Cifuentes subasta la lucha contra la violencia machista «al mejor postor»

“Parece que solo quieren cubrir el expediente”. Es la conclusión a la que llega Elena Fernández, presidenta del comité de empresa del Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales (Intress), sobre la política de la Comunidad de Madrid para combatir la violencia machista. Las trabajadoras de esta entidad, que gestiona varios centros de atención para estas víctimas, se quejan de que, tras años de recortes brutales a estos servicios, los recursos para proteger a las mujeres siguen siendo insuficientes. 

Pese de que en su discurso de fin de año la presidenta, Cristina Cifuentes, pedía el fin de la violencia machista, estas trabajadoras se quejan de que sus deseos no se materializan después en las cuentas. Este martes, el Comité de Empresa de Intress lanzaba un comunicado denunciando la “subasta” a la que somete los recursos de la Red Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género de Comunidad de Madrid. Actualmente, este Instituto gestiona el centro de día Ayaan Hirsi Ali, los centros de emergencia 1 y 2 y los centros de acogida 3 y 4. La gota que ha colmado el vaso de estas trabajadoras son los pliegos que la región ha publicado cuando ha sacado a concurso la licitación de 2017. Al examinarlo,  contemplaron decepcionadas que el criterio económico es el que volvía a primar sobre otros aspectos, llevándose hasta 70 puntos del total de 100: “Da más prioridad a la bajada económica que al proyecto técnico”, se queja Fernández sobre las preferencias del Ejecutivo.

Mientras Cifuentes presume del crecimiento económico, esa misma euforia no se traslada a la calle ni al trabajo diario. Desde el comité de empresa calculan que estas cifras dejan unos ratios aproximados de 18 a 25 mujeres atendidas por cada educadora: "En algún centro, en cuanto a atención psicológica, es de una psicóloga a 6h/semana para atender a 25 mujeres". Fernández también avisa: “Hay un centro en el que es imposible que haya una educadora social las 24 horas en el piso". En la cartelería que cuelgan en las redes sobre esta reivindicación, acusan a Cifuentes de vender estos servicios "al mejor postor". 

Las adjudicaciones y la importancia de la subrogación

Fernández apunta a recortes de horarios e, incluso, sustituciones de educadores sociales (diplomados) por integradores. La crisis, además, ha provocado efectos colaterales que las administraciones deben amortiguar: “Las estancias en los centros cada vez son más largas. Las recuperaciones son complicadas porque tienes que dejar tu trabajo, tu entorno, todo. Hay una tendencia al alza del tiempo de ocupación”, apunta la experta.

Tras años de recortes, despidos y precariedad, hay proyectos que sí han notado cierta mejoría en los últimos años. La organización Provivienda, que gestiona uno de los centros para estas mujeres, también pide que se valore más el proyecto técnico que la pura oferta económica, pero sí cree que hay algunos avances respecto. Según explican, en el pliego concreto al que ellos concursan se exige la subrogación de trabajadores. Es decir, que se mantengan puestos y categorías. Lo que dificulta que las empresas intenten cumplir con la oferta bajando sueldos o recortando.

Sin embargo, hay recursos y las mujeres deben denunciar para que el sistema pueda protegerlas. La Red de Atención Integral para la Violencia de Género está formada por 23 residenciales y cinco no residenciales, 52 Puntos Municipales del Observatorio Regional contra la Violencia de Género y recursos como el Servicio de Información y Atención telefónica 012, el Servicio de Orientación Jurídica, la Unidad de Adolescentes víctimas de violencia de género o el Servicio de Psicólogas infantiles itinerantes.

Más presupuesto, ¿menos medios?

Desde el Ejecutivo responden que combatir la violencia machista es una prioridad: "En esta legislatura el Gobierno regional ha incrementado el presupuesto destinado a violencia de género en casi un 8%. Para 2018 se ha aumentado en 1 millón de euros”, responden a esta polémica. También facilitan cifras de los recursos mencionados: “El precio de licitación de estos centros se ha incrementado entre un 3 % y un 5 % con respecto al anterior”.

En 2017 se destina más dinero que en el ejercicio anterior. Sin embargo, hay que ampliar el campo de visión para entender el agotamiento de las personas que gestionan estos recursos. El ‘Informe de Violencia de Género 2017 en la Comunidad de Madrid’, elaborado por Comisiones Obreras, ofrece una versión más crítica de la gestión de Cifuentes. En 2017, se presupuestaron 22,5 millones de euros, un ligero aumento respecto al año anterior y un abismo si se compara con las cifras precrisis. En 2008, se destinaron 44,8 millones de euros a la protección de estas mujeres. Tras los recortes que las administraciones impusieron con la llegada de la recesión, se desplomó a la mitad.

Además, el sindicato advierte de que los datos pueden tener trampa. No todo el dinero presupuestado se acaba gastando, tal y como asegura el informe: "Pero aún hay un dato más grave, y es que el presupuesto no se ejecuta. En el año 2014, de los 20,1 millones, se ejecutaron el 72% dejándose de gastar 5,7 millones. En el año 2015, de los 21,5 millones se ejecutaron el 74,6% dejándose de gastar casi 6 millones de euros. Por último, de los 22 millones presupuestados en 2016, se estima que la ejecución no llegará al 71%, esta vez dejaran de gastar 6,2 millones".

En el comunicado emitido por el comité de empresa de Intress se preguntan dónde está el aumento del que presume Cifuentes: "No sabemos a dónde ha ido a parar el dinero recibido para la prevención de atención y protección y recuperación de las mujeres víctimas de la violencia machista, aunque podemos afirmar que no ha ido a la partida presupuestaria de los recursos enunciados en este escrito".

Una situación preocupante

Como en el resto del Estado, en Madrid la violencia machista es un problema grave. De las 48 mujeres asesinadas en 2017, ocho se registraron en la Comunidad de Madrid, que encabeza este dolorosa estadística. Sin embargo, CCOO en el citado informe va más allá y detecta un incremento de la violencia machista” en la región.

A falta de cifras asentadas del año, hace unos días el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) alertó de un aumento de un 15,8 por ciento de denuncias por violencia en el tercer trimestre de 2017 se presentaron 6.705, una cifra superior a las 5.645 de 2016. Además, tal y como recuerda el documento 'La crisis de la vivienda no ha terminado', de Amnistía Internacional, en 2016 se presentaron en Madrid 5.810 solicitudes de orden de protección, de las que se aceptaron 2.954, arrojando un porcentaje de 49.2% inadmitidas o rechazadas. 

La presidenta del Foro de Madrid contra la Violencia de Género, Lourdes Hernández, confirma que el escenario es preocupante. Para ella, los presupuestos siguen siendo restrictivos: "Este año ha habido más asesinatos y precariedad en Madrid. Además, hay que hacer más prevención porque han aumentado los casos en jóvenes". La veterana feminista también es escéptica sobre la buena voluntad de Cifuentes: "Nosotras le pedimos que pusiera el 25 de cada mes una pancarta poniendo 'basta ya violencia de género' en el edificio de Gobierno, pero no fue capaz de ponerlo ni el día 25 de noviembre. Eso sí, para le Madrid y el Atleti sí que pone lo que haga falta".

Otros recursos importantes también están a la espera, como la resolución de las subvenciones de IRPF, unos fondos fundamentales para algunas asociaciones sociales como CAVAS, que atiende a mujeres víctimas de violaciones. El pasado octubre tuvo que abandonar el local que tenían alquilado por no poder pagarlo. En enero, ya han recibido fondos del ministerio, pero siguen esperando los de la Comunidad de Madrid, según afirma la organización.