MEDIO AMBIENTE / Según la ponente del PP hay que liquidar las garantías legales sobre la protección de las especies

PSOE, UP y ERC frenan en seco el último asalto del PP al entorno natural

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El cangrejo rojo está considerado como una especie invasora en España por su demostrado impacto negativo sobre los ecosistemas y la economía. / Efe

La oposición ha conseguido frenar en seco el ultimo ataque del Grupo Popular contra el medio ambiente. Después de liquidar la Ley de Montes, eliminando la prohibición de construir en zonas quemadas, y de demoler la Ley de Costas para reducir el dominio público marítimo-terrestre, el PP intentó el martes abrir un boquete en la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad para colar especies exóticas e invasoras con el argumento de que son rentables y favorecen la caza y la pesca. Pero esta vez, ya sin la mayoría absoluta con la que aprobó su contrarreforma ecológica, se quedó pedaleando en el aire, sin poder avanzar un paso. Hasta Ciudadanos olió a los invasores dentro del caballo de Troya de sus socios de derechas y optó por abstenerse. El PSOE, Unidos Podemos y ERC sumaron sus votos para rechazar la toma en consideración de la nueva regulación.

La portavoz popular María Teresa de Lara, una mujer endurecida en las lides parlamentarias, creyó que apelando a la trucha arcoiris (especie exótica que no se mezcla ni daña ya especialmente a la autóctona) e invocando los intereses sociales y económicos de las piscifactorías y del turismo pesquero y cinegético, iba a abrir el boquete legal de la excepción. La proposición de ley del PP pretendía en su artículo 64-3 la descatalogación de algunas especies invasoras. Claro que sólo en "casos excepcionales" y "debidamente justificados" por motivos de interés público y de naturaleza social y económica.

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Dicho de otro modo: que la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad podrá dejar sin efecto, mediante acuerdo, algunas prohibiciones para una determinada especie catalogada como invasora, aunque con las garantías necesarias para asegurar que no producirán efectos negativos sobre la biodiversidad autóctona. El Gobierno ya intentó por decreto de 2013 dar "seguridad jurídica" a actividades relacionadas con las especies exóticas invasoras, como la caza y la pesca deportivas. Pero luego vino el Tribunal Supremo y en 2016 consideró invasoras algunas especies no contempladas en el decreto y que son objeto de caza y pesca deportivas como el arruí o muflón del Atlas y los peces black bass, carpa, lucio y trucha arco iris.

Y según la ponente del PP, lo mejor para resolver el problema es liquidar las garantías legales sobre la protección de las especies. De lo contrario, según el falso dilema de la citada Lara, se infligiría mucho daño a municipios rurales. Si se redujera la caza o la pesca a las "campañas de control y erradicación" de esas especies, los efectos económicos negativos por la suspensión de esas actividades deportivas, turísticas y de ocio serían tremendos, dijo Lara. Incluso las piscifactorías (93 de trucha arcoiris y cinco de cangrejo rojo, repartidas por todo el territorio nacional) estarían en cuestión.

Tan telúrica argumentación de la representante del grupo mayoritario no impresionó al pleno del Congreso, sobre todo, debido a que el PP ni se ha esforzado en buscar un acuerdo ni con sus socios de C's. Su portavoz, Toni Cantó, tachó de "parche" el texto articulado del PP y dio la espantada por respuesta diciendo que el problema radica en que los sucesivos gobiernos no han hecho nada ante la expansión del alga asesina que invade el Mediterráneo, la almeja asiática o el mejillón cebra que incluso ponen en peligro algunas infraestructuras hidráulicas, el cangrejo americano, la hierba de la pampa, el mosquito tigre, el picudo rojo, el visón americano, la cotorra argentina, el árbol ailanto, los mapaches, el camalote o el jacinto de agua... La lista crece y las autoridades están desbordadas por estas especies que están poniendo en peligro nuestros ecosistemas.

Fueron Juantxo López de Uralde, de UP; Francesc Eritja, de ERC, y Gabriel González Ramos, del PSOE, quienes pusieron pie en la pared ante la nueva modificación de una ley de protección ambiental con la excusa de promover una actividad económica. Así ocurrió, denunció Uralde, con la Ley de Montes, que modificaron para eliminar la prohibición de construir en zonas incendiadas. Lo hicieron también con la Ley de Costas, dando sesenta años más de concesión en el dominio público marítimo-terrestre a construcciones, algunas bien conocidas como la papelera ENCE en Pontevedra. También modificaron la Ley de Impacto Medioambiental para, entre otras cosas, facilitar la introducción del frucking. Y la Ley de Parques Nacionales para permitir la caza en el interior de los parques.

El expresidente de Greenpeace y portavoz de Equo pidió al PP que "no cree alarma", porque ni la Ley de Biodiversidad ni la sentencia del Supremo pone pegas a la caza o la pesca de las especies invasoras —todo lo contrario, deben integrarse en las estrategias de control— sino a la suelta y/o reincorporación en el medio ambiente. Incluso en lo referido a granjas o explotaciones industriales de cría, nuevamente la legislación se refiere a la prohibición de la liberación en el medio ambiente y no como dice el PP erróneamente, a su uso para la alimentación.

Uralde se preguntó si a los patriotas de la derecha les molesta que nuestro país sea el que mayor diversidad biológica posee de la Unión Europea. Eritja denunció el propósito del PP de "desregularizar la protección de la naturaleza" y González dijo que "Rajoy nos ha convertido, también en materia medioambiental, en el hazmerreír de nuestros vecinos europeos". Se llegó a la votación y la suma del PSOE, UP y ERC fue de 158 votos frente a los 143 que sumaron PP y PNV, lo que, con la abstención de C's, ha impedido que la norma sea discutida siquiera.

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