El freno a la privatización del agua en Alcázar de San Juan, primer precedente jurídico

El freno puesto a la privatización del servicio público de agua en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) va a traer cola. No ya porque, probablemente, el ayuntamiento de esa ciudad manchega recurrirá la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) que impide la privatización del suministro de agua basándose en la poca fiabilidad que ofrece la empresa formada a tal efecto entre el municipio y Aqualia/FCC. También porque esa decisión marca un camino nuevo en las múltiples luchas que plataformas ciudadanas llevan en todo el Estado contra el oligopolio del agua, encarnado fundamentalmente por la compañía que actúa en Alcázar, el grupo Agbar y la empresa Acciona, que controlan entre las tres el 80% del mercado privado español.

El dictamen del TACRC “es un triunfo basado en que sienta el primer precedente jurídico importante” frente a la privatización del servicio público de agua que auspician muchos equipos de gobierno municipal en toda la geografía española. “Por primera vez, los movimientos sociales no sólo ganan en la calle sino también en los tribunales en lo relativo a los intentos de privatización del agua”, opina Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS).

La Plataforma contra la Privatización del Agua en Alcázar se da momentáneamente por satisfecha por la resolución judicial que se produce después de un largo desarrollo en el que el Ayuntamiento gobernado por el PP ha ignorado las protestas de los vecinos contra la privatización del servicio público. Protestas que han sido generalizadas y culminaron con una consulta popular celebrada hace un mes en la que más de 7.600 vecinos de los 32.000 que tiene en pueblo rechazaron la pretensión municipal de que fuera la nueva empresa público-privada Aqualcazar, sustituta de la pública Aguas de Alcázar, la que ofreciera el suministro. El 52% de las acciones quedaba en manos de Aqualia/FCC.

La resolución del TACRC confirma jurídicamente las apreciaciones de la Plataforma de que Aqualcazar no tenía entidad suficiente para poner en sus manos un servicio básico municipal como es el del agua. La Plataforma, no obstante, se abstiene de lanzar las campanas al vuelo y dice en su blog oficial que “nuestro camino de lucha continúa”.

Igual que sigue en otros enclaves de primera importancia donde han de resolverse cuestiones capitales al respecto en las próximas semanas. En múltiples lugares donde la protesta vecinal intenta impedir privatizaciones están pendientes de la resolución del conflicto en marcha desde el año pasado en el Área Metropolitana de Barcelona, que comprende 32 municipios en los que viven más de tres millones de personas.

Allí la privatización del suministro de agua se pretende hacer con “trampa”, asegura Quim Pérez, portavoz de Aigua ès Vida, puesto que el 85% de capital aportado por Agbar a la empresa mixta creada al efecto con Área Metropolitana consiste en las perspectivas de negocio que ofrece la explotación de unos pozos de acuíferos que la Generalitat reclama como suyos y para lo cual ha iniciado un expediente de recuperación a través de la Agencia Catalana del Agua.

El expediente debe resolverse el próximo 13 de junio, dentro de ocho semanas, cuando se cumplen los 18 meses desde el inicio del procedimiento que marca como límite la legislación. De cómo termine este asunto, después del precedente del dictamen del TACRC sobre Alcázar de San Juan, se derivarán bastantes consecuencias. A pesar de que en Aigua ès Vida no se muestran optimistas y están convencidos de que el asunto acabará en la Fiscalía, sí o sí.