Chapuza sin IVA

A diferencia de los tributos personales, como el IRPF o el Impuesto sobre Sociedades, cuyo período de liquidación coincide generalmente con el año natural, las declaraciones del IVA están sometidas a períodos más cortos: tres meses con carácter ordinario y un mes en el caso de las “grandes empresas”. Esto es así desde 1986, año en que se implantó el IVA en nuestro país, y responde al criterio obligatorio para los Estados nacionales contenido en diversas directivas europeas. Como los sujetos pasivos del IVA son los empresarios y profesionales, sus libros contables y fiscales les permiten determinar las cuotas del impuesto en períodos más reducidos que los que necesitan los demás contribuyentes, inyectando de esta forma con mayor celeridad liquidez al Erario para la satisfacción del gasto público, lo que resulta muy conveniente en los impuestos, como el IVA, que no pueden anticiparse al carecer de un sistema de retenciones a cuenta. Gracias a estas liquidaciones mensuales o trimestrales, la Hacienda Pública dispone de los suficientes flujos de caja para que su estructura financiera no se colapse.

La Agencia Tributaria, sin embargo, no siempre respeta esta periodicidad legal cuando revisa las autoliquidaciones del IVA realizadas por los contribuyentes. Y no lo hace para evitarse trabajo y “papeleo”, por lo que las actas que extienden sus inspectores suelen consignar, “en bruto”, el resultado anual de sus pesquisas, sin otros detalles. El Tribunal Supremo ha dicho en repetidas ocasiones que es legalmente válido recoger en un documento único la regularización del IVA efectuada por la Inspección Tributaria, incluso la practicada en relación con varios años, pero siempre que en el acta se desglosen las cuotas correspondientes a cada período de liquidación, que, como ya hemos visto, son de carácter mensual o trimestral. Pero las instrucciones dictadas a sus funcionarios por el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria han hecho oídos sordos a dicha doctrinal judicial, hasta ahora con éxito.

No obstante, antes o después, los errores se pagan y, en este caso, los errores del Ministerio de Economía y Hacienda los vamos a pagar todos los ciudadanos, como veremos enseguida.

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) acaba de notificar a la Agencia Tributaria un acuerdo de 29 de junio de 2010 que unifica la doctrina administrativa sobre este asunto, es decir, que tiene eficacia interpretativa directa sobre todos los órganos de gestión e inspección tributarios. El varapalo que el TEAC propina al Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria es de los que hacen época, algo así como las goleadas que últimamente le ha endosado el “Barça” al Real Madrid. Y es que, desgraciadamente, la Agencia Tributaria, pese a los recursos con los que cuenta, no tiene los reflejos necesarios para ganar el campeonato contra el fraude fiscal. Está a punto de perderlo por su mala cabeza. Porque el mencionado acuerdo del TEAC echa por tierra la revisión del IVA correspondiente a todos los períodos de liquidación de 2006, 2007 y 2008, al anular simplemente “una” de las actas incoadas al respecto. En resumen: 20.000 expedientes afectados, según Hacienda (480.000, de acuerdo con las cifras proporcionadas por el sindicato de funcionarios GESTHA, que determina el perjuicio producido al Tesoro en 5.100 millones de euros), y una parálisis sobrevenida respecto a todos los expedientes incoados por los períodos de 2009 en adelante. Aunque el Ministerio ha sacado una nota informativa diciendo que no existe ningún problema, que los trabajos administrativos se reanudarán con un nuevo criterio y otras aplicaciones informáticas hasta el cobro final de las cuotas de IVA exigibles por aquellos años, y que el Erario –el interés general- no ha sufrido ni sufrirá perjuicio alguno (como la propia ministra Elena Salgado aseguró alegremente el pasado jueves), las cosas, a mi juicio, son bien distintas. Por las siguientes razones:

1.- Porque el TEAC, lejos de lo que dice la ministra (y han recogido casi todos los medios), considera que el error de las actas de la Inspección va mucho más allá de un “defecto formal” o de un “vicio de procedimiento”, siendo una auténtica lesión “sustantiva” de los derechos de los contribuyentes afectados.

2.- En su consecuencia, no cabe una “retroacción de las actuaciones” al momento anterior al que fueron extendidas las actas; por tanto, “no se puede sustituir la liquidación anulada por otra”. El TEAC, con fundamento en la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de octubre de 2001, entiende que se trata de un “procedimiento ya concluso” y no le concede a la Inspección “una segunda oportunidad”. Si la Agencia quiere cobrar, “debe iniciarse de nuevo el procedimiento”.

A la luz de esta doctrina, cabe concluir:

-  Que, como la prescripción es de cuatro años, actualmente han prescrito ya los períodos de liquidación mensuales anteriores al de julio (incluido) de 2006 y, respecto a los trimestrales, los anteriores al segundo trimestre (incluido) del citado año 2006.

- Que, si la Agencia Tributaria desea evitar que, por el mismo motivo, resulten perjudicados los períodos de liquidación posteriores, debe reorganizar “a toda pastilla” la actividad de sus funcionarios, lo que, incluso si ello fuera posible, no podría evitar el efecto de “coste de oportunidad” en relación con el fraude en otros tributos por falta de los  recursos necesarios. Una de dos (o dos de dos): o bien queda impune el posible fraude en el IVA o bien se produce el mismo efecto en otro concepto tributario (o quizás en ambos).

- Que el Tesoro tendrá que compensar a los recurrentes por los períodos 2006-2008 los costes de formalización y mantenimiento de los avales bancarios entregados para suspender el ingreso de las deudas reclamadas; o, en el caso de ingreso, deberá devolver a los recurrentes las cantidades satisfechas, más los correspondientes intereses legales.

- Que el Tesoro tendrá que renunciar definitiva y forzosamente al menos a una parte considerable de las sanciones que la Administración haya impuesto como consecuencia de las actas extendidas hasta la fecha, y tendrá también en este apartado un problema de prescripciones futuras.