Desplazadas por la destrucción del medioambiente: una expulsión de la que hablar

Megaminería, deforestación, monocultivo de soja, perforación, petroleras... El extractivismo es un modelo que se basa en la explotación masiva de recursos y destruye el hábitat de pueblos indígenas u originarios en los países del sur global. Muchas personas se ven obligadas a abandonar su hogar por este motivo. El problema va al alza con la inercia que sigue nuestro sistema económico neoliberal, pero la convención internacional de Ginebra de 1951 no recoge en su definición de refugiado esta causa de desplazamiento forzado.

Desde la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat (CCAR) observan que cada vez llegan a Catalunya y  España más personas defensoras de los derechos humanos que se ven obligadas a salir de sus territorios por este motivo. El año pasado recibieron peticiones de protección, sobre todo, de tres países: Colombia, Venezuela y Honduras. “Estamos muy preocupadas por las vulneraciones y falta de acceso a los derechos medioambientales”, indica a cuartopoder Jorge Jarillo, subdirector de la comisión. Este problema que parece lejano es además causado por empresas transnacionales que actúan guiadas por “las lógicas” económicas y políticas que se impulsan desde los países del norte.

Por estos motivos, la ONG y la entidad Taula per Mèxic han creado un proyecto de educación y divulgación llamado Sin refugio, los desplazamientos forzados por motivos ambientales, dirigido a concienciar sobre “las vulneraciones de los derechos medioambientales como una de las causas del desplazamiento forzado”. Esta iniciativa ha sido una de las que ha merecido la subvención del Ayuntamiento de Barcelona, que ha repartido 7,07 millones de euros a 112 proyectos de cooperación y educación para la justicia global. El de CCAR se enmarca en la nueva modalidad de “justicia climática” que este año ha propuesto el Consistorio.

212 defensores de la tierra y el medioambiente fueron asesinados el año pasado, siendo América Latina la región más peligrosa para ellos, según la organización internacional Global Witness. Un 13% de los activistas ambientales y defensores de la justicia ambiental en el mundo son asesinados y otro 18% son víctimas de violencia, según un estudio del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB). Las mujeres, dice este mismo informe, tienen un liderazgo destacado en estas movilizaciones ambientales, en un 21% de los conflictos. Son ellas las que suelen estar más afectadas por los impactos ambientales y de salud que generan.

La CCAR pretende que las defensoras del medioambiente que habitan en Barcelona, algunas vinculadas ya a la organización por otros programas, puedan dar a conocer a la sociedad catalana el extractivismo y los problemas medioambientales derivados que han vivido en sus territorios. El proyecto Sin refugio contará con ellas para recopilar sus testimonios; además de realizar una jornada internacional sobre desplazamientos forzados, vulneraciones de derechos ambientales y su impacto en el sur global; un curso y una campaña de sensibilización. La iniciativa también incluye un estudio académico que tratará de profundizar en este problema social y medioambiental.

Estas actividades buscan sembrar una semilla para el cambio. El reconocimiento de asilo y de protección internacional tiene una de las tasas de aceptación más bajas de Europa en España (una de cada 20 solicitudes son aceptadas). Las probabilidades de obtener refugio disminuyen todavía más para personas cuyas causas no acaban de estar protegidas en el derecho internacional. “Quizás estas personas sí podrían entrar en un sentido más amplio dentro de las definiciones de la 'convención de Ginebra' como desplazadas por temas medioambientales, pero más por su pertenencia a un grupo étnico o social que por la causa de las vulneraciones medioambientales”, apunta Jarillo.

Barcelona, la ciudad europea que más destina a la cooperación

Hace ya medio siglo que los países más ricos del planeta se comprometieron a destinar el 0,7% de su Producto Nacional Bruto (PNB) a la cooperación para el desarrollo de los países más pobres. Pocos cumplen esta promesa y España está a la cola de los países de Europa. Sin embargo, Barcelona cumple con esta parte del trato desde 2015 y ahora se consolida como la ciudad de Europa que más dinero destina a este fin.

Entre los proyectos de “justicia climática” que ha decidido financiar el Ayuntamiento de Barcelona este año se encuentran algunos sobre la deforestación, la relación de la alimentación industrial con el cambio climático o las implicaciones del Green New Deal para la ciudad de Barcelona.

Otros de los proyectos que financia el Ayuntamiento de Barcelona este año son los relacionados con la promoción de los derechos LGTBIQ+ en Dakar y El Salvador, la prevención de la radicalización violenta de los jóvenes en Tetuán, el refuerzo del derecho a la salud en la Franja de Gaza, la promulgación de la salud sexual y reproductiva en la República Democrática del Congo o la protección de las mujeres víctimas de violencia machista en Sarajevo (Bosnia y Herzegovina).