Las denuncias por espionaje contra Google en España llevan paralizadas tres años
Hace unos días, The Guardian informaba (vía Edward Snowden) de que Google recibió millones de dólares de la Agencia Nacional de Seguridad (los espías criptológicos de EEUU) a cambio de datos privados de los usuarios. Hace apenas seis meses, EEUU había condenado al mismo Google a pagar una multa de 5,4 millones de dólares por captar datos personales de redes wifi. O sea, EEUU multa al gigante tecnológico por captar los mismos datos que simultáneamente le compra su Gobierno.
La paradoja puede ser extrapolable a España y a una decena de países de Europa. Desde hace más de tres años, varias denuncias persiguen a Google en nuestro país por haber colectado datos personales de los usuarios a través de barridos indiscriminados que realizaron desde los vehículos con los que se diseñó el street-view. El street-view es la herramienta de Google Earth y Google Maps que nos permite pasear virtualmente por las calles de ciudades y pueblos con 360 grados de visión desde la pantalla de nuestro ordenador. Las imágenes se logran a través de vehículos dotados de una cámara. Y, al menos como quedó demostrado en EEUU, con otras tecnologías que posibilitan captar y almacenar indiscriminadamente todo tipo de datos personales de las redes wifi que estos vehículos van encontrando a su paso. Nuestros datos. Estas violaciones de privacidad, reconocidas por Google como error, acostumbran a ser usadas con fines comerciales.
El criminólogo y perito criptólogo forense Miguel Gallardo es el creador de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (Apedanica). Esta asociación sin ánimo de lucro fue pionera en la denuncia de aquellos barridos de datos, presuntamente delictivos, practicados por Google en España.
Apedanica presentó su denuncia penal el 16 de junio de 2010 en un juzgado de guardia. Más tarde pasó a manos del Juzgado de Instrucción nº 45 de Madrid. Un mes después de aquella primera denuncia, la propia Fiscalía General del Estado trasladaba orden de investigar el asunto al Ministerio Público de Guipúzcoa. No solo por el hecho de que los coches-espía de Google hubieran barrido los datos de los donostiarras. En San Sebastián se encontraba uno de los doce fiscales nacionales especializados en delincuencia informática. La asociación de consumidores Facua se convirtió en el tercer frente denunciante.
Las denuncias arrancaron bien: antes de que finalizara aquel verano de 2010, la jueza del 45 llamaba a declarar como imputado al representante de Google España, Javier Rodríguez Zapatero (pura coincidencia de apellidos). Tendría que haberse presentado en sede judicial el 4 de octubre de aquel año. Treinta y cinco meses después, dicha comparecencia sigue pendiente por “aplazamientos, suspensiones y recursos”, según denunciaba Apedanica hace apenas cuatro días en escrito remitido a la Fiscalía de Sala para la Criminalidad Informática.
“El 16-6-10 presentamos denuncia penal ante el juzgado de guardia por la que se iniciaron estas actuaciones sin que hasta la fecha se haya practicado ninguna diligencia eficaz. Todas las actuaciones judiciales han tenido como único propósito dificultar, encarecer, complicar y demorar el ejercicio de la acusación, no estando claro si somos afectados directos o no del espionaje perpetrado por Google, porque todos, incluyendo a jueces y fiscales, hemos podido ser espiados por Google”, informaba Apedanica el pasado lunes 25 a la fiscal Elvira Tejada de la Fuente.
Pero el contraataque de Apedanica para agilizar el proceso se inició en marzo pasado: “Por lo que parece, mientras esta Sección 7ª a la que nos dirigimos no resuelva lo que está pendiente en la Audiencia Provincial, S.S. Raquel Fernandino Nosti ni siquiera atiende las solicitudes del Ministerio Fiscal, de las que tampoco se nos da traslado, según leemos en su providencia de fecha 12-3-13, demorando así, aún más, cualquier instrucción eficaz de gravísimos hechos de trascendencia internacional, y archiva de plano ampliaciones de denuncia contra Google, como la formulada por publicidad para venta de claves robadas”, señalaba el 17 de marzo la asociación.
Otra de las demandas que ha elevado Apedanica es que los conductores de los vehículos de Google que trazaron el street view declaren como testigos protegidos. Empleados temporales de Google a través de las ETT Eurovendex y Adecco, dichos conductores firmaron unas cláusulas de confidencialidad quizás algo exhaustivas para la inocente actividad de un simple chófer. Aunque quizá formen parte de contratos-tipo de Google aplicables a empleados de cualquier rango (el departamento de Comunicación de la empresa no respondió a las llamadas de cuartopoder.es para confirmarlo).
Ahora Miguel Gallardo se enfrenta a la expulsión de Apedanica como acusación en el proceso. Para continuar, tendría (siempre según su versión) que pasar de la denuncia a la querella (es decir, ejercer también la acusación). “Quieren obligarnos a presentar un querella y pagar, por tanto, una fianza”, señala Gallardo. “Siempre es la misma historia. La acusación popular es un lujo caro. Yo me empeño por abaratarlo y hacerlo más eficaz”.
