Los planes del Gobierno para gestionar el presupuesto de las fosas no convencen a los memorialistas

El Gobierno ha comunicado este martes que destina 11 millones de euros a la memoria histórica en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021. La cifra supone cuatro millones menos que el dinero contemplado para esta partida en los presupuestos fallidos de 2019. Si bien es cierto que es la máxima cantidad jamás presupuestada para este fin. El máximo de José Luis Rodríguez Zapatero para la Ley de Memoria Histórica fue de 6,2 millones de euros en 2011 y Mariano Rajoy dejó con “cero euros” a la ley en los PGE desde 2013 hasta la fecha.

El descenso del presupuesto en casi un tercio de lo prometido hace apenas un año no es una buena señal para las asociaciones de memoria consultadas por cuartopoder. "No parece muy ambicioso", señala Emilio Silva, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Sin embargo, lo que más les preocupa es la gestión que el Gobierno haga del presupuesto destinado a las exhumaciones de las fosas comunes. Las exhumaciones son la piedra angular de la norma que ampliará Ley de Memoria Histórica de 2007, la Ley de Memoria Democrática que, según anunció el Ejecutivo, destinará el 60% de su presupuesto a desenterrar los restos de los miles de desaparecidos.

El Gobierno anunció en septiembre, en el marco de esta nueva ley, un plan estatal de exhumaciones del que se haría cargo el Estado junto a otras Administraciones. Mientras se tramitan estos presupuestos, anunció que otorgaría “subvenciones” para que las exhumaciones pudieran comenzar. La idea de que el Gobierno ofrezca presupuesto a otras entidades para que desarrollen investigación y exhumación de los restos no convence a las asociaciones, que consideran que el Estado debería hacerse cargo directamente de la búsqueda de restos de las víctimas. La dirección de estas medidas les trae el mal recuerdo de un aspecto de la Ley de Memoria del 2007: eran las asociaciones de familiares quienes asumían el proceso.

Según Arturo Peinado, del Encuentro estatal de Colectivos de la Memoria histórica y Víctimas del Franquismo, abrir fosas es “una patata caliente” para el Ejecutivo. “Que el presupuesto se detraiga de la Justicia para entregarlo a asociaciones particulares en el fondo significa impunidad. No se hace justicia así”, indica.

La primera subvención para exhumaciones que ya ha realizado el Estado este mes ha sido de 750.000 euros a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), lo que supone traspasar esta tarea  ayuntamientos. Es precisamente en estas administraciones donde se ha encontrado más trabas la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que lleva 20 años realizando exhumaciones privadas. Su presidente, Emilio Silva, critica la decisión. "En los lugares donde no existe la garantía de ese derecho no puedes mandar a los familiares a darse cabezazos con un ayuntamiento en su contra", lamenta. Pone como ejemplo la exhumación de Timoteo Mendieta que llevó a cabo la ARMH en Guadalajara. Aunque había sido autorizada por la Justicia argentina, se les quería imponer "una tasa de 2.000 euros" a su asociación sin ánimo de lucro.

"Este Gobierno debería allanar el camino para que el derecho a recuperar los restos de un familiar no se discuta. Y de esta manera, puede objeto de discusión de los plenos de los ayuntamientos", critica Silva. Además, considera que el Gobierno se contradice. Al principio, se suponía que no había espacio en los presupuestos actuales para asuntos de memoria histórica y ahora este acuerdo con la FEMP y otras medidas "salen de los presupuestos prorrogados de Rajoy".

Emilio Silva considera que el Estado debería hacerse cargo de las exhumaciones y, en consecuencia, asegura que la ARMH no optará a este tipo de subvenciones. En su opinión el Estado debería garantizar que los familiares, independientemente de su lugar de residencia, pudieran iniciar el proceso de búsqueda y exhumación de su familiar "de manera automática", a través de las delegaciones del Gobierno desplegadas en todo el territorio o de un instituto público de memoria, un modelo que ya existe en Euskadi y que atiende directamente a las familias que quieren iniciar este proceso.

Por su parte, en el Encuentro estatal de Colectivos de la Memoria histórica defienden que se cree una fiscalía o un juzgado especializado que establezca un mapa de exhumaciones para abordarlo en tres o cuatro años. "No nos parece bien el planteamiento del Gobierno. Quienes deben gestionar el dinero no son las asociaciones, sino un juzgado", indica.

El nuevo presupuesto destinado a la memoria histórica anunciado este martes por el Gobierno, al menos de momento, no ha despertado un gran entusiasmo entre estas asociaciones. "Que el Gobierno haya disminuido el presupuesto de memoria respecto al año pasado significa que va a ir más despacio. Esto sobre todo afecta a la gente mayor, a quienes se les agota el tiempo", concluye Silva.