Verónica del Carpio: «La sentencia del TC contra las tasas es un fracaso del Estado de Derecho»

El 29 de julio, último día laborable del mes, y con la mayoría del país de vacaciones, el Tribunal Constitucional ha hecho pública la sentencia en la que considera "inconstitucionales" las tasas judiciales impuestas por Ruiz Gallardón, suprimidas para las personas físicas por su sucesor Rafael Catalá y discutidas por todos los operadores jurídicos.

Pese a los titulares grandilocuentes, que han afirmado que el Constitucional "tumba" las tasas judiciales, la realidad es que la sentencia llega tarde y no resuelve la inconstitucionalidad per se de las tasas, es decir, no considera que, en sí mismas, vulneren el artículo 24.1 de la CE (tutela judicial efectiva) y sean inconstitucionales. El Tribunal afirma que, lo que las hace inconstitucionales es "su elevada cuantía". Además, como las personas físicas ya están exentas de su pago, nada dice la sentencia respecto de ellas, a pesar de que la doctrina que contiene esta sentencia tiene validez general y se prolonga en el tiempo.

La imposición de las tasas judiciales, a finales del año 2012, provocó que juristas de distintas partes del estado se unieran ante lo que consideraban un atropello al estado de derecho y al acceso a la justicia y así nació la Brigada Tuitera. En cuartopoder.es hemos querido hablar con sus fundadores: José Muelas, decano del Colegio de Abogados de Cartagena, Angel López, abogado y Verónica del Carpio, abogada y profesora de Derecho Civil, para que valoren la sentencia del Tribunal Constitucional.

"Las tasas no se han derogado completamente para las pymes y las ONG. Han suprimido las que gravaban el acceso a los recursos, por ser excesivas, pero se mantienen para el inicio de las acciones judiciales", explica Muelas, "y además la sentencia no contempla la devolución del dinero indebidamente abonado, porque causa un grave quebranto a la Administración, ¡cómo si los ciudadanos no formaran parte de la Administración!"

"La sentencia llega muy tarde, no tiene explicación que hayan tardado casi cuatro años en resolverla e incluso en un momento apropiado para el Gobierno del PP", explica Angel López. "En la anterior legislatura conseguimos la toma de consideración de una proposición de ley para derogarla completamente, votaron a favor todos los grupos, y en esta legislatura íbamos a volverlo a plantear en cuanto pudiéramos", concluye.

A pesar de que se han presentado distintos recursos contra la Ley de Tasas Judiciales, el Tribunal Constitucional sólo ha resuelto el presentado por el PSOE y tampoco ha atendido a las siete cuestiones de inconstitucionalidad interpuestas por distintos órganos judiciales.

"Esta sentencia es un fracaso del Estado de Derecho", expresa del Carpio. "En el asunto de las tasas judiciales han fallado todos los mecanismos de control de la acción del gobierno. Las leyes se controlan por el Tribunal Constitucional pero el recurso sólo pueden interponerlo los partidos políticos o el Defensor del Pueblo, que en este caso ha hecho una dejación absoluta de sus funciones", afirma.

En cuanto a la tardanza en resolver, del Carpio ve otros intereses. "El Constitucional ha dejado el recurso en el cajón más de tres años. Ha esperado a que se cambiara la ley para resolverlo, es un tribunal político", expone. "Esta ley no se podía suspender y ha causado un daño objetivo a los ciudadanos y nadie se va a responsabilizar", finaliza del Carpio.

Los tres abogados se sienten satisfechos del trabajo realizado estos años desde las redes sociales y en su modestia reconocen la importancia de la Brigada Tuitera en la derogación de las tasas para personas físicas, en el año 2015.

"Hemos conseguido que, en redes sociales, más de 11.000 operadores jurídicos lleven la #T que es el avatar de la Brigada", explica Muelas. "Hay procuradores, jueces o secretarios, aunque la mayoría son letrados. Nuestras acciones tuvieron éxito en la red y conseguimos impulsar proposiciones no de ley contra las tasas en los parlamentos autonómicos y llegar al Congreso de los Diputados".

"En todos los aniversarios de la aprobación de la ley de Tasas hemos hecho alguna acción significativa", manifiesta López, "con la presión de todos, azuzando a organismos públicos y pidiendo colaboración conseguimos que se derogara para personas físicas, pero seguiremos hasta conseguir la derogación total", concluye.

Por último queda abordar el que iba a ser el fin de las tasas judiciales: sufragar la justicia gratuita, aunque lo recaudado no se ha destinado a ello, según explica José Muelas. "Las tasas judiciales han recaudado más de quinientos millones de euros anuales, que no se han destinado a justicia gratuita. El monto de esa partida para el Ministerio de Justicia es de 34 millones de euros anuales a los que hay que sumar lo que gastan las comunidades que tienen transferida la justicia. A ellas no les ha llegado nada de las tasas. Los abogados de oficio están cobrando todos con retraso, los que dependen del Ministerio a día de hoy no se les ha abonado el primer trimestre de 2016", concluye.