Asociaciones, sindicatos y colegios de periodistas rechazan la ‘ley mordaza’

El pasado jueves se aprobó en el Congreso de los Diputados la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que ya es conocida como "ley Mordaza". El rechazo a dicha ley no sólo se manifiesta en la propia Cámara Baja, donde se aprobó con los votos en contra de toda la oposición sino en muchos ámbitos de la sociedad, y en particular entre los profesionales de la información. Asociaciones, sindicatos y colegios de periodistas rechazan frontalmente una ley que atenta, entre otras, contra las libertades de expresión e información, aunque no proponen actuaciones concretas para combatirla.

"Esta ley es totalmente innecesaria, ya existía una legislación que cubría la seguridad ciudadana y además la delincuencia no ha crecido sino que ha disminuido. Según datos del propio Ministerio del Interior, de las aproximadamente 87.000 manifestaciones que se han producido en esta legislatura, sólo en un 1% ha habido incidentes". Agustín Yanel, secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), muestra la oposición de los sindicatos de periodistas y nos refiere las medidas concretas que han tomado contra la ley, "La FeSP junto con otras organizaciones de juristas, ecologistas, etc. enviamos en noviembre una carta al Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muižnieks, que hace poco hemos remitido también al Relator  Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación de la ONU, Maina Kiai

"En ella, entre otras cuestiones, ponemos de manifiesto que esta ley  conlleva un incremento acusadísimo de infracciones relacionadas con los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación. 15 de las 46 infracciones propuestas en la reforma afectan directamente esta área, lo que denota el interés particular de este Gobierno por regular, mediante soluciones sancionadoras, estos derechos” continúa Yanel.

Desde los operadores jurídicos también se considera la ley innecesaria e injusta y distintas entidades lo prueban con datos. La plataforma No somos delito -formada por más de 80 organizaciones de activistas, juristas, y ciudadanía-  considera que la sociedad no está demandando un cambio en la ley, España está en por debajo de la media europea en cuanto a número de delitos y la inseguridad se encuentra en el puesto duodécimo de las preocupaciones de los españoles, por debajo del paro, la sanidad, la situación económica o la corrupción. Para su grupo de juristas "esto demuestra que el gobierno, sin un sustento real, está tratando de crear una falsa percepción de inseguridad en la sociedad que le permita justificar el endurecimiento de las leyes a costa de recortes en los derechos y libertades para reforzar su control y blindarse aún más frente a las numerosas reclamaciones de la ciudadanía.”

Más datos corroboran la innecesariedad de la ley. Según Legal Sol -comisión jurídica que nació del 15-M- desde el nacimiento del movimiento, el 15 de mayo de 2011, no se ha condenado a ninguno de los 447 detenidos en Madrid por delitos penales a los que dan cobertura sus abogados, pues afirman que la justicia está reconociendo que las sanciones y detenciones son arbitrarias e injustas. Pero es más, la comisión ha presentado 80 demandas en los juzgados de lo contencioso, contra las multas impuestas. Ha ganado 28, ha recurrido en apelación 3 y el resto están pendientes de resolución.

Las asociaciones de periodistas también se muestran contrarias a la nueva ley de Seguridad Ciudadana. Nemesio Rodríguez portavoz de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) rechaza de plano su articulado. "Rechazamos el proyecto de ley desde el principio. Enviamos una carta al ministro, pidiendo una reunión -que nunca nos concedió- y alertándole de aquellos preceptos que entendíamos vulneraban la libertad de expresión y el derecho de información. Se han hecho algunos cambios en los artículos más duros pero todavía hay muchas normas que dificultan el ejercicio de derechos fundamentales".

Entre esos artículos, aparecía en el proyecto de ley  el artículo 36.26 que sancionaba, como falta grave, "el uso no determinado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación."

Este artículo ha sido enmendado en el texto definitivo con la coletilla "con respeto al derecho fundamental a la información". Para las organizaciones profesionales esa coletilla no añade protección a los periodistas porque es indeterminada y obvia. Si ya existe una persecución a los periodistas, a los que se impide realizar su trabajo, ahora el policía podrá sancionar al profesional que se verá obligado primero a pagar la multa y después a recurrirla ante el juzgado contencioso por vulneración de derechos fundamentales, previo pago de tasa judicial.

Sin embargo Malén Aznarez, presidenta de la sección española de Reporteros sin Fronteras, anima  a los periodistas a que sigan haciendo su trabajo. "Desde RSF siempre nos hemos opuesto a esta ley, que esperamos sea derogada si cambia el partido en el gobierno, pero mientras tanto invitamos a los periodistas a que hagan información, que sigan cubriendo manifestaciones y escraches. Nosotros denunciaremos los atropellos que se cometan con esta ley y a los dueños de los medios les pedimos que protejan a sus profesionales."

Las enmiendas al proyecto de ley han traído otra sorpresa desagradable para los profesionales de la comunicación. Se considera infracción muy grave (castigada con multa de 30.0001 a 600.000 euros) las reuniones o manifestaciones no comunicadas en infraestructuras o instalaciones en las que se presten servicios básicos para la comunidad. La disposición adicional sexta ha añadido como instalación básica para la comunidad, las infraestructuras de comunicaciones. Todos recordamos los encierros de los trabajadores de Canal 9 y Telemadrid cuando se aprobaron los despidos colectivos o más recientemente la sentada de los redactores de Torrespaña, como protesta por el cese de varios editores en TVE. ¿Se podría imponer a estos trabajadores una sanción de hasta 600.000 euros por realizar una protesta pacífica?

Xosé Manuel Pereiro, decano del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, entiende que la ley se ha hecho a medida de las protestas que se han realizado en España en los últimos años. "La ley no contempla circunstancias generales sino que legisla sobre casos concretos", afirma. Pereiro es pesimista sobre el papel de los periodistas contra la "Ley Mordaza". "Hemos dejado que se traspasaran muchas líneas rojas y hemos perdido legitimidad. Estoy muy preocupado con las declaraciones de la Defensora del Pueblo -continúa- que justifica la actuación policial contra periodistas por no llevar un chaleco. Parece que desconoce que fue una organización privada (la Federación de Asociaciones de Periodistas de España) la que firmó ese acuerdo con el Ministerio del Interior que no obliga a quienes no son miembros de ese organismo. Si antes de publicar la ley estamos así, qué será cuando se publique", concluye.

Hoy se celebran manifestaciones contra la Ley Mordaza en muchas ciudades de España. La Federación de Sindicatos de Periodistas ha anunciado que apoya las concentraciones, además de invitar a los profesionales de la comunicación a participar en ellas.