Exhumaciones públicas y nulidad de juicios: así será la nueva ley de memoria histórica

"Posiblemente, en lo que queda de legislatura, tendremos una nueva ley de memoria histórica". Así lo ha hecho saber este sábado en Teverga (Asturias) el secretario de Justicia del PSOE, Andrés Perelló, quien este lunes trasladará a la Ejecutiva socialista que el Gobierno convierta en proyecto de ley la propuesta de los socialistas sobre memoria histórica.

Según ha indicado Perelló esta norma que sustituiría a la actual Ley de Memoria Histórica recogerá que las exhumaciones tengan que ser "políticas públicas" --ahora están siendo costeadas por los familiares-- y "la nulidad de todos los juicios del franquismo", una medida que ya aprobó el Parlamento catalán el año pasado por unanimidad, algo a todas luces poco frecuente.

Además, según el secretario de Justicia, "se dará solución a la situación del Valle de los Caídos y se prohibirá la apología del franquismo y del fascismo para equipararnos a las democracias europeas más consolidadas" porque "una nación demuestra su decencia cuando trata bien a sus muertos", según ha informado Europa Press.

Perelló, quien ha confiado en el Gobierno de Pedro Sánchez para elaborar esta nueva ley de memoria histórica, ha recordado también que los socialistas tienen "un compromiso importante y prioritario con la memoria desde hace años, como se demuestra con la ley de memoria que se aprobó durante la legislatura de (José Luis Rodríguez) Zapatero".

La actual Ley de Memoria Histórica ha sido prácticamente inutilizada por el PP durante sus años en el Gobierno al no otorgarle ningún tipo de financiación. Si el Gobierno de Zapatero ofreció solo cinco millones de euros para las exhumaciones de fosas --una cifra exigua para costear la recuperación de los cuerpos de las víctimas del franquismo en toda España-- el Ejecutivo de Rajoy redujo la dotación económica a "cero", como el mismo expresidente se encargó de subrayar con cierto regodeo.

La ley de los socialistas otorgó el marco legal para que las autoridades locales pudieran retirar símbolos y monumentos franquistas, mientras que impulsó importantes tareas de recuperación de archivos como la del Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca, pero al  mismo tiempo dejó grandes agujeros como el Valle de los Caídos, que pasó por alto, o la anulación de los juicios franquistas que condenaron a muerte, a cadenas perpetuas o a veinte años de reclusión a miles de demócratas republicanos. Con el tiempo, el PSOE ha venido reconociendo estos déficits en aquella propuesta original y, desde la oposición, han propuesto enmendarlos. Ahora, con Pedro Sánchez en el Gobierno, prometen dar cauces a estas medidas, que son viejas demandas de los colectivos memorialistas y de los familiares de las víctimas del franquismo.