Hay que recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio

Hasta el año 2009, el presidente Rodríguez Zapatero fue abducido por el principio TINA (“There is not alternative"). Zapatero no era el único dirigente de la izquierda europea en creer que las doctrinas neoliberales, en una economía cada vez más globalizada, no tenían alternativa, eran irresistibles y no dejaban espacio a estrategias de demanda por parte de los gobiernos nacionales. El fracaso de la socialdemocracia continental, la del pacto social, los impuestos progresivos y el motor del Estado de Bienestar, era definitivo y “no tenía solución”. Los socialistas europeos salvaron los muebles –los restos de su retórica tradicional–, pero reconocieron “la situación”: como querían gobernar, empezaron a hablar de “emprendedores” (y no de trabajadores), usaron la mano dura (¿la derecha o la izquierda?) para expulsar a los emigrantes “sin papeles” y bajaron los impuestos personales, especialmente los tributos patrimoniales y los gravámenes sobre las rentas del capital.

Zapatero no fue la excepción que confirma la regla, hizo lo mismo que sus compañeros de la Internacional Socialista, pero como tenía más desparpajo “ideológico” que todos ellos juntos (con la salvedad, justo es reconocerlo, de Tony Blair), se construyó una “Ínsula Barataria” en la que pudieran convivir sin problemas Don Quijote y Sancho Panza. De esta forma, Zapatero-Quijano podía prometer en su primer programa electoral nivelar la tributación de las rentas del trabajo y las del capital, mientras Zapatero-Panza hacía en realidad todo lo contrario dos años más tarde y reforzaba un IRPF de naturaleza dual. Y si el primero era capaz de reescribir los manuales de teoría política diciendo que “bajar los impuestos es de izquierdas”, el segundo mantenía la presión fiscal a los asalariados y se la reducía al peligroso izquierdista Botín y demás banqueros anarquistas. Y si comparecía en las reuniones del G-20 con su medida estrella de suprimir los paraísos fiscales, le segaba los pies bajo la hierba a la Inspección Tributaria española impidiéndola identificar a los inversores procedentes de esos deliciosos paraísos que compraban Bonos del Tesoro, naturalmente libres de impuestos.

Pero lo más sorprendente –si es que la sorpresa conserva todavía una “mica” de su antiguo prestigio para librarnos del sopor cotidiano– es que en diciembre de 2008, en pleno derrumbe de la economía, la mayoría socialista en las Cortes decidió suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio. Se ve que, como el consumo y la inversión hacían rebosar en esos momentos las arcas de Hacienda, había que ofertar a las clases altas un impuesto menos para que la actividad económica de nuestro país pudiera no sólo superar a la de Italia y Francia, sino incluso para que nuestro modelo económico sirviera de ejemplo, en un abrazo interplanetario, a los agentes económicos de otras galaxias.

Actualmente, la presión fiscal en España (de poco más del 30% del PIB) está muy por debajo de la media de la zona euro y nuestro déficit público no sólo es contingente por la crisis, sino que gran parte del mismo es de carácter estructural. Nuestro sistema tributario tiene la misma falta de elasticidad que el “rigor mortis” que asoma a la cara de un enfermo terminal porque se ha basado en la ilusión de que el empleo, el consumo y la inversión “derramados” sobre toda la economía por el largo ciclo de expansión del sector inmobiliario y de la construcción residencial seguirían creciendo de modo indefinido. En el futuro, por tanto, deberemos refundar nuestro sistema tributario sobre bases más sólidas y justas, y, para ello, en algunos casos bastará sólo que pongamos en movimiento la facultad de la memoria, que retrocedamos un poco para ver en qué piedra hemos tropezado. No nos costará mucho esfuerzo, entonces, darnos cuenta de los graves errores cometidos, tanto por el PSOE como por el PP, en la imposición patrimonial.

Mi propuesta, en relación con este tipo de tributos, tiene dos objetivos fundamentales. Por un lado, restablecer el gravamen efectivo de los conceptos “donaciones” y “sucesiones”, limitando las competencias normativas de las comunidades autónomas sobre la tarifa y sobre las bonificaciones, tanto en base como en cuota. Con una tributación “mínima” y “suficiente” de carácter obligatorio se acabaría con la “estrategia de empobrecer al vecino” practicada por algunas de las comunidades más ricas para “deslocalizar” en su beneficio empresas y capitales, que en realidad lo que verdaderamente han conseguido es “empobrecernos a todos” (menos a los poseedores de grandes patrimonios) y desequilibrar constantemente las cuentas públicas al necesitarse mayores transferencias del Estado para compensar la falta de recaudación autonómica. El sistema vigente de financiación territorial no ha refrenado apenas la irresponsabilidad fiscal de muchos gobiernos autonómicos y es una prueba de primera mano de que estimular la competencia de los territorios es algo parecido a las guerras de precios de los grandes almacenes, en las que los supuestos beneficiarios –la mayoría de los ciudadanos– se ahorran unas perrillas a cambio de recibir un producto –en forma de  servicios públicos– cada vez de peor calidad, como la educación o la justicia. Hay que transformar esta mentalidad, y las leyes que son su consecuencia, si no queremos que nuestro sistema económico, más pronto que tarde, tenga los pies de barro.

Segundo: es urgente recuperar también el Impuesto sobre el Patrimonio. Al menos si deseamos restablecer algo de equidad en nuestro sistema tributario y de aproximarnos a unas cotas mínimas de suficiencia financiera del sector público. No se trata, sin embargo, de resucitar este impuesto en la configuración que tenía –y que aún conserva­– cuando el presidente Rodríguez Zapatero decidió, con carácter retroactivo a 1 de enero de 2008, suprimir con carácter efectivo el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio mediante una reducción en cuota del 100%, desbaratando, de paso, las intenciones de las comunidades autónomas que querían conservar esta figura tributaria. El nuevo impuesto debería tener un mínimo exento superior (frente a los poco más de cien mil euros en que lo habían situado la mayoría de las comunidades) para no castigar al grueso de las clases medias. También deberían reducirse los tipos de gravamen máximos (la última horquilla de tipos iba desde un marginal mínimo del 0,2% hasta un máximo del 2,5%, que es sin duda excesivo) y conservarse la exención (hasta un límite máximo) del valor de la vivienda habitual del contribuyente. Y, por el contrario, tendríamos que replantearnos la exención absoluta de la que goza la empresa familiar, que es una de las quiebras principales del tributo, ya que invierte el peso de la carga tributaria a favor de los contribuyentes de mayor capacidad económica y ha hecho del Impuesto sobre el Patrimonio, en la práctica, un tributo personal bastante regresivo

El presidente del Gobierno viene insistiendo últimamente en que habrá más -¿nuevos?- impuestos “para los que más tienen”. Y su ministra de Economía y Hacienda ha persistido en esta ambigüedad calculada, remitiéndonos a los próximos Presupuestos Generales del Estado, los del ejercicio 2011. Sin embargo, la Constitución (artículo 134.7) prohíbe la creación de tributos a través de la Ley de Presupuestos. Las indecisiones del señor Rodríguez Zapatero, su falta de resolución y su manía de dejar a medias todo lo que se propone, sus continuos cambios de rumbo, le han hecho merecidamente famoso. Si hace año y medio decidió “vaciar” el Impuesto sobre el Patrimonio (aunque no derogarlo), ¿por qué no habría de acometer su reforma a finales de septiembre de este año 2010, cuando envíe al Congreso de los Diputados su proyecto de Presupuestos para 2011?