas relativas al Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque hubiera entrado en contradicción consigo misma. Así que muda de sección y todos, o casi todos, tan contentos.

Según el dictamen del martes de la sala tercera, ahora resulta que la mole de cemento y ladrillo que se alza a sólo 20 metros de la orilla del Mediterráneo está en terreno urbanizable porque así se clasificó en el PORN del parque de 1994. Sin embargo, esta nueva resolución que nos ocupa entra en contradicción flagrante con la del Tribunal Supremo del 21 de marzo de 2012 que estableció con carácter fime e irrevocable la ilegalidad de la licencia del hotel y su construcción porque invade la servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo Terrestre.

Otro detalle: “En el fundamento de derecho duodécimo, la sentencia sólo alude a la sentencia firme dictada por la sección primera de la misma Sala, el 11 de junio de 2011, pero no alude a otras tres sentencias de esa misma sección primera, una de ellas firme, que son también contradictorias con esta sentencia”, resalta el comunicado de las tres organizaciones que anuncian la presentación de la “querella criminal” contra los tres magistrados.

¿Cómo se puede declarar urbanizable un terreno en el que el Supremo mantiene que se ha concedido una licencia de construcción ilegal por usurpar terreno público? Quizá haría falta toda una tesis doctoral de derecho urbanístico para explicarlo.

Hay más, bastante más. Hace unos días, aquí mismo se hablaba de los vericuetos legales por los que discurría el asunto para intentar evitar como sea el derribo del tristemente famoso hotel de Azata del Sol, desde la sentencia de un juzgado de Almería en 2008 que declaró ilegal la licencia de construcción y se debía, por tanto, proceder al derribo de las 21 plantas edificadas.

En este otro episodio, o caso aparte, hay también algunos vaivenes, dimes y diretes o, incluso, tejemanejes gracias a los cuales el tema pasa de unas manos a otras o de otras a unas, sin que pueda explicarse muy bien por qué motivo, salvo el meramente discrecional. ¿O habría que decir arbitrario? ¿Quién es el magistrado o magistrada que debe pronunciarse en este asunto?

Queda, por otro lado, sin resolver aún en la misma sección tercera autora de la polémica sentencia del martes, otro procedimiento más sobre el recurso contra el plan urbanístico de Carboneras que clasificó como urbanizable el terreno junto a la orilla. Y también otros dos recursos más interpuestos contra lo establecido en el PORN, que están en manos de la misma sección primera que, según los querellantes, debía haber sido la que se hubiera pronunciado el martes.

Hay, así pues, todavía muchas etapas por cubrir antes de que una sola piqueta golpee un ladrillo del hotel de Azata del Sol. Para regocijo de quienes quieren impedir que eso ocurra, verbigracia la empresa propietaria, el ayuntamiento de Carboneras –en especial los grupos de PP y PSOE–, núcleos de poder en la Junta de Andalucía y, en general, todos cuantos prefieren mantener los hechos consumados a cambio de unos supuestos cuantos puestos de trabajo, un negocio cuya rentabilidad está por ver y la pervivencia de una marca turística propia de la España de charanga y pandereta.

Y hay, consecuentemente, cada vez menos perspectivas de que la demolición de una construcción que representa uno de los más llamativos atentandos urbanísticos en el litoral español llegue alguna vez a producirse, habida cuenta de la creciente complejidad del laberinto jurídico-judicial en el que quienes pueden pagarse los abogados que hagan falta han conseguido meter el asunto.