El gobierno se ceba con las mujeres más vulnerables a la hora de abortar

El gobierno ha cumplido una de sus promesas electorales: presentar la modificación de la Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo en su artículo 13.4, referido a la asimilación de las mujeres de 16 y 17 años con las mayores de 18 y eliminando el considerando actual que señala que son las mujeres quienes tienen que consentir (decidir) la interrupción de su embarazo indicando que “al menos uno de los representantes legales de las mujeres comprendidas en esas edades deberán ser informados” salvo que “la menor alegue fundadamente que esto [el aborto] le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo.”

El Estado protegía, con la ley actual, a todas aquellas mujeres que viven en situación de desprotección para que puedan decidir por ellas mismas y no se vean obligadas, por alguien ajeno al afecto y amparo familiar, a llevar a término un embarazo no deseado.

Por tanto, la modificación que pretende el gobierno,  con el ministro Alfonso Alonso a la cabeza, sólo afectará a este grupo obviamente minoritario porque, aunque nos quieran presentar lo contrario, aquí abortamos todas, las listas y las no tan listas. Las familias estructuradas somos ampliamente más, y el aborto no es una cuestión de marginalidad.

Según el último estudio de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), la actual propuesta de modificación del PP habría dejado desprotegidas a 113 mujeres entre enero y noviembre de 2014, esto es, el 0,44% del total de mujeres que se sometieron a una interrupción del embarazo en ese período; el 12,38% de las mujeres de 16 y 17 años que abortaron en esos meses.

Estos datos vienen a demostrar lo innecesario de esta modificación por dos razones. La primera, porque para alimentar a su electorado -y afines- contrario al derecho al aborto esto es un aperitivo, no les llega a nada frente a su voracidad (recordemos que su pretensión estaba más allá de la propuesta de Gallardón). Y ya han dicho que no les contenta. La segunda nos lleva a reflexionar sobre las razones para la supresión de este derecho que afecta a un número tan escaso de mujeres -que no genera ningún tipo de alarma social-, pero que tienen una necesidad de protección muy elevada. Y también provoca una serie de preguntas y contradicciones.

En España, se reformó el Código Civil  fijando en los 16 años la edad para obtener la emancipación y el regir de la persona y de los bienes como si fueran mayores de edad, precisando permiso de sus padres o tutores en escasas ocasiones (pedir un préstamo, transmitir bienes). Con 16 años, si no quieren someterse a una operación o a un tratamiento, por ejemplo oncológico por sus efectos secundarios, las jóvenes pueden decidirlo, y si quieren hacerse todas las cirugías del mundo en su cuerpo, también pueden. ¿Abortar no?

También se elevó en la misma reforma la edad mínima para casarse. ¿A partir de ahora, las casadas de 16 y 17 años podrán abortar si así lo deciden o necesitarán el permiso paterno para hacerlo?

Tenemos pendiente la reforma del Código Penal, en la que este mismo gobierno quiere elevar la edad mínima para el consentimiento de relaciones sexuales a 16 años pero, mientras no se apruebe, a partir de los 13 años ellos y ellas pueden consentir y tener  relaciones sexuales completas. Pero abortar, parece que no.

Quizás 13 años es una edad excesivamente reducida en lo que al consentimiento de las relaciones sexuales se refiere, aunque nos queda como consuelo que en el Estado Vaticano la mayoría de edad para tener relaciones sexuales consentidas son los 12 añitos.

Por cierto, ¿y si en un supuesto ‘imposible’ una mujer de 16 o 17 años, soltera, no emancipada, en desarraigo, desamparo o desestructuración consigue abortar qué hacemos?, ¿la metemos en un reformatorio y cuando cumpla 18 la pasamos a prisión? Porque el aborto sigue estando en el Código Penal. ¿Y con el personal sanitario que le haya practicado el aborto, qué, a la cárcel? Este último supuesto parece cada vez más complicado, porque con tanto impedimento va a ser imposible que quien practique esos abortos sea personal sanitario. Todo parece indicar que esos abortos, que sin duda se producirán, serán clandestinos.

Conclusión: para este gobierno los 16 años son una buena edad para practicar sexo consentido, para casarse, para disponer del propio cuerpo, y hasta del alma. Pero si no quieres ser madre… vive en un entorno normalizado, estructurado... o espera a ser mayor de edad.